El Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) rechazará la candidatura de Alberto Fujimori a la Presidencia de Perú, según ha publicado hoy el diario peruano La República. Fuentes cercanas al proceso consultadas por este periódico han asegurado que aunque la resolución no se hará oficial hasta mañana, la decisión de admitir o no la inscripción del ex presidente se ha tomado 'conforme a la ley', que impide a los políticos inhabilitados por el Congreso, como es el caso de Fujimori, presentar su candidatura.

Estas declaraciones coinciden con las realizadas por el presidente del Jurado Nacional Electoral (JNE), Enrique Mendoza Ramírez, quien ha señalado que el organismo electoral actuará en la inscripción de candidatos a la Presidencia, en virtud de la legislación peruana. En este sentido, el Congreso de Perú aprobó en 2001 una ley, amparada por el Tribunal Constitucional, que inhabilita las funciones del ex presidente por un periodo de diez años.

Luis Delgado Aparicio, el secretario general de 'Sí Cumple', una de los partidos políticos que apoyan a Fujimori, ha reconocido que acatará la decisión del JNE si finalmente rechaza la solicitud de inscripción del ex presidente. Sin embargo, Aparicio ha asegurado, en declaraciones a la prensa peruana, que nadie le impedirá expresar en los foros internacionales que la detención de Fujimori es 'una carnicería'. Martha Moyano, parlamentaria fujimorista ha anunciado que tienen una estrategia alternativa, aunque no ha ofrecido más detalles.

El pasado viernes, los partidarios del ex presidente peruano presentaron ante las autoridades electorales la fórmula fujimorista Alianza para el Futuro, liderada por el propio Fujimori. Pocas horas después, el juez chileno Orlando Álvarez confirmó el arresto del ex mandatario por un tiempo indefinido, una decisión con la que parecía tranquilizar a las autoridades de Perú, que habían manifestado su preocupación ante una posible fuga del detenido.

El Tribunal Supremo peruano envió la semana pasada a Chile, donde se encuentra detenido Fujimori desde hace dos meses, 12 de los 22 expedientes, uno por cada proceso judicial que está abierto contra el ex presidente peruano. Entre los casos más destacados se encuentran las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, la indemnización de más de 15 millones de dólares (12 millones de euros) pagada a su ex asesor Vladimiro Montesinos y las denuncias de espionaje telefónico a políticos y periodistas.