El Gobierno de Argentina se ha movilizado para tratar de poner fin a los obstáculos que la empresa estadounidense Monsanto, especializada en el desarrollo de tecnología transgénica para la agricultura, está poniendo a las exportaciones de soja argentina. Miguel Campos, secretario de Agricultura del país austral, se desplazó hasta Washington para reunirse con altos directivos de la Administración estadounidense con el objetivo de tratar, entre otros aspectos, el contencioso que la multinacional estadounidense mantiene con el sector sojero argentino. Sin embargo, aparentemente no consiguió alcanzar un compromiso firme del subsecretario de Agricultura Exterior de EEUU, John Penn, que aseguró que ha tomado nota de las peticiones de Campos y que espera que el conflicto se encamine hacia una solución.

Monsanto mantiene que se ha visto obligada a solicitar la retención en las aduanas europeas de varios cargamentos de soja argentina y derivados (como harina y aceite) y ha iniciado acciones judiciales para que los jueces dictaminen si existe una infracción de la patente. La empresa afirma que los productores argentinos hacen uso ilegítimo de unas semillas transgénicas que Monsanto tiene patentadas en Europa pero no en Argentina. Denuncian que los agricultores usan las semillas transgénicas y luego, parte del grano de sus cosechas lo reutilizan como semillas para las siembras posteriores y que gracias a esta práctica han conseguido aumentar su producción y sus beneficios.

"Monsanto solicitó la patente en 1996 al tiempo que iniciaba la comercialización pendiente de patente. Esta solicitud fue rechazada en 2001 en circunstancias controvertidas. Mientras tanto, el cultivo de las variedades de soja que contiene nuestra tecnología ha permitido que el cultivo de la soja se extienda en Argentina de una forma mucho más rentable. Desde hace más de dos años hemos establecido distintas discusiones que no han conducido a resultado alguno. Por tanto, nos hemos visto obligados a ejercer nuestros derechos en Europa", aseguraron fuentes de la empresa a Americaeconomica.com.

Sin embargo, los productores argentinos no comparten esta opinión. En declaraciones a este medio, Luis Contigiani, un portavoz de la Federación Agraria Argentina (FAA), que agrupa a pequeños y medianos productores del campo, aseguró que la actitud de Monsanto en Europa es un abuso sobre los agricultores y forma parte de una estrategia de la empresa matriz para sacar unos beneficios económicos de casi 120 millones de dólares (más de 100 millones de euros).

"La actitud de Monsanto es ilegal. No patentó las semillas porque se le pasó el plazo para hacerlo. Monsanto liberó el gen de las semillas en Argentina y ahora quiere cobrar por ello a través de una estrategia en Europa, donde sí tiene la patente. Pero además, la patente es sobre las semillas, no sobre la harina y el aceite de soja", indicó Contigiani.

Transgénicos. Argentina permitió la agricultura transgénica en 1996. En esa fecha, Monsanto introdujo en el país unas semillas transgénicas que fueron muy bien acogidas por los agricultores argentinos, ya que daban a la planta de la soja una gran resistencia contra el glifosato (poderoso herbicida que acaba con las malas hierbas). Sin embargo, Monsanto no patentó estas semillas, sino que las distribuyó a través de licencias con otras empresas del país. La legislación argentina no permite la patente de productos que estén en la naturaleza y por ello capacita a los agricultores a usar sus propio grano como semilla, siempre de forma individual y nunca para venderlo directamente.

Y entre los productores y la multinacional están los exportadores de soja argentinos. Los exportadores buscan encontrar una solución al conflicto para poder reanudar su comercio con Europa, destino del 27% del total de las exportaciones de la leguminosa argentina. Representantes de la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), uno de los principales colectivos de exportadores de soja, aseguran estar muy preocupados por la situación pero añadieron que su sector no es una parte relevante en la solución del conflicto. Por ello volvieron a insistir en la necesidad de que productores, Gobierno y la propia empresa lleguen a un acuerdo.

Soluciones. Monsanto solicita un mecanismo de reconocimiento de su tecnología que implique un valor razonable y que satisfaga a todas las partes. Algunas fuentes han establecido que la empresa podría recaudar tresdólares por cada tonelada exportada, algo de lo que portavoces de Ciara, consultados por este medio, se muestran partidarios pero que los agricultores rechazan. "Es una propuesta inviable e ilegal, porque supondría pagar dos veces por una misma cosa. Además, el desarrollo de esta tecnología no habría sido posible sin la aportación de los agricultores argentinos que han puesto a disposición de ella sus cultivos", aseguraron fuentes próximas a los productores, que añadieron que la solución pasa porque la multinacional cese su actitud.

Además, los agricultores están preocupados por la situación y temen que les pueda perjudicar gravemente. "Los importadores de soja Argentina en España y otros puntos de Europa se ven obligados a pagar una fianza de entre 18 y 20 dólares (entre 15 y 17 euros) por tonelada para recuperar sus mercancías. Estas empresas pueden pedir a los exportadores que corran con los gastos y éstos a su vez pueden sentirse tentados a pagar menos a los agricultores por la soja para recuperarse. Tres dólares por tonelada significa unas pérdidas de 120 millones de dólares al año (101 millones de euros), ya que Argentina exporta 40 millones de toneladas", añadieron fuentes próximas a los agricultores.