A la espera de que la reforma migratoria planteada en Washington entre el próximo mes de febrero en el Senado de EEUU, el Gobierno de México ha decidido aumentar las presiones hacia la Administración Bush, que pretende criminalizar la presencia de ciudadanos indocumentados en territorio estadounidense, en opinión de los representantes mexicanos. La American Chamber México (Amcham) ha anunciado que está dipuesta a contratar a empresas de lobby especializadas para negociar con la Cámara alta y modificar alguno de los puntos más polémicos. Desde la Casa Blanca se insiste en que se tomará cualquier decisión necesaria para proteger la frontera y la soberanía de EEUU.

Así lo ha manifestado el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, sobre todo tras conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) tiene la intención de distribuir a partir de marzo, un 'mapa de riesgos' para emigrantes que vayan a cruzar a EEUU, en el que se señalan los posibles peligros que podrán encontrar en su camino.

En medio de este cruce de advertencias, el presidente de México, Vicente Fox, ha vuelto a manifestar su intención de mantener una conversación con su homólogo estadounidense, George Bush, para hablar directamente sobre el asunto migratorio. El portavoz de la Presidencia azteca, Rubén Aguilar, ha indicado que la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja con el fin de concretar una reunión entre ambos mandatarios el próximo mes de marzo, aunque todavía no está definido el emplazamiento del encuentro.

El líder del Ejectuvo ya intentó reunirse sin éxito en diciembre con el actual inquilino de la Casa Blanca, pero en esta segunda ocasión podría haber más posibilidades de que finalmente la reunión tenga lugar. Según Aguilar, se espera que en el cara a cara de ambos presidentes haya una tercera personalidad: el primer ministro electo de Canadá, el conservador Stephen Harper, con quien Fox y Bush hablarán sobre la profundización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), formado por los tres países.

El mandatario azteca aprovechará la ocasión para resaltar el buen funcionamiento del programa de trabajadores temporales vigente entre México y Canadá, con el fin de convencer a Bush de que la construcción de un muro fronterizo entre el país estadounidense y el azteca, tal como se contempla en la reforma migratoria planteada desde la Casa Blanca, no tiene sentido.

La barrera, considerada como una violación de derechos humanos por las ONG, es la iniciativa estadounidense que más polémica ha generado incluso entre los presidentes de países tanto latinoamericanos como europeos. Concretamente, el proyecto, que supondría una inversión de 8.000 millones de dólares (6.769 millones de euros) plantea la construcción de una doble valla de seguridad con luces y sensores desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, una línea fronteriza de 3.200 kilómetros que separa EEUU del país azteca

Blando. Sin embargo los deseos de Fox de querer hablar directamente con el actual residente de la Casa Blanca, parecen no convencer a las fuerzas de la oposición mexicana. El portavoz del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Fernández, indicó a Americaeconomica.com que el Ejecutivo azteca "no presiona lo suficiente" para combatir una medida que pretende criminalizar a los 10,3 millones de indocumentados que actualmente se encuentran en EEUU, de los que el 48% son de origen mexicano.

Pero no es la primera vez que la actitud del Gobierno mexicano ha sido tildada de blanda ante Washington. El pasado mes de diciembre, el canciller de México, Luis Ernesto Dérbez, mantuvo un encuentro con el número dos de la diplomatica estadounidense, Robert Zellick, para supuestamente manifestar su rechazo a la construcción de un muro. Dérbez parecio olvidar lo más importante: presentar una protesta formal, necesaria para que la queja adquiera carácter oficial durante la reunión a su homólogo de EEUU, según reveló Janed Edmonton, la portavoz de Asuntos del Hemisfero Occidental del Departamento de Estado.

La oficina de prensa de la embajada de México en Washington aseguró que no tenía nada que señalar a las declaraciones realizadas por Edmonton, quien explicó que en la reunión sólo se trataron temas de relación bilateral, incluida la política migratoria.

Gerardo Fernández calificó, en declaraciones a este diario, de "inaceptable y racista" la construcción del muro y subrayó la necesidad de alcanzar un acuerdo que implique respeto a los derechos humanos. El portavoz perredista aseguró que los inmigrantes mueven la economía de EEUU.

Precisamente, estas últimas declaraciones del portavoz del PRD guardan relación con las opiniones vertidas por el Consejo Nacional de la Raza (CNR), una influyente coalición de hispanos en territorio estadounidense. Mischele Waslin, analista de inmigración de la CNR, afirmó a este periódico que las compañías de EEUU presentan un défici de 40 millones de puestos, una carencia que se podría solventar si Washington legalizara a los inmigrantes que se encuentren en su país. Waslin recalcó que buscarán "un camino para conseguir la residencia fija de los trabajadores" en la nación que controla la Administración Bush.

Además, la experta de la CNR manifestó no sentirse de acuerdo con el programa de trabajadores huéspedes que propone la reforma migratoria estadounidense, por el cual los inmigrantes podrían desempañar sus actividades de manera legal en EEUU, durante un periódo máximo de seis años, pero no obtendrán la residencia antes de tener que regresar a su país de origen. No obsante, Waslin considera que este proyecto no está lo suficientemente detallado y que los empresarios quieren a trabajadores permanentes, no empleados que "vengan y se vayan".

Propuesta McCain-Kennedy. Las 23 Cámaras de Comercio Latinoamericanas quieren ir más allá y definirán durante los próximos días en Miami una estrategia para apoyar la creación del programa de trabajadores temporales que propusieron los senadores republicaciones Kennedy y McCain. El presidente de la Amcham, Larry Rubin, ha anunciado la posibilidad de contratar a empresas de lobby especializadas para presionar al Senado de EEUU, que en febrero discutirá la propuesta.

En concreto, el texto de los dos legisladores detalla que los empleados extranjeros pueden ocupar trabajos que requieran pocas habilidades y estudios pero que previamente hayan sido rechazados por los ciudadanos estadounidenses. De esta forma, los inmigrantes podrán optar por un permiso de tres años, renovable por otros tres más. Concluidos los seis años, los inmigrantes podrían iniciar el proceso para obtener la residencia permanente en EEUU.

Rubin aseguró que la valla no frenará la entrada de inmigrantes, ya que se buscará la forma de evadirla. Además, el máximo responsable de la Amcham reconoció que para las empresas integrantes de la agrupación comercial, que representan el 85% del total de la inversión extranjera en México, es urgente que se modifiquen las reformas migratorias.

De momento, la única respuesta de la Casa Blanca parece haber sido el nombramiento de Julye Myers para dirigir el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), pero su designación no está exenta de polémica. Según los diarios estadounidenses, los grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes y líderes de los partidos republicanos han criticado el nombramiento realizado 'a dedo'. Un supervisor de alto rango del ICE, citado por The Washington Times, advirtió de que la futura titular de la institución no tiene credibilidad entre la comunidad política.

Para Waslin las presencia de Myers no afectará al proceso de aprobación de la reforma migratoria estadounidense. La analista del CNR indició que las funciones de la nueva responsable del ICE están centradas sobre todo "en la burocracia de la inmigración", pero no tiene control con respecto a la política migratoria.