Después de dos meses de tensiones, las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Perú y Chile parecían haber vuelto a la tranquilidad. Los nombres de 'Fujimori' y de 'Luksic', que habían sido los principales motivos de discordia entre ambas naciones, apenas tenían presencia en los medios de comunicación porque, según indicaron a Americaeconomica.com fuentes cercanas al Gobierno de Chile, 'el tema ya no interesaba'. Sin embargo, el ex asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, a quien todo apunta que no le convenía esta supuesta calma, ha intentado reavivar los recelos entre Santiago y Lima. Pero podría no haberlo conseguido.

La Corte Superior de Lima falló el pasado jueves a favor de Luksic, al indicar que el plazo de prescripción de este tipo de delitos es de cuatro años y no de seis como interpretaban los fiscales del Estado. Sin embargo, la decisión debe ser todavía ratificada por el Tribunal Supremo de Perú, pero se tomará su tiempo.

La historia comenzó el martes pasado cuando el antiguo número dos del régimen fujimorista ha confirmado ante un tribunal peruano que recibió dos millones de dólares (1,6 millones de euros) del magnate chileno Andrónico Luksic para conceder favores judiciales a la empresa Lucchetti, propiedad del ejecutivo, en un litigio que mantenía con el Ayuntamiento de Lima. Montesinos, que con estas declaraciones asume la completa responsabilidad penal en el tráfico de influencias, ha explicado que el dinero fue usado después en la campaña electoral de Fujimori en 2000.

De esta forma, el que fue el brazo derecho de Fujimori, ha ratificado además la versión que hace dos semanas hizo su ex asesora Matilde Pinchi Pinchi ante la Justicia de Perú, en las que describía como el empresario chileno entregó dinero al Servicio de Inteligencia Nacional del país, escondido en el interior de unas cajas de vino. Pinchi Pinchi aseguró ante los jueces que ella había sido la encargada de guardar el dinero.

A pesar de que todas las pruebas apuntan hacía la culpabilidad de Luksic, su abogado Carlos Caro siempre ha mantenido su posición sobre que la descripción de la entrega de dinero eran rumores realizados por gente anónima que tratan de perjudicar la imagen del empresario. La defensa reiteraba la inocencia de su cliente al alegar que según el Código Penal, el 'caso Lucchetti", cuya disputa comenzó en 1998, debía haber prescrito en 2004. Sin embargo, los tribunales peruanos se refugiaban en el artículo A-46 del mismo reglamento, por el cual consideraban a Luksic un 'funcionario público peruano' y aumentaban por ello, el plazo de prescripción del delito de seis a ocho años.

Sorpresas. Como decíamos antes, la Corte Superior peruana ordenó, el pasado jueves que se declare la prescripción en el 'caso Lucchetti'. Según el diario La Tercera, la resolución establece que Luksic no puede ser considerado como funcionario público peruano, porque "no reviste de esa cualidad especial", y por tanto, no se puede aplicar el artículo 46-A del Código Penal, que no afecta a aquellos ciudadanos chilenos que nunca han ejercido una función pública.

No obstante, el magnate chileno todavía no es oficialmente inocente. La Corte Suprema tiene que decidir ahora si acepta la resolución de la Corte Superior. Una situación de la que la defensa de Luksic reconoce que es consciente por lo que esperarán a oír directamente del máximo Tribunal de Perú que su cliente es completamente inocente antes de celebrarlo. Aún así, los abogados han manifestado optimismo: consideran que la sentencia del Tribunal Superior es muy concluyente y que se podría poner fin al proceso.

En el caso de que finalmente el Supremo aceptase el alegato de prescripción del caso, Lima pondría fin a su enfrentamiento con Santiago y dejaría libre a Luksic, el hombre más rico de Chile. Una disputa que ha durado casi ocho años y en la que ninguno de los dos gobiernos parecía estar dispuesto a ceder. Incluso, según rumores publicados por La Tercera, el propio presidente chileno, Ricardo Lagos, habría intentado proteger al empresario ante la Justicia peruana al recomendarle que no asistiese a las vistas judiciales en la capital del país vecino.

¿Moneda de cambio? Todo apunta a que ahora las autoridades peruanas tienen puestos los ojos en la nación vecina. La Justicia chilena mantiene detenido a Alberto Fujimori, que a principios de octubre llegó de forma inesperada a Chile. Sin embargo, las intenciones del ex presidente eran previsibles, ya que desde Japón, donde se encontraba refugiado gracias a su doble nacionalidad, había anunciado varias veces que pretendía volver Perú para presentarse a las elecciones presidenciales en abril de 2006.

Desde que Fujimori huyó del país en 2000, la Justicia peruana ha luchado en vano por conseguir su detención. Lima envió dos peticiones de extradición a Japón, demandas que sin embargo nunca fueron satisfechas ya que las autoridades niponas aseguraban que el Gobierno de Perú no había aportado las pruebas necesarias.

Ahora el ex presidente está mucho más cerca, en Chile, un país con el que prácticamente acaba de terminar un disputa de casi ocho años. La Justicia peruana ya ha comenzado a analizar las peticiones de extradición de Fujimori, en concreto 22, uno por cada caso de corrupción en el que está implicado el antiguo mandatario y entre los que se encuentran acusaciones por supuestas violaciones de derechos humanos. Según las ultimas informaciones, el Tribunal Supremo podría tener preparado los expedientes para enviarlos a su equivalente en Chile, antes de que finalice el año, si bien tiene de plazo hasta el 5 de enero.

La noticia de que Fujimori podría entrar en territorio peruano, parece haber animado a sus simpatizantes. Aunque todavía en pequeños brotes, unos 300 fujimoristas han intentado tomar de manera simbólica el aeropuerto internacional de la ciudad peruana de Arequipa, a 1.030 kilómetros de Lima. Con estas manifestaciones, los partidarios del ex presidente quieren demostrar que existen en el país ciudadanos que apoyan al Fujimori a pesar de que el último sondeo de la Compañía Peruana de Investigación (CPI) revelase que el 65,8% de los ciudadanos de Perú consideran que el Jurado Nacional de Elecciones no debería aceptar la inscripción de Fujimori como candidato presidencial.

Sin embargo, algunos funcionarios de la Justicia peruana han reconocido que el Poder Judicial del país atraviesa una crisis económica y que podría no disponer del presupuesto suficiente para gestionar los procesos de extradición del ex presidente peruano Alerto Fujimori. Así lo ha asegurado la presidenta de la Corte Superior de Lima, María Zavala Balladares a los periódicos regionales, después de que la Comisión del Presupuesto del Congreso aceptase conceder al Poder Judicial sólo el 8% de los 600 millones de soles (151 millones de euros) adicionales que solicitó para el 2006.

Pero no parece que sea una opinión compartida por la Corte Suprema de Perú. Fuentes consultadas por Americaeconomica.com han explicado que la falta de presupuesto no afectará a los procesos judiciales de este año, como la petición de extradición de Fujimori, que el 5 de enero de 2006, Lima debe haber enviado a Santiago.