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Los
resultados de la reciente huelga ilegal efectuada por los
empleados del sector del transporte neoyorquino han dejado
ciertas secuelas. Los huelguistas han conseguido salvar
su sistema de pensiones, pero han generado una gran incertidumbre
social.
La
tormenta afecta tanto a las pensiones comprometidas por
los organismos públicos, como a las que proporcionan
los empleadores privados.
La
decisión de la Casa Blanca de obligar el próximo
año a todas las agencias federales, estatales y locales
a cuantificar sus compromisos de pensiones ha desencadenado
la previsible alarma en un sector que, según las
previsiones oficiales, apenas dispone del 50% de los fondos
necesarios para asegurar el pago de las jubilaciones futuras.
En
estos casos, sólo hay dos soluciones: inyectar dinero
fresco en los fondos de pensiones o forzar un cambio en
las condiciones previamente pactadas. Ambas soluciones plantean
serias dificultades y hacen prever duros enfrentamientos
como el ocurrido hace unos días en Nueva York.
Problema.
Además, hay otro problema a corto plazo, el hecho
de que la edad media pactada para la jubilación de
los miles de trabajadores del sector público se haya
situado en 55 años, lo que reduce a algo menos de
una década el momento en que se deberá realizar
el temible desembolso que afecta a la generación
de los ‘babby boomers’, por el que tanto se ha
preocupado Greenspan.
En
el sector privado, la situación es parecida. En los
últimos tres años, según un informe
de PricewaterhouseCoopers, un tercio del total de los empleadores
que proporcionan pensiones a su fuerza de trabajo ha optado
por congelar las retribuciones finales previstas, eliminado
las revalorizaciones referenciadas a distintos índices,
como el IPC.
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