La prensa venezolana ha especulado durante esa semana con la posibilidad de que Chávez utilice su actual mayoría parlamentaria para introducir un cambio constitucional que vacíe de contenido el concepto de propiedad privada. El presidente no da pistas. Según los rumores que circulan por Caracas, algunos diputados del Movimiento V República (MVR), el partido de Chávez, llevan varios meses preparando un proyecto de desarrollo de algunos artículos de la Constitución que incluiría que las modalidades ahora previstas de propiedad privada coexistan con otros sistemas como la propiedad comunitaria.

La idea es aplicar a los artículos de la Carta Magna que fijan el concepto de propiedad privada, otros mandatos constitucionales como aquellos que se oponen a la formación de monopolios o latifundios. Los parlamentarios del MVR querrían implantar tres modelos de propiedad, el estatal, el privado y el denominado social que, en el nuevo texto constitucional que planean aprobar, incluiría la cogestión y las empresas de titularidad mixta.

A lo largo del presente año, las autoridades venezolanas han expropiado más de 97 fincas agrícolas que consideraban improductivas, amparándose en la Ley de Tierras. Un texto en el que se define como latifundio los terrenos improductivos que tengan más de 5.000 hectáreas de extensión. Las acciones oficiales están previstas por la Constitución actualmente en vigor en las que se definen las figuras de intervención y expropiación “por causa de utilidad pública o interés social”, pero estas acciones deben realizarse mediante sentencia firme y tras el pago oportuno de una indemnización que se considere justa.

Dos características que no se habrían cumplido en los decretos aprobados por los gobernadores de los Estados de Apure, Guárico, Barinas, Cojedes, Araguas, Yaracuy y Bolívar que han propiciado las expropiaciones. Y, tampoco, según un comunicado oficial de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) existe un criterio claro sobre cuándo se considera que una finca está ociosa, porque no se ha realizado un censo del Instituto Nacional de Tierras en el que se defina con claridad esta figura.

Ahora, algunos opositores aseguran que Chávez utilizará su amplia mayoría parlamentaria para introducir cambios en la Constitución que le permita profundizar en su programa de redistribución de la propiedad privada sin necesitar a la justicia.

La expropiación de activos empresariales improductivos anunciada por Chávez plantea ahora dificultades legales, y debe ser realizada con la coordinación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que ha frenado el programa de cogestión entre trabajadores y Estado. De ahí, el temor a la reforma constitucional.