La compañía española aeronáutica y de defensa, EADS-CASA, ha asegurado al Gobierno de Hugo Chávez que su propósito es cumplir con el contrato y venderles los 12 aviones militares. Pero ha pedido un plazo de un mes para presentar un nuevo presupuesto. La nueva oferta incluirá forzosamente, después del veto de EEUU, un incremento en los costes, al tener que utilizar componentes electrónicos distintos a los estadounidenses. El Gobierno español ha manifestado su interés en ejecutar la venta, ahora falta que Venezuela acepte el precio.

El contacto entre los directivos de EADS-CASA con el Gobierno de Chávez se produjo ayer, un día después de que el ministro de Defensa español, José Bono, hablara por teléfono con su homólogo venezolano, Orlando Maniglia. En esta conversación, Bono aseguró a Maniglia que el contrato con la empresa española Navantia, para vender a Venezuela ocho patrulleras, sigue adelante.

El pasado 28 de noviembre, Bono firmó en Caracas un contrato con las autoridades venezolanas que incluía la venta de 12 aviones militares y ocho lanchas patrulleras. Pero la prohibición de Washington a que se emplee la tecnología estadounidense en la construcción de los aviones ha puesto en peligro el cumplimiento de este convenio.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español han asegurado a Americaeconomica.com que la posición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue siendo la de cumplir con esos contratos, aunque han reconocido que, la decisión final corresponde a la compañía aeronáutica española.

Uno de los responsables de EADS-CASA, Juan Manuel Tejada, también ha asegurado que la empresa quiere cumplir con la venta de los 12 aviones militares a Venezuela. La prohibición de Washington a que se use tecnología estadounidense en la construcción de las aeronaves ha obligado a la empresa española a buscar estos mismos componentes en Europa o Asia, lo que ha elevado el presupuesto inicial en 15 millones de euros. Tejada ha desmentido las declaraciones de otros responsables de la aeronáutica que aseguraban que la compañía estaba estudiando cancelar este contrato.

Se desmienten los rumores. La pasada semana, el diario español La Gaceta de los Negocios publicó las consideraciones de algunos resposables de EADS-CASA, que afirmaban que utilizar componentes tecnológicos distintos a los estadounidenses obligaba a rediseñar de nuevo parte de los aviones, entre ellos los sistemas de radares y vigilancia. Lo cual también se correspondería con pérdidas para la propia compañía. Sin embargo, Tejada ha declarado a Europa Press que las modificaciones en el presupuesto se trasladarán al Gobierno venezolano, que tendrá la última palabra sobre la aceptación o no de este contrato.

En la prensa venezolana se ha destacado otro punto que estaría condicionando mucho a la empresa española. Según El Universal, EADS-CASA también tiene algunos contratos suscritos con EEUU. Y si, finalmente, la compañía optara por comprar otros dispositivos, podría poner en peligro sus negocios con EEUU. Tantas declaraciones cruzadas han impacientado al presidente Hugo Chávez, que ha dicho que está dispuesto a comprar estas aeronaves a Rusia o China, dos países que no necesitan de la tecnología estadounidense y, por lo tanto, no dependen de la autorización de Washington para poder vender aviones al país latinoamericano.

Además de los aviones, España y Venezuela tratan conjuntamente otra cuestión: las expropiaciones de tierras de españoles en el país latinoamericano. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León, aseguró ayer jueves que el Ejecutivo español ha protestado ante el Gobierno venezolano por la expropiación de tierras a algunos españoles en el país andino. Las confiscaciones forman parte un plan del Gobierno de Hugo Chávez para reactivar las tierras abandonadas entregándolas a los venezolanos para que las cultiven.

Las expropiaciones. León ha declarado que el Ejecutivo español está en contacto con los españoles que han perdido sus propiedades en Venezuela. Así como con las autoridades venezolanas. El secretario de Estado ha señalado que el mes pasado algunos miembros del Ministerio de Exteriores español se reunieron con encargados de la Embajada de Venezuela en Madrid para comunicarle la preocupación de España sobre estas acciones. Sin embargo, León no ha explicado cuál ha sido la respuesta de las autoridades venezolanas.

El secretario de Estado ha adelantado que el próximo 10 de febrero el Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI) emprenderá nuevas iniciativas. León tiene esperanzas de que sea este el momento en el que se dé una solución concreta a las denuncias de los españoles. Sin embargo, los planes del Gobierno de Hugo Chávez parece que no incluyen una vuelta atrás a su plan de expropiaciones. El pasado 10 de enero, el propio mandatario anunció que este año tiene previsto expropiar un total de 1,5 millones de hectáreas.

La agencia estatal de noticias venezolana publicó el pasado mes un discurso del mandatario venezolano en el que Chávez aseguraba que una de las metas que se ha propuesto el Ejecutivo en 2006 es conseguir la recuperación de los terrenos y la entrega de nuevos títulos de propiedad a los campesinos. Una acción que ya hizo efectiva durante el año pasado. Tal y como explicó Chávez, el reparto de las tierras expropiadas se hizo a título personal, 127.000 hectáreas, y a cooperativas, 873.000 hectáreas.

La decisión del Gobierno venezolano no cuenta con el visto bueno de algunos analistas internacionales. JP Morgan valora negativamente este proceso de expropiaciones y ha advertido al Ejecutivo que estas acciones van a repercutir en el ánimo de los inversores extranjeros y nacionales, que van a dejar de confiar en la seguridad jurídica del país.

Los expertos de JP Morgan consideran que, a pesar de que el Gobierno de Chávez haya prometido respetar todos los derechos legales de los propietarios, se está generando una ardua polémica en la que los empresarios privados ponen en entredicho los principios en lo que dice basarse el Estado venezolano.

En la misma línea están las consideraciones de la consultora Aon Credit, que acaba de publicar el "Mapa de Riesgo Político y Económico 2006". En este estudio se asegura que los países latinoamericanos son cada vez más fiables para los empresarios españoles. Chile sigue encabezando esta clasificación en Latinoamerica y es considerado como el país de la región más seguro. En el otro extremo están Venezuela y Bolivia, calificados como de "riesgo alto". Sin embargo, estos dos países son la excepción. Los técnicos que han elaborado este mapa creen que el cambio de Gobierno en Bolivia ha despertado una cierta preocupación para las empresas extranjeras, que temen que las promesas del nuevo Ejecutivo de Evo Morales se materialicen en perjuicios para las compañías allí establecidas. Lo mismo sucede con Venezuela. Las expropiaciones que ha emprendido el Gobierno de Hugo Chávez han provocado la desconfianza del sector empresarial internacional.