Aunque el presidente de Brasil cuenta con el apoyo del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT), Inacio Lula da Silva mantiene en secreto su decisión de si buscará o no una segunda jefatura de Gobierno por otros cuatro años más. Todo parece indicar que habrá que esperar hasta el primer trimestre de 2006 para conocer la respuesta, aunque Lula ha puesto dos condiciones para ir a la reelección presidencial: un buen funcionamiento de la economía del país y un respaldo integral de su partido.

A pesar de la incógnita sobre la decisión que guarda Lula, los miembros del PT se muestran optimistas. Algunos importantes asesores del mandatario brasileño citados por la prensa regional han declarado tener "la certeza absoluta" de que se presentará a las presidenciales. Además, el responsable del partido gubernamental, Ricardo Berzoini, confía en que en los próximos meses el Gobierno brasileño pueda aliviar la caída de popularidad tras los escándalos de corrupción a los que actualmente se enfrenta el Ejecutivo del país.

Pero lo cierto es que las encuestas no ubican a Lula en una posición privilegiada. Según un reciente sondeo realizado por el Instituto Datafolha, el actual presidente sería derrotado por el alcalde de Sao Paulo, José Serra, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de celebrarse hoy las elecciones. Serra obtendría el 36% de votos en la primera vuelta frente al 29% que conseguiría Lula. Una victoria que se repetiría en la segunda ronda, en la que el candidato del PSDB ganaría con un 56% del sufragio ante un 36% que tendría el mandatario brasileño.

Estos datos han llevado a José Dirceu, el que fuera brazo derecho de Lula, a señalar que si el mandatario brasileño quiere un segundo mandato, tendrá que detallar ante el electorado con extrema precisión cuáles serán sus planes de gobierno. Dirceu ha recordado, en declaraciones a la prensa local, que ya "nadie le votará porque se trate de Lula, como en 2002", en relación a la caída de popularidad que el presidente de Brasil ha registrado en los últimos meses.

El Congreso brasileño destituyó a principios de diciembre a José Dirceu, por 293 votos a favor y 192 en contra. La resolución se votó en una sesión extraordinaria convocada poco después de que el Tribunal Supremo rechazase el último recurso presentado por Dirceu. El ex colaborador de Lula fue ministro de la Presidencia hasta mediados del pasado mes de junio, cuando presentó su dimisión por el escándalo sobre la financiación irregular del PT. Según la decisión legislativa, el político brasileño no podrá ser candidato ni ocupar ningún cargo público hasta el año 2016. Para entonces Dirceu tendrá 70 años.

Nuevos escándalos. Pero el Gobierno de Brasil se enfrenta ahora a un nuevo presunto escándalo de corrupción. Una comisión parlamentaria de investigación (CPI) ha anunciado que investigará las cuentas de José Alencar, vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Defensa, ante sospechas de que existen irregularidades. Según publica la prensa regional, el PT entregó un millón de reales (400.000 euros) no contabilizados y en efectivo a la empresa Coteminas, una poderosa empresa textil propiedad de Alencar.

La compañía ha asegurado que este dinero correspondía a una deuda de 12 millones de reales (4,6 millones de euros) que el PT había contraído con Coteminas por la confección de tres millones de camisetas para la campaña electoral que llevó al poder a la fórmula integrada por Lula y Alencar.

Una vez confirmada la entrega de dicha cantidad por el ex tesorero del PT, Delúbio Soares, la comisión legislativa analiza ahora el motivo por el cual el pago, realizado en mayo pasado, no aparece en las cuentas del partido. Además, se desconoce el origen del dinero del PT, lo que confirmaría que el partido del presidente del país usó en la pasada campaña electoral dinero de procedencia incierta.

Las reacciones ante este nuevo escándalo por parte del Ejecutivo han sido cautelosas. El ministro de Justicia, Marcio Thomas Bastos, afirmó que el caso debe ser investigado a fondo. La Presidencia de la República ha asegurado que es un asunto entre Alencar y el PT y que por tanto no afectará a las relaciones entre presidente y vicepresidente. Por su parte Alencar simplemente ha indicado a los medios de comunicación regionales que quiere que se esclarezca todo porque la noticia le ha puesto de mal humor.

Gustavo Fruet, diputado del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y miembro de la CPI ha declarado que han solicitado la colaboración del Consejo de Control de Actividades Financieras, organismo que depende del Banco Central (BC) y que está a cargo de la vigilancia de todas las movilizaciones de dinero a través del sistema financiero.

Cancelación de deuda. Una de los primeros pasos de Lula para recuperar la deteriorada imagen de su Gobierno e impulsar la economía se centra en cancelar la deuda con el Club de París, que alcanza los 5.765 millones de dólares (4.800 millones de euros) y cuyo vencimiento está fijado en diciembre de 2006, según ha declarado el ministro de Hacienda, Antonio Palocci. Algunos analistas citados por la prensa regional consideran que esta decisión forma parte de una estrategia con la que el presidente brasileño espera mejorar la imagen del país en los mercados internacionales.

El anuncio se realizó después de la reunión de Gabinete convocada el pasado lunes por Lula y tan sólo dos semanas después de que el Ejecutivo brasileño decidiese cancelar también la deuda de 15.500 millones de dólares (12.905 millones de euros) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que vencía en 2006 y 2007.

Los medios de comunicación locales indican que con esta actuación, Lula espera que mejore la calificación de Brasil realizada por las agencias evaluadoras de riesgo. El objetivo es lograr el denominado 'grado de inversión' de las agencias, que permitiría al país tener acceso, entre otros, al multimillonario mercado de los fondos de pensiones internacionales.

Para cumplir esta meta, el Tesoro brasileño retiró este año de circulación 4.500 millones de dólares (3.746 millones de euros) en C-Bonds, los títulos emitidos durante la renegociación de la deuda externa y que fueron sustituidos por otros con vencimiento más largo, tal como explica la prensa brasileña.