Pedro Mariobo, viceministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, ha explicado a Americaeconomica.com los beneficios que tendrá para su país el mayor contrato minero en la historia de la nación, que ha sido firmado recientemente con la compañía india Jindal, además de los problemas a los que se enfrenta el Gobierno de Evo Morales con las protestas de los mineros cooperativistas que, según él, "defienden los intereses de las empresas privadas del sector".

- El Gobierno de Evo Morales acaba de firmar el mayor contrato minero de la historia del país con la empresa india Jindal. ¿Qué valoración hace del acuerdo?
- Las autoridades del Gobierno están en este momento en Puerto Suárez celebrando el acontecimiento con toda la población porque se trataba de una aspiración del pueblo y la región que va a generar empleo y dinamismo. Gracias a él se va a constituir un foco de desarrollo en Bolivia.

- ¿A cuánto ascenderá la inversión de Jindal en Bolivia y cuántos puestos de trabajo se crearán?
- Se ha determinado que la inversión de Jindal será de 2.100 millones de dólares (1.521 millones de euros) en diez años. También se generarán 1.000 empleos directos en una primera fase de iniciación de las actividades. En los tres primeros años se crearán 2.000 empleos directos y 3.000 indirectos. A partir de la fase productiva, en 2010, el empleo directo será de 5.000 trabajadores más otros 5.000 empleados indirectos. Esto va a generar una ciudadela en el distrito productivo de unas 20.000 personas.

- ¿Vendrán trabajores de otros países a ocupar esos puestos?
- Se ha establecido en el contrato que el 95% de los trabajadores sean de nacionalidad boliviana, lo que supone un paso más allá de nuestra legislación laboral, que establecía que el 15% de los trabajadores fueran extranjeros. Asimismo, hemos establecido una jurisprudencia por la cual el 70% de los trabajadores de la mina del Mutún serán lugareños.

- ¿Qué solución plantea al conflicto que se vive en el país con las protestas de los trabajadores de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que reivindican la paralización de las reformas legislativas del sector minero emprendidas por el Ejecutivo?
- El Gobierno tiene una postura un tanto inflexible que está justificada. Este Gobierno tiene la legitimidad democrática con un respaldo en las urnas del 54%, por la que emprende cambios en el país. El cambio más importante que se está produciendo es revertir todo el proceso de privatización de las empresas públicas, recuperar los recursos nacionales que fueron subastados a precio de "gallina muerta" en los 20 años de liberalismo. El Estado ahora busca recuperar el papel de promotor y establecer un modelo de economía mixta, donde el Estado, la empresa privada y la participación social tengan derechos equitativos. Entonces, este plan está afectando obviamente a los intereses que hay en la minería. Las empresas privadas se dieron formas de vincular al sector cooperativo con contratos de producción, para que la producción cooperativista la vendan a las empresas. De ese modo, al querer afectar a las empresas para imponerles nuevas condiciones contractuales, las cooperativas sienten que eso les afectaría, porque los compradores y sus contratistas estarían siendo afectados. De manera que se trata de una acción impulsada por el sector privado y las cooperativas temen perder su empleo o verse afectadas. Pero las normas que quiere promulgar este Gobierno no afectan para nada al sector cooperativo.

- ¿Qué es lo que exigen exactamente las cooperativas mineras al Ejecutivo?
- En primer lugar, no todas las cooperativas están contra el Gobierno, sino que se trata de sólo siete de ellas en Potosí que precisamente lideran todo el movimiento cooperativo minero del país. Lo que exigen es que no se modifiquen las disposiciones legales y que se paralice toda iniciativa legislativa promovida por el Ejecutivo hasta que la Asamblea Constituyente promulgue una nueva Constitución. Entonces, es como decirle al Gobierno que no gobierne, que no cumpla el mandato otorgado en las urnas de octubre de 2003, y esto no es negociable.

- ¿Qué medidas plantean para satisfacer a los mineros que se encuentran en huelga?
- Excluirles de un incremento en la tasa impositiva, darles el apoyo técnico y económico para incentivar la producción en la coyuntura que hay de altos precios, darles las facilidades contractuales para que continúen sin ninguna interferencia en sus trabajos, centralizar la compra-venta para ir eliminando las comercializadoras intermediarias que son las que elevan los costes de producción y reducen su utilidad [beneficio]. En fin, hay una serie de beneficios que pueden servir como base para la negociación que estuvo a punto de tener lugar hoy [por el jueves pasado] a las cuatro de la tarde, pero que ha sido aplazado finalmente hasta las seis de la tarde.

- ¿Cuál es la empresa privada con la que registran problemas en Potosí?
- La empresa funciona con la razón social de "Proyecto San Bartolomé", que es una empresa norteamericana con su operadora boliviana que ha logrado lo que ellos llaman "participación social", pero en realidad es una forma de cómo ellos garantizan la producción de su empresa sin pagar beneficios sociales, herramienta de trabajo, sino que todo eso lo ponen las cooperativas por su cuenta. Son unos contratos sui generis. La empresas privadas están esperando los resultados de los cooperativistas que están, en cierto modo, defendiendo los intereses de las empresas privadas sin decirlo.

- ¿Las nuevas leyes que quieren promulgar desde el Gobierno plantean algún despido?
- No creemos en ningún despido, en ningún cierre de alguna empresa y en que ninguna empresa se tenga que ir de Bolivia porque los precios de los minerales en el mercado internacional están batiendo récord en toda la historia de los últimos 20 ó 30 años.

- ¿Pretende el Ejecutivo modificar los sueldos de los mineros?
- No. Precisamente, los asalariados de las empresas cooperativas están recibiendo 100 pesos bolivianos (9,37 euros) por día, lo que es mucho más de lo que normalmente reciben cuando están trabajando, que es 1.700 ó 1.800 pesos (159 ó 169 euros) mensuales. Además, lo que existe es una distorsión cooperativista. Normalmente, cada socio es un trabajador, cuando en Potosí cada socio tiene varios trabajadores dependientes de él. Los socios cooperativistas de Potosí están pagando a sus trabajadores dependientes para que no trabajen, lo que no ocurre en otros distritos del país.