En los próximos meses, miles de instancias administrativas de EEUU (Estados, agencias, condados y municipalidades) tendrán que evaluar con precisión los compromisos contraídos por pensiones o asistencia sanitaria con los trabajadores o ciudadanos a su cargo. Washington quiere saber con exactitud cuánto dinero público sería necesario a largo plazo para cumplir estas promesas y va a obligar a los responsables a cuantificarlo exactamente, según varias informaciones aparecidas en la prensa estadounidense.

Hasta ahora, a diferencia de lo que se les exige a las empresas privadas, que deben demostrar su capacidad para pagar estos gastos en el futuro, las instancias oficiales sólo realizan un presupuesto anual. Ya no será así, la Agencia de Éstándares Contables del Gobierno (GASB, por sus siglas en inglés) acaba de introducir una norma, que entrará en vigor en el año fiscal 2007, que iguala las exigencias entre las compañías privadas y las administraciones públicas.

Se trata, según la posición pública, adoptada por la Casa Blanca, de que los contribuyentes y los tenedores de bonos tengan la información más precisa posible sobre estas necesidades monetarias.

Muchos columnistas han asegurado esta semana en los diarios que Washington busca con esta iniciativa preparar el terreno para una subida de impuestos que iría incluida en la Reforma Fiscal que ahora se discute en las Cámaras. Así, el presidente salvaría la cara y podría justificar una decisión que va en contra de su conocido eslógan de política ecómica: “Sacar dinero del Estado y meterlo en los bolsillos de los ciudadanos para que éstos decidan que quieren hacer con él”.

El doble. Algunas municipalidades estadounidenses han realizado por su cuenta un estudio preliminar parecido al que todas las instancias oficiales de EEUU se verán obligadas a hacer ahora. Los resultados han sido dramáticos: en la mayoría de los casos los compromisos adquiridos doblan el presupuesto previsto para un ejercicio.

Carolina del Norte. El anuncio de este cambio contable responde, según algunos analistas políticos, al cambio de estrategia introducido por los asesores de Bush que está destinado a conseguir que el presidente recupere parte de su popularidad perdida. La primera línea de acción se basaba en demostrar que Washington tiene una política económica efectiva y real.

El ataque se inició la semana pasada con un discurso televisado de Bush en una factoría de Carolina del Norte. Allí, el actual inquilino de la Casa Blanca defendió los recortes de impuestos, reivindicó los buenos indicadores macroeconómicos y relanzó su plan de reforma de la Seguridad Social. Entonces Bush afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de que se cumplieran todas las promesas realizadas a los ciudadanos sobre pensiones y cobertura sanitaria.