| Evo
Morales, el gran vencedor de las elecciones bolivianas,
estudia reformar el modelo económico del país.
Una reestructuración en la que tendría cabida
un nuevo impuesto que gravaría a las personas con
las rentas más altas del país. El equipo económico
del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene decidido que la
tasa se aplicará a los bolivianos con un patrimonio
superior a 300.000 dólares (253.000 euros).
Sin embargo, todavía no está claro si la tasa
se cargará sobre los ingresos que reconocen en la
declaración de la renta o sobre el patrimonio. La
mano derecha de Evo Morales, el vicepresidente electo, Álvaro
García, ha declarado a al prensa que el MAS quiere
dejar listo este proyecto de ley antes del 22 de enero,
día en el que Evo Morales asumirá la Presidencia,
para llevarlo al Parlamento de inmediato.
El
nuevo proyecto de ley pasará su primer trámite
en el Congreso sin ningún problema. Tras las elecciones,
el MAS ocupa 64 escaños, mientras que el grupo de
Jorge Quiroga, el Poder Democrático Social (Podemos),
tiene 44 diputados. Este esquema cambia en el Senado. Allí
la mayoría la obstenta Podemos, que ha conseguido
13 asientos. Uno más que el MAS que se ha quedado
con 12.
Además,
Álvaro García ha explicado que los recursos
que obtenga el Estado con este impuestos se invertirán
en los sectores sociales más desfavorecidos. El objetivo
es reducir el porcentaje de bolivianos que viven por debajo
de la línea de la pobreza -los que ganan menos de
un dólar (0,84 euros) al día-, que se sitúa
en el 64%. Una de las cifras más altas de toda la
región latinoamericana. Pero también, el MAS
quiere dar un tinte más de izquierda a su política
y alejarse del neoliberalismo.
Al
cierre de esta edición, Europa Press revelaba que
fuentes oficiales del Gobierno español han asegurado
que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero
recibirá a Evo Morales el próximo 4 de enero
en el Palacio de la Moncloa para hablar sobre el futuro
de las empresas españolas en Bolivia.
Un
tema delicado, después de que Evo Morales anunciara
que cambiará las relaciones entre el Estado y las
empresas privadas. En este ámbito, las compañías
que podrían verse seriamente perjudicada son Repsol,
Iberdrola y Red Eléctrica.
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