El gobernador del banco central italiano, Bankitalia, está siendo investigado por la Fiscalía de Milán con la acusación de insider training. Los jueces milaneses, que indagan el abordaje de la Banca Popolare Italiana (BPI) a Antonveneta, consideran que Antonio Fazio ofreció información privilegiada sobre la OPA a Giampiero Fiorani, el ex consejero delegado de BPI que fue arrestado a principios de esta semana. Fazio volvió a repetir hoy que su conciencia está tranquila. Pero el primer ministro, Silvio Berlusconi, ha convocado un consejo de ministros extraordinario el próximo martes para discutir este asunto y ha afirmado que las dimisiones del gobernador serían una buena señal.

Hoy viernes, además, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, ha declarado que si de verdad Fazio ha aceptado los regalos que le hizo Fiorani, como publican algunos medios italianos, el gobernador habría violado los códigos del conducta del BCE.

En esta situación de inestabilidad tanto financiera como política, el Gobierno de Berlusconi mantiene una pasividad inaudita y concentra sus esfuerzos en faltar al respeto tanto a sus rivales políticos como a los votantes de estos. Berlusconi se escuda en que el Ejecutivo no tiene poderes para sustituir al gobernador de Bankitalia. Sin embargo, según varias fuentes políticas y sindicales consultadas por este diario, coinciden en destacar que si el Gobierno propusiera al Parlamento pedir la dimisión de Fazio, la oposición le garantizaría su apoyo. Y delante a una petición realizada por unanimidad por el Parlamento Soberano sería muy difícil para Fazio resistir en sus posiciones.

El arresto de Fiorani hace tambaelar los pilares de la política italiana. A Giampiero Fiorani se le acusa de sobornar a políticos con dinero procedente de los clientes a quienes, durante años, la entidad aplicó sobreprecios y comisiones ilícitas. El ex directivo de BPI será interrogado mañana, sábado, y la clase política empieza a temblar, a cuatro meses de las elecciones generales y con un procedimiento abierto en Bruselas por la gestión de las OPA bancarias. En este revuelto escenario, ya se han empezado a oír críticas hacia los jueces. Las formaciones políticas, de uno y otro signo, han traído al presente el recuerdo de la “tangentopolis” de principios de los 90.

Los jueces han cubierto con el secreto de sumario los nombres de los políticos presuntamente involucrados en esta red delictiva, pero nadie cree que esta medida evite las filtraciones cuando Fiorani empiece a contestar a las preguntas de la Justicia. Por el momento, sólo se sabe que en los documentos de la Fiscalía están los nombres de Luigi Grillo e Ivo Tarolli, senadores de Forza Italia y de los democristianos de la UDC, respectivamente, como titulares de sendas cuentas en BPI que están siendo investigadas.
Las mayores sospechas recaen sobre la Liga Norte, el partido aliado de Gobierno de Berlusconi que más defendió a Fiorani y su proyecto de crear “una gran banca del norte”.
En particular, circula con fuerza el nombre del ministro para las Reformas, Roberto Calderoli, aunque un portavoz de la Liga se ha apresurado a cerrar filas entorno a este alto cargo.

Ambos lados. Los temores, sin embargo, no afectan exclusivamente al centroderecha. Los partidos del centroizquierda, y en particular los Democráticos de Izquierdas (DS, por su sigla en italiano) también tienen miedo a ser salpicados, sobre todo porque en la investigación de la Fiscalía milanesa podría verse involucrado también Giovanni Consorte.
De hecho, las conexiones entre los casos de Antonveneta y BNL aún están lejos de exclarecerse. Unipol, la aseguradora de las llamadas cooperativas rojas, es tradicionalmente cercana a los DS. En los círculos financieros italianos ha calado la convicción de que Consorte no habría intentado el abordaje a BNL si no hubiese habido la protección política del principal partido de la oposición, según varias fuentes consultadas.

El secretario general de los DS, Piero Fassino, ayer se vio obligado en una entrevista televisiva a defenderse de las acusaciones de complicidad con Consorte. “Yo no soy compañero de merienda de nadie”, afirmó Fassino utilizando la ya famosa frase con la que el pasado verano se definieron las relaciones entre el gobernador de Bankitalia, Antonio Fazio, y Fiorani, tras el escándalo de las escuchas telefónicas. Después, el secretario socialdemócrata recordó que en este momento la Fiscalía milanesa está indagando a BPI y no a Unipol. Además, según Fassino, se están produciendo presiones políticas sobre Fazio para que retrase su decisión sobre la OPA de Unipol, una situación que estaría dañando tanto a los accionistas de la aseguradora como al mercado en general.

Unipol y BPI. Esta semana la aseguradora se ha visto obligada a desmentir varias noticias aparecidas en prensa. Unipol anunció el pasado lunes que ya no toleraría la “campaña mediática” que en su opinión se ha orquestado para frenar su OPA sobre BNL. Entre otras cosas, Unipol desmintió su intervención en acuerdos de negocios que estableció su participada E-Archimede con el grupo BPI, como le atribuían los medios de comunicación. La aseguradora explicó que su único representante en el consejo de administración de E-Archimede no participó en la reunión en la que se votó la adquisición de paquetes minoritarios de acciones de la entidad, entonces presidida por Fiorani.

Y los posibles puntos de conjunción entre las investigaciones sobre Antonveneta y BNL no terminan aquí. Por ejemplo, la Fiscalía de Roma que indaga las cuestiones relacionadas con la banca romana ha escuchado a dos inspectores de vigilancia de Bankitalia que ya habían sido interrogados por su posible conocimiento de los hechos en el marco de la investigación sobre el abordaje a Antonveneta.

El consejo de BNL se reafirma. El consejo de BNL volvió hoy, viernes, a criticar la OPA de Unipol, como ya hizo el 14 de noviembre. Mientras, se ha confirmado que Giovanni Consorte, presidente de Unipol, es indagado por la Fiscalía de Roma, como anunció Americaeconomica.com el pasado lunes. Los administradores de BNL consideran que, pese a los retoques que Unipol ha aportado a su proyecto, el conglomerado financiero que surgiría de la operación necesita 2.000 millones de euros adicionales para ver garantizada su estabilidad. El consejo también ha criticado que la obligación de pasividad que tienen que respetar los gestores de una entidad objeto de OPA dura desde hace ya cinco meses, lo que empieza a afectar el normal desarrollo de la banca. El consejo ha dado mandato al presidente, Luigi Abete, para que tome todas las medidas necesarias para paliar esta situación.

La decisión más esperada. Mientras, se ha confirmado que Consorte es investigado por los magistrados romanos. Una cuestión que, junto con las dificultades en las que se encuentra el gobernador de Bankitalia, Antonio Fazio, a su vez investigado en Roma y Milán, parece complicar la suerte de la OPA. Según el responsable del sindicato bancario FABI para Bankitalia, Angelo Maronesi, es difícil que en esta situación el regulador dé el visto bueno a Consorte.

En declaraciones a este diario, Maronesi afirmó que probablemente la decisión de Bankitalia se conocerá el lunes. El sindicalista informó que los técnicos a los que Fazio ha encargado estudiar la oferta de Unipol son Giovanni Castaldi e Claudio Clemente, los mismos que le aconsejaron que no diera el visto bueno a la OPA de Popolare Italiana, entonces Popolare di Lodi, sobre Antonveneta.