Las Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú (AFP) podrían estar presionando al Ejecutivo de Alejandro Toledo para que no ratifique el proyecto de ley que permite la libre desafiliación de la AFP. Así lo ha declarado a Americaeconomica.com Juan José Gorriti, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del país (CGTP), quien calificó de "abusivas" las comisiones que estas instituciones cobran a los trabajadores.

El responsable sindical explicó que las AFP quieren mantener los 900.000 millones de soles (229.752 millones de euros) que obtienen por las comisiones que cobran a sus clientes. Además Gorriti considera que estas instituciones no reinvierten con eficacia el 10% de los ingresos que los trabajadores peruanos suscritos a este mecanismo están obligados a pagar.

Movilizaciones. Más de 180 agrupaciones, coordinadas por la CGTP, el mayor gremio sindical del país, se movilizaron el pasado miércoles para intentar convecer al presidente peruano, Alejandro Toledo, de que ratifique el proyecto de ley, que ya ha sido aprobado por el Congreso. Los manifestantes respaldan su exigencia al asegurar que la Constitución de Perú establece el derecho a la libre elección y contratación.

Por esta razón, el presidente de la CGTP, Mario Huamán, en una entrevista a una emisora de radio local, advirtió que impondrán un recurso de inconstitucionalidad en caso de que Toledo decline aprobar la reforma. El máximo responsable de este sindicato aprovechó la ocasión para anunciar que no apoyarán a Lourdes Flores, la candidata a la Presidencia de Unidad Nacional (UN) y favorita según los últimos sondeos.

En este sentido Haumán aseguró que su gremio no respaldará a una aspirante que apoya, en su opinión, las ganancias abusivas de las AFP. Además, el sindicalista denunció también la presencia de grupos de poder económico que conspiran para que se rechace el proyecto.

En Perú existen cinco AFP que funcionan desde 1993 y que hasta la fecha tienen un fondo acumulado de 10.000 millones de dólares (8.402 millones de euros) para 3,6 millones de afiliados. Desde el Gobierno peruano se analiza la posibilidad de presentar una contrapropuesta a la iniciativa.