El presidente boliviano, Evo Morales, sigue presionado por las amenazas de sus antiguos aliados, sobre todo las de Felipe Quispe. Al mandatario le quedan 45 días para poner en práctica sus promesas electorales. De no ser así, Quispe ha asegurado a Americaeconomica.com que se encargará de promover movilizaciones en su contra para echarle del poder. Pero Evo no sólo tiene esta preocupación, también ha asegurado que posee pruebas que demuestran que las petroleras internacionales que operan en el país están conspirando para derrocarle.

Felipe Quispe, el líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), mantiene el ultimátum que dio a Evo Morales nada más ganar las elecciones. Si cuando llegue el mes de marzo el flamante presidente boliviano no ha cumplido todas las promesas electorales, entre ellas la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a Asamblea Constituyente, Felipe Quispe movilizará a la comunidad india para echar del poder a Evo Morales.

El líder indígena, que capitaneó las protestas y bloqueos que forzaron la renuncia de Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa y en las que también participó el propio Evo Morales, ha declarado a este diario que está dispuesto a utilizar esta misma técnica, en el caso de que el nuevo Ejecutivo defraude al pueblo boliviano e ignore los planteamientos por los que recibió tantos votos en los comicios de diciembre.

Felipe Quispe resume esta advertencia en una frase muy contundente: "Evo podría pasar de ser bloqueador de presidentes a presidente bloqueado". Sin embargo, su mensaje no se compone únicamente de amenazas. También ha reconocido sentirse muy satisfecho porque un hermano indígena esté al frente de la Presidencia de Bolivia.

Además, también aplaude las primeras iniciativas del nuevo Gobierno que está agilizando los trámites para la instalación de la Asamblea Constituyente. Una cita, en la que la CSUTCB y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), que también lidera Felipe Quispe, van a presentar un plan con 10 puntos claves para la nueva definición del país. Entre ellos, destaca el planteamiento de justicia comunitaria en Bolivia y nuevos planes generalizados de educación.

Otra de las importantes organizaciones que también protagonizaron las protestas en contra de los gobiernos de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa es la Central Obrera Boliviana (COB). Esta patronal también se había sumado al ultimátum de los 90 días para que Evo Morales pusiera en práctica sus promesas electorales. Sin embargo, fuentes del sindicato han declarado a Americaeconomica.com que han ampliado ese plazo.

La nueva fecha límite es el 31 de mayo, después de que la COB haya celebrado una asamblea general en la que se decida qué proyecto presentar en la Asamblea Constituyente. Los miembros de esta confederación han propuesto que en vez del proceso constituyente se reformara el país a través de una Asamblea Popular.

El complot de las petroleras. Evo Morales tiene otra preocupación. Ha denunciado públicamente que las petroleras internacionales que operan en el país traman una conspiración en su contra. Según los miembros del Gobierno, el partido de la oposición Podemos, liderado por el ex presidente Jorge Quiroga, también estaría detrás de este supuesto enredo.

Esta denuncia no atañe a las petroleras estatales latinoamericanas. La brasileña Petrobras y la venezolana Pdvsa han sido excluidas de estas acusaciones. Todo lo contrario, el objetivo de Evo Morales es que estas dos compañías adopten un papel protagonista en los cambios en el sector energético que ahora está en proceso de gestación.

Las reformas en el área de los hidrocarburos son las que más expectativas han generado. Por el momento, el Gobierno boliviano está muy satisfecho y asegura que el acuerdo con las petroleras internacionales está cerca. Fuentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) han asegurado a Americaeconomica.com que los cambios que el Ejecutivo boliviano quiere introducir en el sector de los hidrocarburos del país han tenido una muy buena acogida entre las compañías extranjeras.

Las nuevas normas, tal y como adelantó este diario tienen el objeto de la recuperación del dominio soberano de los hidrocarburos. Algo que se instrumentalizará con la transformación de los actuales contratos de riesgo compartido a la nueva modalidad de convenios por producción o asociación. Unos textos que dejan en manos del Estado la definición de los volúmenes de exportación, la fijación de precios y del destino de las exportaciones de gas.

Este entendimiento se ha puesto de manifiesto con Petrobras. Esta semana el asesor del Ejecutivo de Lula, Marco Aurelio García, ha mantenido reuniones con el ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, y el propio Evo Morales.

Fuentes de YPFB han declarado a este diario que estos encuentros han servido para expresar una vez más la afinididad del Gobierno de Lula con el de Evo Morales. Está previsto, según las informaciones de YPFB, que la próxima semana una delegación de Petrobras se translade a Bolivia para analizar junto a las autoridades del país las futuras inversiones. La petrolera estatal brasileña ha propuesto a las autoridades la creación de una sociedad conjunta junto a YPFB. En este acuerdo, ambas compañías compartirían al 50% la titularidad de las dos refinerías que controla Petrobras en el país, una en Cochabamba y otra en Santa Cruz.

