Felisa Miceli se ha presentado en sociedad esta semana en España como la nueva titular del Ministerio de Economía. Su tarea no ha sido fácil. Miceli se ha reunido con los representantes de las empresas españolas que tienen intereses en el país austral. Los mismos que exigen desde hace meses un aumento en las tarifas de servicios públicos que ellos ofrecen. Las conversaciones en torno a este asunto se han producido justamente cuando el Gobierno de Néstor Kirchner conseguía la aprobación del Congreso para ampliar un año más la Ley de Emergencia Económica. Un texto que suspendería las clausulas de los contratos que contemplan aumentos indexados en las tarifas, referenciados a un índice, como por ejemplo el IPC.

Miceli ha estado acompañada en este viaje por el jefe de Gabinete del presidente Néstor Kirchner, Alberto Fernández. Ambos traían en su maleta el mismo objetivo: continuar las negociaciones que emprendió Lavagna y encauzar el actual 'desacuerdo amistoso' en torno a un aumento de las tarifas en los servicios públicos. Un sector en el que participan Telefónica, GAS Natural, Repsol, BBVA, Banco Santader Hispano y Endesa, entre otras empresas españolas.

El entorno empresarial no ha hecho ninguna declaración sobre las conversaciones que ha mantenido con los representantes del Ejecutivo argentino. Pero una cosa es segura, detrás de este silencio se podría esconder un cierto malestar por la estrategia que ha desplegado el Gobierno de Kirchner. El gabinete argentino ha hecho coincidir la visita de Miceli mientras tramitaba en el Congreso una proyecto para retrasar negociaciones sobre la subida de las tarifas con las empresas encargadas de los servicios públicos en el país.

La ampliación de la Ley de Emergencia Económica ya ha pasado su primer trámite en el Congreso, sólo falta el visto bueno del Senado. En la Cámara alta, las filas de Kirchner tienen la mayoría. Es más que probable que den su aprobación. Cuando esto suceda, el Gobierno sería siendo el encargado de negociar directamente con las empresas los aumentos en los recibos de agua, luz o gas natural. La misma situación que hay en Argentina desde 2001. Las subidas de las tarifas continuarán estando condicionadas al impacto que éstas puedan tener en la competitividad de la economía y en la distribución de ingresos entre la población.

El Gobierno de Kirchner se muestra reticente a subir las tarifas y ha paralizado los aumentos de estos precios como una parte de su lucha contra el incremento de la inflación. Esta actitud ya le ha traído algún disgusto. La empresa francesa Suez, encargada de la concesión de Aguas Argentinas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, abandonará su concesión al no llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para elevar sus precios.

Miceli y su jefe, el presidente Kirchner, han coordinado su trabajo. Mientras que la ministra contacta en Madrid con la plana mayor del sector empresarial español, el mandatario recibía en Buenos Aires al presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau. Un encuentro que ha estado dedicado a la ampliación de las inversiones de la petrolera en el país austral.

Otros observadores no descartan que Brufau y Kirchner hablaran sobre la fusión entre Endesa y Gas Natural, dado que Repsol YPF es accionista de referencia de esta última junto a La Caixa. De hecho, ambas empresas tienen filiales en el país. La prensa argentina también ha señalado que en las últimas semanas, la integración de Edesur y Gas Natural Ban 'otorgaría' a la compañía española el monopolio energético en algunas zonas del país.

Además de las tarifas, los empresarios españoles ven otra preocupación en las relaciones con el Ejecutivo austral. Quizás, en esta visita se hayan sentado las bases para buscar una solución. Ellos quieren que haya unanimidad en los discursos de los funcionarios argentinos. Algo inexistente en los últimos años. Según el diario argentino Página 12,el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, el de Planificación, Julio De Vido y el jefe de Gabinete, Fernández, no han dicho siempre las mismas cosas respecto a las negociaciones conlas empresas españolas.

Un ejemplo de esta discordancia sería las declaraciones de Lavagna respecto a las demandas de las empresas españolas ante el Banco Mundial (Ciadi) por incumplimiento de los contratos del Gobierno argentino, a las cuales no les daba importancia. Sin embargo, De Vido ponía como condición la retirada de estas denuncias para empezar a negociar y Fernández sugería comenzar el diálgo con el fin de quitar las mencionadas demandas.

El primer viaje de Miceli como ministra de Economía también ha tenido una anécdota. El martes por la noche, la ministra iba a acudir a una cena de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Sin embargo, la cena fue cancelada, según confirmó una portavoz de la patronal a Americaeconomica.com, añadiendo que la ministra no pudo intervenir por problemas de agenda.

Sin embargo, algunas interpretaciones de prensa achacan este cambio de planes a una represalia de la ministra, que habría cancelado este compromiso ante la imposibilidad de reunirse con altos cargos de Economía. Un portavoz del Ministerio español explicó a este diario que Pedro Solbes no pudo encontrarse con Miceli porque "el ministro no estaba en Madrid, se había marchado a Bruselas a una reunión de la Unión Europea".

No ha sido con su homólogo español, pero Miceli sí ha contactado con otros responsables económicos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La ministra argentina, acompañada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ha mantenido una reunión de más de dos horas con Miguel Sebastián, el asesor económico de la Presidencia. Los políticos argentinos y el asesor de Zapatero hablaron sobre la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que actualmente preside el también español, Rodrigo Rato.