La Casa Blanca acaba de cosechar un sonoro fracaso en su proyecto para hacer más eficiente el sistema federal sanitario de beneficiencia de los programas Medicare y Medicaid. La semiprivatización de la entrega de medicinas a los beneficiarios ha provocado el caos. El pasado año, el presidente George Bush cambió las normas del sistema de entrega de medicamentos a los 49 millones de estadounidenses acogidos al sistema médico de beneficiencia. La intención era combatir el fraude y ahorrar un 30% de los 250.000 millones de dólares anuales que EEUU gasta en estos programas. La crisis llega en el peor de los momentos posibles para el Partido Republicano, que ve como peligra su mayoría en el Congreso y en el Senado en un año en el que estas cámaras se renuevan y en el que hay también elecciones en muchos Estados.

La nueva disposición, que entró en vigor el pasado 1 de enero, obligaba a los pacientes a inscribirse en unos listados y dejaba bajo el control de empresas privadas la emisión de las recetas. Pero el desconocimiento ha hecho que muchos pacientes no se anotarán en las listas en los plazos previsto y no reciban las medicinas. Además, las aseguradoras han cuestionado muchas de las prescripciones médicas y han aplicado con el máximo rigor los baremos de copago previstos que han resultado exagerados en muchos casos.

Doce Estados en emergencia. Las complicaciones han provocado multitud de manifestaciones callejeras espontáneas de los afectados y ha obligado, por el momento, a doce Estados a declarar la situación de emergencia sanitaria y hacerse cargo de los pagos a las farmacias para garantizar los suministros. Entre los territorios más afectados por el colapso están California y Nueva York, los más poblados del país. Las administraciones locales afectadas han asegurado que reclamarán al Gobierno federal el dinero que tengan que gastar ahora, lo que eliminará en la práctica el ahorro previsto para 2006.

Washington ha emitido una orden de urgencia a las 43 aseguradoras que participan en el programa. Les obliga a entregar durante 30 días las recetas que les solicite cualquier beneficiario y no cobrar en ningún caso más de cinco dólares por receta en los fármacos con marca o dos en los genéricos.

El escándalo del Medicare llega en el peor de los momentos posibles para la maquinaria del Partido Republicano, cada vez más consciente de que el actual inquilino de la Casa Blanca se ha convertido en una carga para los intereses de esta formación política. Este año se renueva todo el Congreso, un tercio del Senado y hay también elecciones locales en muchos Estados. Y los problemas que han acompañado a las dos primeras semanas de vigencia de las nuevas normas para la entrega de medicinas a los beneficiarios del Medicare no son un buen inicio para este periodo de precampaña. La constestación crece en un partido que empieza a considerar seriamente la posibilidad de perder la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado de la que, hoy por hoy, disfruta y que consiguió en su día gracias a Bush.