La situación del fútbol profesional español es delicada. A través de diversas ampliaciones de capital, algunos clubes buscan dinero de forma desesperada para reducir sus cifras de deuda. El escenario es dramático para equipos como Tenerife, Real Sociedad y Racing de Santander.

No obstante, los problemas no son exclusivos de los equipos más pequeños. Los clubes con mayor presupuesto también han tenido que idear fórmulas para reducir la enorme deuda que acumulaban. La vía del negocio inmobiliario ha sido la más empleada, aunque no ha estado exenta de polémica.

Con la llegada del final del ejercicio, las sociedades anónimas deportivas celebran sus juntas ordinarias de accionistas, con el propósito de aprobar las cuentas del ejercicio. En algunas de estas reuniones se propondrá la puesta en marcha de ampliaciones de capital por un valor total de 52 millones de euros. El fútbol español aún no se ha decidido a dar el salto a los mercados de valores, por lo que solicita el dinero que precisa entre sus accionistas y a la espera de algún inversor generoso que arriesgue su patrimonio y salve al club.

La Ley del Deporte española obligó a los clubes de fútbol profesionales a transformarse en sociedades anónimas en 1992, con la excepción de Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Ahtletic de Bilbao y Osasuna de Pamplona, que quedaron eximidos al carecer en aquel momento de deudas. La suscripción del capital social fue un episodio dramático para la mayoría de los clubes, ante la falta de accionistas dispuestos a cubrirla. En algunos casos, las instituciones de la ciudad sede del equipo (ayuntamientos, diputaciones, cajas de ahorros, etc) fueron las encargadas de salvar la delicada situación.

El "milagro" para otros clubes llegó de la mano de empresarios e inversores que cubrieron con su patrimono el capital del club. Fue el caso del ya fallecido Jesús Gil y Gil, promotor inmobiliario que cubrió casi en su totalidad el capital del Atlético de Madrid, club que presidía. Mientras, el sevillano Manuel Ruiz de Lopera, conocido empresario de la construcción entre otros sectores, aportó de su patrimonio los cerca de cinco millones de euros necesarios para que el histórico Real Betis no sufriera el castigo previsto por no transformarse en sociedad anónima: el descenso de dos categorías.

Posteriormente, los clubes que dependieron en su día de las instituciones municipales fueron progresivamente abandonados por éstas, ante la imposibilidad de justificar ante los ciudadanos inversiones para acudir a las diversas ampliaciones de capital de los equipos. Algunos, como el caso del Club Deportivo Málaga y el Sestao Sport Club, desaparecieron desbordados por las deudas y tuvieron que ser refundados.

Ahora, la junta de accionistas del Tenerife, club que milita en la Segunda División, deberá aprobar una ampliación de capital de 36 millones de euros, una de las mayores del fútbol español en la corta historia de las sociedades anónimas deportivas. Una operación de alto riesgo para un club cuyas fórmulas para enjugar sus deudas se vinieron abajo con el descenso.

Mientras, el Racing de Santander, tras la marcha del accionista estadounidense de origen ucraniano Dimitri Piterman, precisa de una ampliación de capital que aún no ha sido definida. De no llevarse a cabo, la disolución o la solicitud de concurso sería el triste final para el club. Además, el Ayuntamiento de Santander, propietario del 53% de las acciones del club, acaba de vender esta participación a un grupo empresarial.

La Real Sociedad planteará una ampliación de capital superior a los seis millones de euros con la soga al cuello, cuando su propio presidente, el ex futbolista del equipo Miguel Fuentes, ha calificado la situación de "angustiosa", por la mala gestión de su predecesor y actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis Astiazarán.

Negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario es otra de las vías de escape que han encontrado los clubes para enjugar deudas. La junta del Valencia analizará la venta de los terrenos del estadio de Mestalla y la ubicación del nuevo campo. Su actual presidente, Juan Bautista Soler, es un conocido empresario inmobiliario de la región, que se hizo con acciones del club que vendió Francisco Roig, antiguo presidente del equipo valenciano.

Los críticos de Soler le han acusado de estar presente en el capital del Valencia únicamente por el interés inmobiliario de la operación, firmada en su día con la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, y el presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps. De hecho, Soler es accionista de referencia de Metrovacesa, la primera inmobiliaria española, de la que posee algo más de un 5%.

Mientras, la Real Sociedad se plantea qué hacer con las instalaciones de Zubieta, donde se prepara la cantera, considerada hasta hace unos años como una de las mejores del fútbol español. La posible venta de estos terrenos, que también se someterá a consideración de la junta, constituiría un alivio económico para el club donostiarra.

Otro equipo en apuros es el Atlético de Madrid. Tras la muerte de Jesús Gil, la única solución que parece plantearse es la venta del Estadio Vicente Calderón, y el traslado del equipo al Estado de la Peineta, proyectado para la celebración de los Juegos Olímpicos en Madrid y cuyo futuro es incierto después de que la capital de España no lograra la organización de la cita olímpica de 2012.