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La Justicia peruana ha enviado hoy a Chile 12 de los 22
expedientes por los que se pide la extradición del
ex presidente Alberto Fujimori, detenido desde hace dos
meses en territorio chileno. Ahora, la Corte Suprema de
Chile tendrá que decidir si acepta las solicitudes
tramitadas por su igual en Perú y, aunque no hay
plazos exactos, se estima que el proceso podría tardar
un mínimo de seis meses. Durante este tiempo, Fujimori
tiene la posibilidad de solicitar la libertad provisional.
Una
idea que preocupa a las autoridades peruanas. Según
se manifiesta en una nota que acompaña a las informes,
si el ex presidente de Perú consiguiese la libertad
provisional, negada el pasado mes de noviembre, podría
romper su silencio en un momento decisivo para el país
ya que el lunes 10 de enero vence el plazo para la inscripción
de candidaturas a la Presidencia, en las elecciones peruanas
que se celebrarán el próximo mes de abril
y en las que Fujimori tenía intención de participar.
Aunque
el Gobierno de Perú ha recordado que Fujimori está
inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el
2010, temen que el ex mandatario pueda adquirir notoriedad
pública y convertirse en un factor político
en el inicio de la campaña electoral. Por ello, la
Justicia peruana ha pedido a las autoridades chilenas que
mantenga el régimen carcelario del ex presidente.
De
momento, el Máximo Tribunal peruano ha decidido,
cuatro días antes de que terminase el plazo legal,
enviar a Chile 12 de los 22 expedientes, uno por cada proceso
judicial que está abierto contra Fujimori. Entre
los casos más destacados, se encuentran las matanzas
de Barrios Altos y La Cantuta, la indemnización de
más de 15 millones de dólares (12 millones
de euros) pagada a su ex asesor Vladimiro Montesinos y las
denuncias de espionaje telefónico a políticos
y periodistas.
Los
nueve informes restantes han sido eliminados debido a que
el tratado de extradición entre los dos países
establece que los cargos que se detallen en los expedientes
guarden reciprocidad en las legislaciones de ambas naciones.
En este sentido, se ha suspendido, por ejemplo, el que inculpa
a Fujimori de haber abandonado la Presidencia del Ejecutivo
en 2000, cuando huyó a Japón, al no ser un
delito penado en Chile.
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