El Legislativo de Arizona (EEUU) ha aprobado una reforma legal para obligar a pagar a la comunidad inmigrante un impuesto del 8% cada vez que envíen dinero a sus familiares en México y Centroamérica. Se prevé que durante el primer año de implantación la medida permita recaudar 80 millones de dólares (60 millones de euros), que se emplearían para construir un muro a lo largo de la frontera entre Arizona y Sonora (México) y frenar la entrada de ciudadanos en condiciones ilegales.

En el Estado de Arizona viven cerca de 10 millones de inmigrantes indocumentados, que envían una media de 900 millones de dólares (758 millones de euros) por año a sus países de origen en concepto de remesas, lo que equivale aproximadamente al 5% del dinero total que los mexicanos en esta región estadounidense mandan a sus familias.

A la espera de que la iniciativa sea sometida a consulta popular, gobernadores de varios estados norteamericanos han asegurado que harán llegar al actual inquilino de la Casa Blanca, George Bush, su preocupación por el creciente flujo de inmigrantes que están entrando en el país. Las últimas cifras estiman en 11 millones la cantidad de ciudadanos en condiciones ilegales en EEUU.