El Ejecutivo de Evo Morales comienza a definir las reformas del sector energético. Todavía no existe la regulación concreta que englobe todos los cambios, pero empiezan a conocerse los primeros detalles. Ya se sabe que los contratos petroleros de riesgo compartido no tendrán cabida en esta flamante legislatura. Serán sustituidos por otro tipo de convenios en los que el Estado boliviano se reserva el derecho de fijar las cantidades y los precios de las exportaciones de gas natural. Las compañías internacionales están a la expectativa y piden audiencias a las nuevas autoridades bolivianas. La estatal brasileña Petrobras ha sido la primera en reunirse con el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz.

Fuentes de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPF) han adelantado a Americaeconomica.com que en esta nueva etapa, la petrolera estatal tendrá un papel mucho más protagonista que el que ha ejercido hasta este momento. YPF será el organismo encargado de definir el volumen de producción de hidrocarburos, el precio de venta y a quién se destinarán las exportaciones. Obtendrá esta potestad con los nuevos modelos de contrato, de producción y asociación, que sustituirán a los ahora vigentes, los de riesgo compartido.

Esta será la principal herramienta para conseguir el principal objetivo del Ejecutivo boliviano: la recuperación del control de los hidrocarburos. Aunque esta tarea no será fácil y mucho menos rápida. Todavía falta por redactar los modelos de los nuevos contratos y también hay que hablar con las petroleras internacionales, que ya recurrieron a los tribunales para alentar el cumplimiento de los tratados de protección de inversiones que sus países de origen tienen suscritos con el Estado boliviano, cuando el Gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez ratificó el pasado mes de junio la actual Ley de Hidrocarburos, que eleva los impuestos a la producción al 32% y las regalías al 18%.

Además, antes de esto, hay que definir la legalidad de los contratos petroleros con las compañías internacionales y, por tanto, determinar si será una transición de convenios o una nueva suscripción. Andrés Soliz ha anunciado que pedirá al Parlamento que defina la legalidad de los 71 contratos suscritos entre el Estado boliviano y las empresas extranjeras. Estas compañías debían haber adaptado sus convenios a la Ley de Hidrocarburos, pero el plazo ya ha finalizado y el cambio no se ha efectuado. Ante este incumplimiento, el ministro Soliz propone declarar estos contratos nulos y firmar otros nuevos, los de producción o asociación.

Andrés Soliz considera que la no adaptación de los contratos a la nueva ley petrolera no es el único requisito que se ha infringido. Para el ministro, estos convenios tampoco tuvieron la aprobación del Congreso en 1989, cuando se firmaron. En su opinión, estos contratos deberían considerarse nulos. Pero ha asegurado que si el Parlamento decide lo contrario, él los admitirá.

El plazo de las compañías para adaptarse a esta nueva legislación concluía a mediados del pasado mes de noviembre. Pero ninguna de ellas firmó la transición. Esta irregularidad provocó el malestar del partido de Evo Morales. El presidente de la Comisión de Energía del Congreso en aquella fecha, Santos Ramírez, ahora nombrado presidente del Senado, declaró en reiteradas ocasiones a Americaeconomica.com que esos contratos no tenían ninguna legalidad.

A pesar de todas las cuestiones pendientes, la decisión está tomada y es firme. Desde YPF aseguran que llevar a cabo estos cambios es su máxima prioridad. Además, también analizan otras disposiciones como reducir las exportaciones de hidrocarburos no transformados. La idea es invertir en la construcción de plantes de GTL, que convierten el gas natural en biodiésel, y exportar directamente los combustibles ya procesados.

Fuentes de la petrolera estatal boliviana insisten que estas novedades no son incompatibles con la ley petrolera vigente. Sin embargo, en los mercados internacionales hay mucho excepticismo y temen que el Ejecutivo de Evo Morales cambie por completo la legislación energética del país.

Estas dudas pueden que hayan motivado a las empresas internacionales, que quieren conversar estos cambios directamente con el Gobierno boliviano. La dirección de la hispano-argentina Repsol YPF ya ha comunicado a la cúpula del Ministerio de Hidrocarburos que quiere entablar negociaciones. Una solicitud que todavía no ha tenido respuesta.

Quien sí ha contactado con el ministro de Hidrocarburos ha sido Petrobras. El presidente de la filial boliviana de la petrolera brasileña, José Fernando de Freitas, se reunió el martes con Soliz y le aseguró que la compañía está dispuesta a colaborar en todo con el Gobierno boliviano y extrechar aún más sus relaciones.

Fuentes de la compañía han asegurado a Americaeconomica.com que De Frietas ha sentado las bases para crear una nueva sociedad con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que la compañía brasileña está dispuesta a acatar las nuevas reglas que imponga, en materia de hidrocarburos, el nuevo Gobierno.

Petrobras no sólo quiere mantener sus actuales operaciones en el país andino (con las que controla el 46% de las reservas de gas natural del país), sino que también está interesada en emprender nuevos proyectos dentro del nuevo marco reglamentario que quiere llevar a cabo el nuevo Gobierno boliviano.

Además, la compañía brasileña ha propuesto a Andrés Soliz la creación de una sociedad conjunta junto a YPFB. En este acuerdo, ambas compañías compartirían al 50% la titularidad de las dos refinerías que controla Petrobras en el país, una en Cochabamba y otra en Santa Cruz.

El presidente de la filial boliviana de Petrobras ha asegurado después de su encuentro con Andrés Soliz que el objetivo de esta conversación inicial es comunicar al nuevo Gobierno de Bolivia su disposición total para mantener un diálogo continuo y amigable. Y ha añadido que los dos países tienen un objetivo en común: mejorar las calidad de vida de la sociedad a través de la industria de los hidrocarburos. Unas palabras que merecieron el aplauso del ministro boliviano.

Quizás, la petrolera brasileña sea una de las más privilegiadas en Bolivia. Después de las elecciones que otorgaron la Presidencia a Evo Morales, el líder del MAS aseguró que las compañías estatales latinoamericanas iban a tener un papel potagonista en la revolución energética del país. Auque este trato de favor puede ser una contraprestación de Bolivia a Brasil, por potenciar el rol energético de Bolivia en la región latinoamericana.

Hoy viernes, el Descifrado.com reproduce las declaraciones del presidente de Petrobras, José Gabrielli, que ha asegurado que la idea del "Gasoducto del Sur", el proyecto de interconexión energética en el subcontinente, ha sido una idea suya y no del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien se otorga este mérito. A este respecto, Evo Morales es un invitado de honor en esta mega-contrucción.