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La Casa Blanca acaba de cosechar
un sonoro fracaso en su proyecto para hacer más eficiente
el sistema federal sanitario de beneficiencia de los programas
Medicare y Medicaid. La semiprivatización de la entrega
de medicinas a los beneficiarios ha provocado el caos.
El pasado año, Bush cambió
las normas del sistema de entrega de medicamentos a los
49 millones de estadounidenses acogidos al sistema médico
de beneficiencia. La intención era combatir el fraude
y ahorrar un 30% de los 250.000 millones de dólares
anuales que EEUU gasta en estos programas. La disposición,
que entró en vigor el pasado 1 de enero, obligaba
a los pacientes a inscribirse en unos listados y dejaba
bajo el control de empresas privadas la emisión de
las recetas. Pero el desconocimiento ha hecho que muchos
pacientes no se anotaran en las listas en los plazos previsto
y no reciban las medicinas. Además, las aseguradoras
han cuestionado muchas de las prescripciones médicas
y han aplicado con el máximo rigor los baremos de
copago previstos que han resultado exagerados en muchos
casos.
Estados. Las complicaciones
han provocado multitud de manifestaciones callejeras espontáneas
de los afectados y ha obligado, por el momento, a doce Estados
a declarar la situación de emergencia sanitaria y
hacerse cargo de los pagos a las farmacias para garantizar
los suministros. Entre los territorios más afectados
por el colapso están California y Nueva York, los
más poblados del país. Las administraciones
locales afectadas han asegurado que reclamarán al
Gobierno federal el dinero que tengan que gastar ahora,
lo que eliminará en la práctica el ahorro
previsto para 2006.
Orden. Washington ha
emitido una orden de urgencia a las 43 aseguradoras que
participan en el programa. Les obliga a entregar durante
30 días las recetas que les solicite cualquier beneficiario
y no cobrar en ningún caso más de cinco dólares
por receta en los fármacos con marca o dos en los
genéricos.
Elecciones. El escándalo
del Medicare llega en el peor de los momentos posibles para
la maquinaria del Partido Republicano, cada vez más
consciente de que el actual inquilino de la Casa Blanca
se ha convertido en una carga para los intereses de esta
formación política. Este año se renueva
todo el Congreso, un tercio del Senado y hay también
elecciones locales en muchos Estados. Y los problemas que
han acompañado a las dos primeras semanas de vigencia
de las nuevas normas para la entrega de medicinas a los
beneficiarios del Medicare no son un buen inicio para este
periodo de precampaña. La contestación crece
en un partido que empieza a considerar seriamente la posibilidad
de perder la mayoría absoluta en el Congreso y en
el Senado de la que, hoy por hoy, disfruta y que consiguió
en su día gracias a Bush.
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