Las negociaciones entre Argentina y Brasil para limitar las importaciones cuando los sectores industriales de uno de los dos países se vea perjudicado han llegado a un buen fin. Ambos gobiernos han dado su aprobación, en el plazo previsto, a la Cláusula de Adaptación Competitiva (CAC), un mecanismo que permitirá elevar los aranceles e imponer cupos para poner remedio a los desequilibrios comerciales dentro del Mercosur.

Pero la CAC no es de aplicación automática. Antes de acudir a ella, los empresarios de cada uno de los dos países tienen la oportunidad de solucionar a través de unas negociaciones supervisadas por la Comisión del Monitoreo del Comercio Bilateral, creada en el seno del Mercosur en 2003. Estas primeras negociaciones se iniciarán cuando al menos el 35% de los representantes de la industria dañada denuncien que su sector empieza a resentirse por las importaciones provenientes del otro país.

Si en esas conversaciones no se consigue una solución, entonces se dará paso a la intervención de los gobiernos, que iniciarán una investigación para constatar que las ventas de uno de los países están perjudicando a un sector industrial de la otra nación. La CAC establece la imposición de un cupo anual y el incremento de un 90% de los aranceles para los productos que excedan la cuota de las ventas estipuladas.

La aprobación de este nuevo mecanismo ha provocado la satisfacción de los empresarios argentinos, que han presionado al Gobierno de Kirchner para poner en marcha estas limitaciones. Todo lo contrario que el sector industrial brasileño, que han intentado hasta el último momento que no se firmara este acuerdo. Según un informe de la consultora Abeceb.com, que publica el diario argentino Página 12, sólo en los diez primeros meses del pasado año, el déficit comercial desfavorable para Argentina se incrementó en un 64% en relación al mismo periodo del año anterior. Un porcentaje que se cifra en unos 3.000 millones de dólares (2.474 millones de euros).

Las negociaciones sobre la CAC se iniciaron en septiembre de 2004, a iniciativa del entonces ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna. Finalmente, el acuerdo ha llegado cuando se cuentan dos meses desde su destitución. Según Infobae.com, tras el anuncio del pacto, Lavagna se ha adjudicado el acuerdo y ha recordado ante los medios de comunicación que él fue quien lo promovió.