La candidata de la Concertación a la Presidencia de Chile, Michelle Bachelet, se ha adelantado a su rival de Renovación Nacional (RN), Sebastián Piñera, a la hora de ofrecer los detalles de su programa de gobierno, que se centran, entre otros temas, en la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y en subsidios para financiar la atención preescolar para las familias con menos recursos económicos. Hasta el momento, Piñera no ha querido adelantar sus planes, eso sí, se ha apresurado a criticar las intenciones de la candidata socialista, que ha tildado de pobres, en una campaña que ha vuelto a subir de tono y que en los últimos días se ha visto salpicada por dos asuntos de actualidad: el desafuero de Pinochet y la huelga de los trabajadores con contrato temporal de Codelco.

La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ha aprobado el desafuero de Augusto Pinochet para que sea investigado por malversación de fondos públicos, en el marco de las investigaciones sobre las cuentas secretas que el ex dictador tenía en el banco Riggs. Por otro lado, los trabajadores con contrato temporal que prestan servicio a la compañía chilena Codelco han anunciado que iniciarán una huelga indefinida en cuatro divisiones de la minera estatal, si el Gobierno de Chile no accede a pagarles una gratificación de fin de año de 500.000 pesos (820 euros).

Ajena a estos dos relevantes sucesos, Bachelet expuso el pasado miércoles el plan de gobierno que aplicará en los primeros meses de su mandato, en el caso de que gane el próximo 15 de enero la segunda vuelta de las elecciones. Su principal eje se centra en 36 disposiciones que abarcan desde lo social a lo económico y que aplicaría en los 100 primeros días de su legislatura. Bachelet se ha comprometido a poner en marcha una de estas iniciativas cada tres días.

No obstante, Piñera se ha mofado de esta ambiciosa iniciativa de la candidata socialista. El aspirante de RN a la Presidencia asegura que que la única posibilidad de cambio pasa por una alternancia en el poder capaz de resolver problemas que se han acumulado hasta hoy y aseguró que la Concertación será incapaz de conseguir en 100 días lo que no lograron hacer en 16 años.

A pesar de todo, las aspiraciones de Bachelet no parecen mermarse ante las críticas de su rival. La candidata de la Concertación puso énfasis en su proyecto de creación del Ministerio de Seguridad Pública, subsidios para financiar la atención preescolar para las familias con menos recursos económicos, la ampliación de algunos hospitales, reforzar el cuerpo de policía con la incorporación de 1.500 profesionales y más becas y créditos para universitarios.

Pero el equipo de Piñera continua con sus duras críticas. Los miembros de RN han señalado que en el documento de Bachelet se presenta como una gran novedad la formación de un Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, recuerda que esta institución se creó por ley el 22 de junio de 2004, vía iniciativa de los senadores de la Alianza por Chile. El aspirante de RN indicó además que muchas de las propuestas de la candidata socialista son muy parecidas a las que expone su propio partido y que gran parte de ellas no aportan nada nuevo respecto a lo que se ha hecho durante el régimen del actual presidente, Ricardo Lagos.

Subida de tono. En la campaña electoral de la segunda vuelta de las presidenciales y sin conocer todavía si habrá al fin un debate televisivo, Bachelet a vuelto a atacar verbalmente a su rival. La candidata de la Concertación denunció que Piñera ha desplegado una estrategia que consiste en asustar a los chilenos con los males que podría crear en el país su alianza con el Partido Comunista (PC).

Bachelet declaró al diario El Mercurio que tras su paso por algunas provincias chilenas ha comprobado que la gente está muy preocupada por lo que sucederá si gana el próximo 15 de enero en cuanto a algunas políticas sociales y el compromiso que ella adquirirá con los representantes del PC.

A este respecto, Piñera asegura que la Concertación no saldrá tan bien parada de la cita en las urnas y que habrá una confrontación permanente entre los partidos de izquierda que forman la coalición y el PC. Un argumento que Bachelet no admite, ya que mantiene firmemente que su victoria será muy amplia y que no habrá descompensación en su equipo de Gobierno.

Campaña empañada. Mientras los candidatos a la Presidencia de Chile se preparan para la segunda vuelta, la Corte de Apelaciones de Santiago ha aprobado el desafuero de Augusto Pinochet para que sea investigado por malversación de fondos públicos, con lo que rechaza así el recurso del ex dictador, según fuentes judiciales citadas por la agencia Efe. Este tribuna y el Supremo ya habían ordenado anteriormente que se levantara su inmunidad.

La resolución se enmarca en el juicio abierto tras el descubrimiento de las millonarias cuentas secretas que Pinochet manejaba en el exterior, que lleva el juez Carlos Cerda. Pinochet, en este juicio, ya fue desaforado y procesado por fraude tributario, falsificación de instrumento público, falsificación de pasaportes y omisión de bienes en una declaración jurada.

Pero ha surgido otro acontecimiento que podría ensombrecer la campaña electoral. Trabajadores con contrato temporal que prestan servicio a la compañía chilena Codelco han anunciado hoy que iniciarán una huelga indefinida en cuatro divisiones de la minera estatal, si el Gobierno de Chile no accede a pagarles una gratificación de fin de año de 500.000 pesos (820 euros). Los líderes sindicales basan su exigencia en el alto precio del cobre en los mercados internacionales, que en los últimos días ha alcanzado máximos históricos de 2,10 dólares (1,7 euros) por libra.

El presidente del Sindicato de Trabajadores Contratistas, Danilo Jorquera, ha declarado que en los próximos días volverán a reunirse con los ministros del Interior y de Trabajo para negociar su petición. Pero la solución podría tardar en llegar: el titular de Minería, Alfonso Dulanto, ha señalado que la estatal no tiene la autorización de entregar la gratificación. Los contratistas se quejan además de discriminación laboral, ya que aseguran que cobran tres o cuatro veces menos que los trabajadores de la compañía estatal.