Bolivia ha respondido a esta proposición con otra oferta: formar una multinacional energética estatal con Petrobras y la venezolana Pdvsa para controlar la producción y el precio del gas en Latinoamérica. La nueva compañía, Petroamérica, incluiría en igualdad de condiciones a los principales países productores de hidrocarburos y ofrecería servicios energéticos a las naciones del subcontinente a precios competitivos.

El avance en esta materia no se reproduce en la definición de algunos puntos claves para la organización del flamamente Gobierno. La prensa local ha sacado a la luz algunos descuerdos dentro del MAS. Estas disputas, que giran en torno a la reducción del salario de los miembros del Ejecutivo y al nombramiento de determinadas autoridades, amenazan incluso a la misma estructura del partido, según el diario La Prensa.

Conflictos en el MAS. Las discrepancias también han motivado la preocupación del presidente Evo Morales, que ha reunido a los congresistas del MAS para marcar la línea de actuación en este asunto hasta que ha conseguido sacar adelante su propuesta. A los pocos días de acceder a la Presidencia, el mandatario boliviano anunció que todos los cargos públicos reducirían sus salarios en un 50%.

Pero en el Congreso esta iniciativa provocó desacuerdos en el interior del MAS. Algunos diputados de esta agrupación, principalmente los de las provincias más alejadas de La Paz, alegaban que tendrían gastos excesivos en sus traslados a la capital. Además, en esta misma propuesta se incluye que los suplentes de los diputados no recibirán ninguna remuneración y tampoco podrán desempeñar ningún cargo en la administración pública.

El diario boliviano también señala que algunos antiguos colaboradores de Evo Morales no están conformes con el nombramiento de Álvaro García en la Vicepresidencia. Estos militantes recelan de las excesivas apariciones públicas de García en temas de política exterior. Unas actuaciones que han conseguido un acercamiento con el Gobierno de EEUU y el Ejecutivo chileno de Ricargo Lagos.

La prensa también apunta a que el vicepresidente y Evo Morales han dejado de ser amigos inseparables. Descifrado.com revelaba que Álvaro García se ha negado a trasladar su residencia al Palacio Quemado, sede del Gobierno de Bolivia. El motivo sería ciertas desavenencias entre el número dos de Evo Morales y el propio mandatario.

Los rumores también indican que Álvaro García se niega a compartir techo con Evo, quien obliga a sus colaboradores a trabajar de sol a sol en jornadas que llegan hasta las 21 horas. Aunque, probablemente, la escusa que el vicepresidente habrá puesto al mandatario es que tiene una biblioteca de más de 20.000 libros que no cogen en el espacio que Evo le ha asignado dentro del Palacio.

Camino a la Constituyente. Mientras tanto, la actividad legislativa sigue su curso. El Congreso de Bolivia ya tiene a su disposición los proyectos de ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. El próximo viernes comenzará el debate. Los diputados tendrán que elegir entre varias propuestas. La del MAS y la del grupo opositor Podemos son algunas de ellas.

El proyecto del partido de Evo Morales establece cómo debe ser la selección de los miembros de la Constituyente. Se eligirán tres miembros por cada una de las 70 circunscripciones bolivianas. En esta elección podrá participar cualquier partido político o movimiento social boliviano. En el caso de que una agrupación aglutine más del 50% de los votos, llevará a sus tres representantes a la Constituyente. Uno de los miembros, de manera obligatoria deberá ser una mujer.

Según el periódico La Razón, con esta fórmula el MAS se aseguraría el control total de la Constituyente. En las pasadas elecciones, el MAS ganó en 44 de las 70 circunscripciones. Si esos resultados se repitieran, este partido conseguiría al menos 88 miembros en este proceso. Una cifra a la que habría que añadir los diputados constituyentes extras, fruto de los lugares en los que ganara con más del 50% de los votos.

Para evitar que esto suceda. Podemos ha preparado un proyecto de ley con un método de selección distinto. El diputado de Podemos, Carlos Bert, ha explicado a Americaeconomica.com en que su propuesta incluye tres fórmulas de selección distintas: en lista nacional, en las regiones y por circunscripiciones uninominales.

Cualquiera de los textos tendrá que estar aprobado el próximo mes de marzo. Fecha en la que se iniciarán los prepartivos de las elecciones para elegir a los miembros de la Constituyente, prevista para el 2 de julio. Finalmente, el 6 de agosto se iniciará el proceso.