| El lobby de los grandes inversores institucionales clásicos está a punto de conseguir una victoria histórica para hacer saltar los blindajes de los altos ejecutivos y los consejeros de las compañías cotizadas. La SEC quiere que los accionistas de las cotizadas voten por Internet.
En los últimos tiempos, los grandes fondos de pensiones
estadounidenses, los hedges y las gestoras han adquirido un mayor
protagonismo en las compañías en las que mantienen
participación. Contra su costumbre de muchos años,
los “institucionales” han querido hacer valer su peso en los accionariados
de las cotizadas para cambiar consejeros, discutir estrategias o
forzar la salida de ejecutivos cuya gestión, al menos según
ellos, era más que dudosa.
Pero la dificultad de los requisitos y trámites actuales
para abrir las votaciones de sus propuestas a los accionistas minoritarios,
junto a los altos costes de los procesos, les ha hecho fracasar
muchas veces. Pues bien, gracias a la acción de Christopher
Cox, el nuevo presidente de la SEC, a partir de 2007 las posibilidades
de éxito de estos grandes accionistas van a multiplicarse.
La Red. El Consejo del supervisor bursátil
ha aprobado una nueva regla para las elecciones de consejeros y
otras decisiones corporativas que deben ser aprobadas por las juntas
de las compañías cotizadas: Los responsables de las
compañías tendrán que utilizar Internet como
medio para proporcionar a sus accionistas toda la información
necesaria para votar una decisión concreta, votación
que, además, también tendrá que realizarse
a través de la Red.
La SEC ha previsto que en el caso concreto de las elecciones de
consejeros, si existen candidatos propuestos por grupos disidentes
de accionistas, sus nombres también figuren en las plantillas
electrónicas de votación, de modo que a través
del simple uso del ratón los accionistas puedan elegir su
candidato.
Ahorro. La excusa de los institucionales y la SEC es el ahorro. Según el supervisor bursátil con esta fórmula el conjunto de las empresas cotizadas bajo su supervisión gastarán en estos procesos 1.000 millones de dólares al año menos (853,3 millones de euros).
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