Si bien es cierto que por los documentos de Naciones Unidas (ONU), los comunicados de la Organización de Estados Americanos (OEA), los pronunciamientos oficiales de los países que intervienen directamente en la misión militar de la ONU en Haití, los informes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y en su mayoría los de los observadores independientes -que los hay-, no dudan en coincidir -y sin duda alguna resaltan- el total fracaso de la intervención internacional en la isla.

Lamentablemente, no sólo no se ha podido superar el caos previo al derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, sino que, con los resultados en mano, esa intervención internacional ha contribuido a profundizar más aún las dificultades.

En los dos últimos años, y a pesar de la intervención colectiva de tropas, Haití no ha podido destrabar la denominación de “estado fallido”. El Estado no se ha estabilizado, la pacificación cada vez está más lejos, por ende la reconciliación de la sociedad se complica, ni que hablar de garantizar el territorio. Como alguna vez plasmamos en esta misma columna, el fantasma de Papa Doc, más vigente que nunca, ronda por la isla.

La población haitiana no ha dejado las armas. Grupos paramilitares siguen fuertemente pertrechados, no existe un clima mínimo de convivencia, la polarización tan radicalizada en pro y contra Aristide se mantiene vigente, la violencia política ha aumentado, en el último año se han producido más de 1.500 asesinatos con fines políticos; el secuestro ha proliferado geométricamente, llegando a convertirse en un redituable negocio; las condiciones socioeconómicas siguen siendo catastróficas: de los 1.085 millones de dólares prometidos por los países donantes, varios cientos de millones no se han desembolsado todavía; la fragilidad electoral es concreta, se ha pospuesto ya cuatro veces la fecha de elecciones, y la criminalidad organizada crece a ritmos acelerados.

Evidentemente, la única verdad sobre la isla es la realidad y en medio de este escenario, urge proponer un programa de reformas estructurales como única alternativa válida a efectos de recomponer la economía de la isla para fortalecer estructural e institucionalmente al Estado