Ahora que se cumplen 50 años de la televisión en España, parece adecuado el momento para reflexionar sobre este poderoso medio de comunicación. Como el resto de los países de Europa, la televisión empezó en España siendo rigurosamente estatal, bajo el concepto jurídico de “servicio público, cuya titularidad corresponde al Estado”. Después, vino el color. Lo que significó una revolución tecnológica, algo parecido a lo que sucede ahora con la televisión digital. Aquella televisión carecía de problemas económicos.

La publicidad no tenía otro sitio, me refiero audiovisual, donde anunciarse. Más tarde, mucho más tarde, vino la televisión privada y aquel monopolio se vino abajo. Como en todas las empresas públicas aumentaron, con el tiempo, los gastos, y no aumentaron los ingresos en la misma proporción. Las subvenciones del Estado no resolvían esta situación. En definitiva, vino el endeudamiento que, en este momento, alcanza proporciones insostenibles.

En los Presupuestos Generales del Estado, para este año que acaba de comenzar, el Ministerio de Economía había prometido una subvención de 570 millones de euros, pero esta cantidad, que puede parece importante e, incluso, exagerada, sólo sirve para cubrir los intereses de la deuda actual, que, de momento, supera los 7.500 millones y sigue creciendo. El actual gobierno encargó a un 'Comité de Sabios', que elaborase un estudio sobre la actual situación y propusiese una posible solución.

Los sabios dieron a luz el “Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado”, donde se afirmaba que la financiación era ineficiente y que todo el modelo era “obsoleto y deficiente”. Además de estas consideraciones económicas, la mayor parte de los españoles piensan, con mayor o menor motivo, y sean votantes de este o del otro partido, que la televisión no cumple con ese calificativo de “servicio público”, bajo cuya denominación nació, pues no se defiende la pluralidad de la sociedad y de la educación en un clima de auténtica libertad de expresión.

Actualmente, Radiotelevisión Española cuenta con 10.000 empleados. Pese a lo que se ha afirmado, este número no es excesivo. Por ejemplo, en el pasado 2003, las televisiones públicas europeas superaban, en ocasiones, con creces, aquella cantidad. Así, Italia contaba, entre fijos y temporales, con 11.857 empleados, Alemania con 39.882, Francia con 13.526 y el Reino Unido con 20.550, pero estos datos, no explican suficientemente la rentabilidad. Italia ingresó 2.594 millones de euros y gastó 1.730; Alemania ingresó 8.022 y gasto 7.967; Francia ingresó 2.844 y gasto 2.836, y el Reino Unido, sin publicidad, 5.251 y gastó 5.671.

Y aquí surge el eterno problema del canon. Todos estos países lo tienen en mayor o menos proporción. Pero España no lo puso en el momento adecuado. Y ahora ningún partido político, socialista o conservador, se atreve a ponerlo, pues piensa, con razón, que ello le restaría votos. Y ésta es la situación actual. Situación, que se complica, con la llegada de la televisión digital, que implica un mejor aprovechamiento del espectro de frecuencias, o dicho con otras palabras, un aumento del número de televisiones.

En la Constitución de 1978, ya se traslucía la existencia de la televisión o, mejor dicho, de las televisiones privadas. Y éstas, con retraso, de unos diez años, acabaron llegando.