El conflicto autonómico se ha revivado en Bolivia. El debate se ha planteado después de que Evo Morales se comprometiera a realizar el referémdum autonómico al mismo tiempo que la votación para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, que se celebrará el 2 de julio, pero no había dicho una palabra sobre el carácter que debía tener la consulta. Ahora, cuando el Ejecutivo se reúne con los representantes de Santa Cruz, la provincia que reivindica su autogestión desde hace años, han vuelto a resurgir los desacuerdos. El mandatario boliviano no quiere que el referéndum tenga carácter vinculante, y los líderes cruceños exigen que lo tenga.

No sólo hay este punto de desacuerdo. El Ejecutivo y Santa Cruz tampoco coinciden en si la consulta tendría que tener carácter nacional, es decir, si se tienen en cuenta los votos de todo el país para obtener el resultado, o si corresponde realizar un referéndum en cada provincia. La segunda opción es la apuesta de la provincia cruceña.

Carlos Dabdoub, representante del Gobierno de esta región, ha asegurado a Americaeconomica.com que la votación debe tener carácter obligatorio. Según él, los representantes de esta provincia quieren que su lucha por conseguir la puesta en marcha de este proceso no quede como una simple opinión, sino que debe acatarse el resultado y llevarlo a la práctica. Además, Dadoub también ha declarado que es mucho más adecuado celebrar votaciones en cada una de las nueve provincias bolivianas. En su opinión, es la mejor forma de medir los deseos de todos los bolivianos.

En contra están las consideraciones del Ejecutivo, que considera que hay que celebrar una Asamblea Constituyente libre de intereses regionales. Evo Morales y su equipo de Gobierno no quieren que en el proceso constituyente, en el que se tienen que definir las transferencias políticas que se realizarán a las autonomías, las propuestas estén marcadas ya por gobiernos provinciales. Tampoco desean que la Constituyente se realice con unos representantes divididos, unos a favor de las autonomías y otros defensores de un Estado centralizado.

Para los líderes de Santa Cruz estos argumentos no son válidos. Alegan que esta Asamblea Constituyente no es originaria, se realiza sobre un Estado de Derecho que a día de hoy sigue vigente y que, por lo tanto, debe recoger e incluir los cambios que la mayoría del pueblo, dividida en regiones, quiera.

Los líderes políticos de Santa Cruz aspiran a conseguir una autonomía en la gestión de la agricultura. Según Dabdoub, no se han planteado solicitar la administración de los recursos naturales, a pesar de ser la región que genera el 56% de las reservas de hidrocarburos de todo el país. Los cruceños quieren tener la competencia para definir la política de reparto de tierras. Consideran que si este trabajo se hace directamente en cada una de las provincias se realizaría con más rapidez y eficacia.

La experiencia da la razón a Santa Cruz. El tema central de la reforma agraria en Bolvia es el saneamiento de las tierras. Un proceso que controla el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INDRA) desde 1996, año en que se creó este organismo. Entonces, el Gobierno de Sánchez de Lozada se marcó como objetivo redistribuir un total de 108 millones de hectáreas en el plazo de diez años, pero hasta la fecha sólo se ha conseguido otorgar títulos de propiedad de 6,9 millones de hectareas.

El reparto de tierras se ampara en un artículo de la Constitución que dice que la tierra es para quien la trabaja y que tiene una función económica social. Bajo esta prescripción, el INRA analiza los más de 750 latifundios que superan las 10.000 hectáreas en todo el país. Después de comprobar que los propietarios de esos campos no trabajan esos terrenos y que esa labor se relega a campesinos sin títulos de propiedad, el organismo requisa a los propietarios esas parcelas y se las entrega a los campesinos.

Precisamente, este tema es uno de los más complicados que ha de resolver el nuevo Gobierno de Evo Morales. El actual mandatario incluyó el reparto de tierras entre una de sus promesas electorales. El líder campesino Felipe Quispe que estuvo al lado de Evo Morales en las protestas que echaron del poder a Sánchez de Lozada y forzaron la salida de Carlos Mesa, ha asegurado a Americaeconomica.com que si Evo no pone en práctica todos sus compromisos, llevarán a cabo movilizaciones para también derrocar a Evo.

Pero la discusión sobre las autonomías acaba de empezar y existe la posibilidad de consenso. El representante del Gobierno de Santa Cruz también ha asegurado que el nuevo prefecto (gobernador), Rubén Costas, ha creado una comisión para estudiar el proceso económico y que muy pronto se reanudarán las conversaciones con el Ejecutivo.

El Gobierno está contactando con todos los sectores sociales para que cuando se inicie el proceso constituyente haya un clima de consenso y entendimiento. Pero el camino parece complicado. El Congreso de Bolivia ya tiene a su disposición los proyectos de ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Los diputados tendrán que elegir entre varias propuestas. La del MAS y la del grupo opositor Podemos son algunas de ellas.

El proyecto del partido de Evo Morales establece cómo debe ser la selección de los miembros de la Constituyente. Se eligirán tres miembros por cada una de las 70 circunscripciones bolivianas. En esta elección podrá participar cualquier partido político o movimiento social del país. En el caso de que una agrupación aglutine más del 50% de los votos, llevará a sus tres representantes a la Constituyente. Uno de los miembros, de manera obligatoria, deberá ser una mujer.

Según el periódico La Razón, con esta fórmula el MAS se aseguraría el control total de la Constituyente. En las pasadas elecciones, el MAS ganó en 44 de las 70 circunscripciones. Si esos resultados se repitieran, este partido conseguiría al menos 88 miembros en este proceso. Una cifra a la que habría que añadir los diputados constituyentes extras, fruto de los lugares en los que gane con más del 50% de los votos.

Para evitar que esto suceda, Podemos ha preparado un proyecto de ley con un método de selección distinto. Carlos Bert, diputado de Podemos, ha explicado a Americaeconomica.com en que su propuesta incluye tres fórmulas de selección distintas: en lista nacional, en las regiones y por circunscripiciones uninominales.

Cualquiera de los textos tendrá que estar aprobado el próximo mes de marzo. Cuando se iniciarán los prepartivos de las elecciones para elegir a los miembros de la Constituyente y se votará el referéndum autonómico, previsto para el 2 de julio. Finalmente, el 6 de agosto se iniciará el proceso constituyente.