El Congreso de México ha decidido pedir ayuda a la comunidad internacional para impedir que la reforma migratoria impulsada por Washington se convierta en una realidad. Para conseguir este apoyo, el presidente de la Comisión Permanente del Parlamento, Heliodoro Díaz Escárraga, ha hecho un llamamiento a los parlamentarios de Latinoamérica y de Europa con el fin de convocar una ofensiva diplomática contra la Casa Blanca e impedir que se apruebe un proposición de ley que convierte en delito la presencia de inmigrantes en territorio estadounidense.

Además, el texto contempla la construcción de un muro fronterizo de más de 1.000 kilómetros entre EEUU y México, una propuesta impulsada en la Cámara estadounidense por el propio presidente, George Bush, que pretende frenar la entrada al país de las 900.000 personas que cada año se instalan en EEUU en condiciones ilegales, un 85% de las cuáles son mexicanas.

Díaz Escárraga, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con mayoría en el Congreso y el Senado de la nación azteca, ha apelado a la solidaridad de los distintos países para definir una postura unificada contra una medida que en su opinión, viola los derechos humanos. Incluso ha solicitado el respaldo de los gobiernos de Venezuela y Argentina, países con las que últimamente México no mantiene buenas relaciones diplomáticas, a raíz de algunas diferencias surgidas en la Cumbre de las Américas celebrada el pasado mes de noviembre.

Sin embargo, la cúpula del gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN) parece haber visto en esta propuesta del legislador priísta, tintes de campaña electoral. El coordinador del PAN, José González Morfín, en declaraciones a la prensa mexicana, ha subrayado que la iniciativa de Díaz Escárraga ha sido realizada a título personal y no en nombre de todo el Congreso de México.

Además, González Morfín ha advertido que este tipo de convocatorias internacionales contra una reforma de ley no sirven y considera que sería necesario establecer un diálogo entre las autoridades de ambos países, con la intención de llegar a un acuerdo común que garantice la seguridad de la frontera.

No obstante, el Gobierno mexicano podrá contar de momento con el apoyo de las cámaras de comercio, organizaciones civiles y algunos políticos estadounidenses en su ofensiva diplomática, según ha anunciado el embajador mexicano en EEUU, Carlos de Icaza. También con el respaldo de Cuba, donde el presidente cubano, Fidel Castro, ha aprovechado para pedir a Europa que formule una propuesta real contra Washington, ya que a su parecer, nunca ha denunciado ciertas actuaciones polémicas de la Casa Blanca.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Raza (CNR), una influyente coalición de hispanos en territorio estadounidense, parece no estar preocupado. Mischele Waslin, analista de inmigración del CNR, aseguró a Americaeconomica.com que la reforma de inmigración no se convertirá en ley. La experta explicó que la propuesta de ley todavía debe ser evaluada por el Senado, que a juicio de Waslin, modificará el texto actual con iniciativas más comprensivas.

Pero lo cierto es que hasta el momento, el Congreso de EEUU ha aprobado la reforma migratoria con 239 votos a favor y 192 en contra. Un dato importante que para la integrante del CNR significa que existen más de 200 políticos estadounidenses a los que les interesa castigar a los inmigrantes.

Trabajadores. Pero la tranquilidad de algunas organizaciones pro derechos de inmigrantes no parece ser compartida por el propio presidente de México, Vicente Fox. El mandatario del país azteca ha recordado que EEUU precisa mucha mano de obra para conseguir que su economía sea competititva frente a Asia. Según datos del departamento responsable del presupuesto del Congreso estadounidense, uno de cada siete trabajadores de EEUU es inmigrante y el 70% del total proceden de México y Centroamérica.

No obstante, George Bush ha intentado rebajar la tensión diplomática que se ha iniciado en la nación vecina. El actual inquilino de la Casa Blanca ha reiterado a los diputados, que si bien está de acuerdo con una reforma que proteja las fronteras nacionales, es necesaria la creación de un programa de trabajadores temporales que reduzca el número de indocumentados que entran cada año en EEUU.

En concreto Bush ha propuesto desarrollar un proyecto de contratación de trabajadores temporales, que podrían desempeñar sus actividades de manera legal en EEUU durante un periodo máximo de seis años, pero finalizado el plazo, tendrán que regresar a su país de origen sin obtener la residencia.

Pero esta iniciativa no es bien vista por sus compañeros republicanos en el Congreso estadounidense, quienes tuvieron que retirarla del proyecto de ley debido a una falta de acuerdo, antes de que la Cámara de Representantes iniciase la votación. Una decisión que revela que el partido de Bush está dividido, según indicó Waslin a este medio.