Según el diario argentino Infobae, la nueva ministra de Economía, Felisa Miceli, ya ha preparado el terreno para negociar las tarifas con las compañías privadas que ofrecen servicios públicos en el país. Miceli ha firmado su primer proyecto de ley. Un texto en el que se amplía un año más la Ley de Emergencia Económica vigente desde 2001 y que concluía a final de 2005. Si sale adelante, en el caso de los servicios públicos se suspenderían las cláusulas de los contratos que contemplan aumentos indexados en las tarifas, referenciados a un índice, como por ejemplo el del IPC.

El Gobierno sería el encargado de negociar directamente con las empresas los aumentos en los recibos de agua, luz o gas natural. Unas subidas que están condicionadas al impacto que éstas puedan tener en la competitividad de la economía y en la distribución de ingresos entre la población.

Además, el grupo parlamentario del presidente Néstor Kirchner en el Congreso ha iniciado conversaciones con los otros bloques parlamentarios de la oposición, entre ellos los duhaldistas, para que en la sesión de mañana se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2006.

En esa votación estará ausente la titular del Ministerio de Economía, Felisa Miceli, que se encuentra de visita en Madrid para reunirse con los empresarios españoles que tienen negocios en el país austral y con algunos miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El grupo que lidera Chiche Duhalde ha puesto dos condiciones para votar a favor de los presupuestos. En 2006, se debería aumentar el mínimo del Impuesto del IRPF, que ahora se sitúa en 1.835 pesos (516,52 euros). Los duhaldistas quieren que el número de argentinos que no están obligados a pagar este impuesto sea mayor.

La segunda condición, es que se reduzca a un año el plazo de las prórrogas para pagar los impuestos, que en algunos casos son de siete años. Una idea que no está en los planes de las filas de Kirchner, que quieren precisamente que se amplíen esos plazos.