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En su lucha por intentar recuperar la popularidad
que le llevó a la Presidencia en 2002, Lula da Silva se ha
anotado otro tanto. El mandatario brasileño ha aprobado
un incremento del 17% en el salario mínimo de los trabajadores,
que en abril pasará de 300 a 350 reales (de 109 a 127 euros).
El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, ha destacado que este aumento,
el mayor realizado durante el mandato de Lula, tendrá un
impacto positivo en el mercado laboral. Sin embargo, la decisión
del Gobierno brasileño no sorprende a los expertos internacionales.
Ricardo Castiglioni, presitigioso analista
económico, asegura, en declaraciones a Americaeconomica.com,
que con el incremento del salario mínimo, Lula quiere
recuperar su imagen, que hasta la semana pasada, había aparecido
muy devaluada en los sondeos de intención de voto. Con esta
modificación, junto a la reducción de la tasa selic
(tipos de interés de referencia de Brasil) y la cancelación
de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya son tres
las medidas que ha aplicado el mandatario brasileño y que
en opinión del experto, producen un aumento de aceptación
popular.
Al cierre de esta edición, no se han
realizado nuevos sondeos en intención de voto después
del incremento salarial, pero desde la semana pasada, Lula vuelve
a liderar las encuestas. Una posición que no conseguía
desde agosto de 2005. De celebrarse hoy las elecciones presidenciales,
el mandatario brasileño obtendría el 35% de los votos,
frente al 31% del sufragio que recibiría su principal rival
del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), José
Serra. Expertos consultados por este diario confirman que estos
resultados no sólo suponen un aumento de los ciudadanos de
Brasil hacia Lula, sino también una caída de su imagen
negativa.
A pesar de todo, Lula no conseguirá
la promesa que efectuó en la campaña electoral de
2002, cuando anunció que tenía la intención
de duplicar el valor real del salario mínimo, que entonces
estaba en 200 reales mensuales (72 euros). Este año, el mandatario
brasileño termina su legislatura y los incrementos que ha
realizado sobre los sueldos anteriores no han sido muy elevados.
Los datos del Gobierno publicados por la oficial
Agencia de Brasil indican que el reajuste en los salarios tendrá
un impacto de 6.600 millones de reales (2.946 millones de euros).
Según el cálculo del Departamento Intersindical de
Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), el
aumento real descontada la inflación de mayo a marzo, es
de 12,07%. Esta institución subrayó que el nuevo salario
permitirá casi la compra de dos cestas básicas, los
productos de primera necesidad para los brasileños.
El incremento aprobado por la Administración de Lula es,
no obstante, tres puntos porcentuales menos al que pedían
los líderes sindicales. Marinho rechazó esta petición
inicial al considerar que el Gobierno no cuenta con los recursos
suficientes para hacer frente a este aumento.
Antes de que se confirmase el aumento salarial, los economistas
brasileños volvieron a elevar su pronóstico de inflación
(Índice de Precios al Consumidor Amplio IPCA) para 2006,
al considerar que la variación de precios se incrementará
un 4,61%. Así lo reveló el sondeo semanal que realiza
el Banco Central de Brasil (BC), entre 100 instituciones financieras
y en que la previsión del IPCA aumenta por segunda vez consecutiva
tras las estimación del 4,58% registrada en la encuesta de
la semana pasada.
Los expertos justifican este alza en el encarecimiento de los alimentos,
debido al mal tiempo de los últimos meses que ha dañado
los cultivos, y a la subida de los costes de etanol, un combustible
derivado del azúcar del que Brasil es el primer productor
mundial. Además, los analistas pronostican que la tasa Selic
terminará el año en 15%, un pronóstico que
se ha mantenido estable en lo que va de año.
Dificultades. Pero no todo han sido buenas noticias
esta semana para el Gobierno de Lula. El ministro de Hacienda, Antonio
Palocci, uno de los principales colaboradores del presidente brasileño,
se enfrentó a un interrogatorio de una comisión parlamentaria
investigadora (CPI), dominada por las fuerzas de la oposición.
Palocci tuvo que responder ante denuncias sobre presuntas donaciones
no declaradas ante las autoridades electorales para el gubernamental
Partido de los Trabajadores (PT), cuando era alcalde de Riberirao
Preto. Pero el titular de Hacienda, considerado por los mercados
financieros como el garante de la estabilidad económica de
Brasil, volvió a negar una vez más las acusaciones
que se le imputaban y rechazó además que Cuba hubiese
ayudado a financiar la campaña electoral de Lula.
Además, el equipo de Gobierno de Brasil manifestó
su malestar ante la decisión de Washington de vetar la venta
de aviones militares a Venezuela. Así lo manifestó
el ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim, en una entrevista
publicada por el diario Folha de Sao Paulo, en la que califica
de absurda la imposición estadounidense y pide a la Administración
Bush que revise su postura. Además, el alto funcionario advirtió
que, si es necesario, acudirá a la Organización Mundial
del Comercio (OMC) para protestar contra el veto.
Estas declaraciones de Amorin fueron la respuesta a la intención
de la Casa Blanca de impedir a la Empresa Brasileña de Aeronáutica
(Embraer) la venta de 25 aviones de modelo 'Super Tucano' con componentes
tecnológicos estadounidenses a Venezuela, por valor de 200
millones de dólares (163 millones de euros).
El canciller brasileño indicó que espera que EEUU
modifique su postura tras las conversaciones telefónicas
que mantuvo con los secretarios de Comercio y de Estado de la Administración
Bush, Bob Portman y Condoleeza Rice, respectivamente. En este sentido,
Amorim reconoció que si bien Rice le aseguró que analizaría
el asunto, la explicación de la 'número dos' estadounidense
no le resultó convincente.
La política de EEUU hacia Venezuela, según expuso
Amorin, es un problema exclusivo entre ambas naciones. Además,
el alto funcionario destacó que la nación venezolana
no es una amenaza para nadie, ni tampoco está bajo sanciones
militares o económicas aprobadas por algún organismo
internacional. En cualquier caso, el canciller brasileño
subrayó que si existía algún impedimento de
venta de armas a Venezuela, no era conocido por Embraer cuando se
realizó la operación comercial.
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