El Tribunal Constitucional de Colombia analiza la suspensión de la Ley de Justicia y Paz, la herramienta legal que utiliza el Gobierno de Álvaro Uribe en el proceso de desmovilización de las guerrillas en el país. Un ciudadano ha presentado una demanda en la que denuncia que el calibre de esta norma debería tener rango de ley fundamental y no ordinario. Por ello, necesitaría pasar el control constitucional del Tribunal.

La Ley de Justicia y Paz pasó de forma ordinaria todos los trámites ordinarios. Incluida la aprobación del Congreso. Sin embargo, el texto provoca la desconfianza de algunos líderes paramilitares, que se niegan a negociar un acuerdo bajo este marco legislativo.

Esta ley está vigente desde junio de 2004. El texto promueve el desarme de los grupos guerrilleros y su reinserción social, siempre y cuando no se hayan cometido delitos de sangre. Además, también contempla la devolución de los robos de los paramilitares a los particulares colombianos.

Mientras el Tribunal Constitucional sigue su estudio, hoy miércoles el Bloque Mineros de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que está formado por unos 1.700 paramilitares, comenzará a desmovilizarse en la localidad de Tarazá, departamento de Antioquia.