El nuevo ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz, ha anunciado que pedirá al Parlamento que defina la legalidad de los 71 contratos suscritos entre el Estado boliviano y las empresas petroleras internacionales. Estas compañías debían haber adaptado sus convenios a la Ley de Hidrocarburos aprobada el pasado mes de junio, pero el plazo ya ha finalizado y el cambio no se ha efectuado. Ante este incumplimiento, el ministro Soliz propone declarar estos contratos nulos y firmar otros nuevos, en los que se podrían incluir más modificaciones.

Andrés Soliz considera que la no adaptación de los contratos a la nueva ley petrolera no es el único requisito que se ha infringido. Para el ministro, estos convenios tampoco tuvieron la aprobación del Congreso en 1989, cuando se firmaron. En su opinión, estos contratos deberían considerarse nulos. Pero ha asegurado que si el Parlamento decide lo contrario, él los admitirá.

El Gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez fue el encargado de sancionar la Ley de Hidrocarburos que aprobó en mayo el Ejecutivo de Carlos Mesa. El nuevo texto elevaba los impuestos sobre la producción al 32% y las regalías al 18%. Las petroleras internacionales se mostraron en contra de estas modificaciones y han solicitado renegociar de nuevo los términos de sus contratos.

El plazo de las compañías para adaptarse a esta nueva legislación concluía a mediados del pasado mes de noviembre. Pero ninguna de ellas firmó la transición. Esta irregularidad provocó el malestar del partido de Evo Morales. El presidente de la Comisión de Energía del Congreso en aquella fecha, Santos Ramírez, ahora nombrado presidente del Senado, declaró en reiteradas ocasiones a Americaeconomica.com que esos contratos debían ser declarados nulos.

Si finalmente, los contratos son invalidados y hay que firmar unos nuevos, el MAS podría aprovechar la situación para llevar a cabo la nacionalización de los hidrocarburos. Evo Morales ha asegurado en múltiples ocasiones que quiere aumentar el porcentaje de ganancias para el Estado, aunque también ha descartado que vaya a expropiar bienes de las empresas privadas.