El Gobierno argentino continúa con la misma lucha de los últimos meses: los precios de consumo. El cierre del pasado año fue mucho peor de lo esperado, el IPC alcanzó casi dos puntos más de lo previsto, y se ubicó en el 12,3%. El presidente Kirchner quiere corregir la situación. Para conseguirlo ha depositado toda su confianza en los acuerdos con los supermercados y las productoras de alimentos. Aunque estas negociaciones son competencia del Ministerio de Economía, el mismo mandatario se ha involucrado en las conversaciones. Con su actuación ya se ha suscrito un convenio con las empresas lácteas, que no incrementarán los precios de la leche y el queso, al menos en los próximos dos meses.

Un día después de que iniciara su ronda de contacto, Kirchner ha obtenido su primer éxito. Algunas compañías lácteas locales se han comprometido a mantener los actuales precios de 9 productos hasta el mes de marzo. El acuerdo es prorrogable, de hecho las intenciones del Gobierno es extender este tipo de pacto por todo lo que resta de año.

Pero los empresarios locales no se han comprometido a tanto. El propietario de una de las compañías ha declarado que pasado un periodo de prueba, condicionarán la vigencia del acuerdo a ciertas contraprestaciones. Van a plantear al Gobierno que introduzcan modificaciones al convenio laboral para poder contratar personal con sueldos más bajos de los establecidos y también solicitan una reducción del Impuesto de Sociedades, según el diario Página 12.

Las demandas podrían crear un conflicto con el principal sindicato peronista del país. La última semana de diciembre, Miceli tuvo un encuentro con la Confederación General del Trabajo (CGT). Las conclusiones de la reunión se resumen en el apoyo de los sindicalistas al plan antiinflacionista del Gobierno. Pero persiste la solicitud del aumento salarial.

Antes del plasmar el acuerdo con las empresas lácteas, Kirchner tuvo un encuentro con uno de los propietarios de las mayores cadenas de supermercados locales. La reunión ha creado una gran expectación. El pasado mes de octubre, Kirchner y Coto protagonizaron un cruce de acusaciones. En ese mes se conoció que la inflación había subido entre agosto y septiembre un 1,2%. Entonces el presidente argentino responsabilizó de este mal dato macroeconómico directamente a los supermercados que, según él, pactan incrementos en el precio de los artículos.

Ahora parece que ese malestar ha desaparecido por las dos partes. En la actualidad, las cadenas de supermercados locales y las de capital extranjero, tienen suscrito un acuerdo con el Gobierno para rebajar un 15% los precios de más de 200 productos. El pacto se suscribió a principios de diciembre y tiene vigencia hasta el 31 de este mes. Ni en ese momento, ni en la actualidad se sabe si con este acuerdo los empresarios obtienen algo a cambio.

La idea del Gobierno es extender el pacto a lo largo de todo 2006 y ampliar la lista de precios bajos a un total de 500 productos. Los propietarios de los supermercados están dispuestos a acceder, pero han puesto una condición: que los productores de alimentos también reduzcan sus precios.

El Ministerio de Economía, regentado por Felisa Miceli, ya ha comenzado los contactos con otras empresas productoras de alimentos, entre ellas Nestlé. Miceli quiere que cada una de las compañías baje los precios de algunos de sus artículos y así conseguir que los artículos de primera necesidad sean accesibles a todos los argentinos.

En un principio, la estrategia del Ejecutivo estaba diseñada de otro modo. Por un lado, estaban los acuerdos con los supermercados y por otro una patronal, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Miceli pactó con este grupo un acuerdo para mantener los precios bajos el pasado mes de diciembre. Nada más tomar posesión de su cargo, en sustitución de Roberto Lavagna. Pero ahora el esquema ha cambiado. Tras una fallida reunión con la patronal del sector, la ministra ha decidido negociar directamente con las productoras de alimentos.

Más allá de las negociaciones con los empresarios locales, esta semana Argentina ha sido protagonista por su nueva alianza con Repsol, Petrobras y Ancap para buscar hidrocarburos en el mar. La petrolera estatal argentina, Enarsa, ha firmado dos convenios con Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la uruguaya Ancap para explorar y explotar yacimientos de petróleo y gas en las costas del país austral. La inversión total del proyecto alcanza más de 2.000 millones de dólares (1.655 millones de euros). Los primeros costes los cubrirán las tres compañías aliadas de Enarsa, la petrolera argentina se hará cargo del 35% una vez que se compruebe que hay yacimientos explotables.

El primero de los contratos lo ha suscrito Enarsa con Repsol y servirá para desplegar las infraestructura necesaria para la explotación de los hidrocarburos. Las áreas seleccionadas están ubicadas en el denominado Talud Continental que abarca el Golfo de San Jorge, entre la Cuenca Austral y la de las Malvinas.

El otro acuerdo implica a las cuatro compañías para buscar y extraer hidrocarburos en la cuenca Colorado Marina, a 200 kilómetros de la costa de Buenos Aires. En este consorcio, Enarsa y Repsol participan respectivamente con el 35%, Petrobras contará con el 25% y Ancap con el 5%.

Según los cálculos del Ministerio de Planificación argentino, los costes totales ascienden a más de 2.000 millones de dólares. El proyecto de exploración se iniciará con una inversión de entre 40 y 100 millones de dólares (entre 33 y 83 millones de euros). Por el momento, Enarsa no pagará nada, hasta que se demuestre que existen reservas explotables.

Los dos acuerdos, que se han anunciado en la sala de prensa de la Casa Rosada con la presencia del ministro Julio De Vido y los representantes de las compañías petroleras, ha sido muy criticado por algunos expertos del sector. El diario argentino Página 12 reproduce las declaraciones del director energético de la Fundación Illia, Gustavo Calleja, que ha cuestionado estas contrataciones directas. Calleja ha asegurado que si se hubiera abierto un concurso público, el Gobierno de Kirchner podría haber obtenido otras condiciones más favorables.