| La
prensa venezolana especula estos días con la posibilidad
de que Chávez utilice su actual mayoría parlamentaria
para introducir un cambio constitucional que vacíe
de contenido el concepto de propiedad privada. El presidente
no da pistas. Según los rumores que circulan por
Caracas, algunos diputados del Movimiento V República (MVR),
el partido de Chávez, llevan varios meses preparando
un proyecto de desarrollo de algunos artículos de
la Constitución que incluiría que las modalidades
ahora previstas de propiedad privada coexistan con otros
sistemas como la propiedad comunitaria.
La
idea es aplicar a los artículos de la Carta Magna
que fijan el concepto de propiedad privada, otros mandatos
constitucionales como aquellos que se oponen a la formación
de monopolios o latifundios. Los parlamentarios del MVR
querrían implantar tres modelos de propiedad, el
estatal, el privado y el denominado social que, en el nuevo
texto constitucional que planean aprobar, incluiría
la cogestión y las empresas de titularidad mixta.
A lo largo del presente año, las autoridades venezolanas
han expropiado más de 97 fincas agrícolas
que consideraban improductivas, amparándose en la
Ley de Tierras. Un texto en el que se define como latifundio
los terrenos improductivos que tengan más de 5.000
hectáreas de extensión. Las acciones oficiales
están previstas por la Constitución actualmente
en vigor en las que se definen las figuras de intervención
y expropiación “por causa de utilidad pública
o interés social”, pero estas acciones deben
realizarse mediante sentencia firme y tras el pago oportuno
de una indemnización que se considere justa.
Dos características que no se habrían cumplido
en los decretos aprobados por los gobernadores de los Estados
de Apure, Guárico, Barinas, Cojedes, Araguas, Yaracuy
y Bolívar que han propiciado las expropiaciones.
Y, tampoco, según un comunicado oficial de la Federación
Nacional de Ganaderos (Fedenaga) existe un criterio claro
sobre cuándo se considera que una finca está
ociosa, porque no se ha realizado un censo del Instituto
Nacional de Tierras en el que se defina con claridad esta
figura.
Ahora, algunos opositores aseguran que Chávez utilizará
su amplia mayoría parlamentaria para introducir cambios
en la Constitución que le permita profundizar en
su programa de redistribución de la propiedad privada
sin necesitar a la justicia.
La expropiación de activos empresariales improductivos
anunciada por Chávez plantea ahora dificultades legales,
y debe ser realizada con la coordinación de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, lo que ha frenado el
programa de cogestión entre trabajadores y Estado.
De ahí, el temor a la reforma constitucional.
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