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España
 

INDICE

1. Inversiones extranjeras en España

1.1 Regulación

1.2 Residencia

1.3 Aportación de capitales

1.4 Modos de inversión

1.5 Principio de Liberalización.

1.5.1 Excepciones

1.6 Tramites administrativos

1.7 Transferencia al exterior

2. Formas jurídicas de actuación

2.1 Sociedades anónimas (S.A.)

2.2 Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.L. o S.R.L.)

2.3 Sociedades Civiles

2.4 Comunidad de Bienes

2.5 Otras formas de asociación. AIE, UTE.

3. Propiedad Industrial e Intelectual

3.1 Patentes

3.1.1 Derecho a la patente y derechos del inventor

3.1.2 Requisitos para presentación de solicitud

3.1.3 Vigencia de la patente

3.2 Marcas

3.2.1 Adquisición del derecho sobre la marca

3.2.2 Del contenido del derecho de marca:

3.2.3 Procedimiento de tramitación

3.3 Nombre comercial

3.4 Derecho de la Competencia

4. Sistema fiscal

4.1 Impuesto de Sociedades

4.1.1 Deducción por doble imposición internacional

4.2 Impuesto sobre el Valor Añadido

4.3 Impuesto sobre la Renta de las personas físicas

4.4 Impuestos locales

4.4.1 Impuesto sobre actividades económicas

4.4.2 Impuesto sobre bienes inmuebles - IBI

4.4.3 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

4.4.4 Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

4.4.5 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

4.4.6 Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios

4.5 Ayudas y Subvenciones

4.5.1 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

4.5.2 Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)

4.5.3 Iniciativas Comunitarias de Cambio Industrial

5. Régimen laboral

5.1 Contratación

5.2 Jornada laboral, salario y condiciones laborales

5.3 Seguridad Social. Tratados bilaterales.

5.4 Extinción del contrato

6. Unión Europea

7. Derecho de Extranjería

7.1 Obtención de permisos de trabajo y residencia

 

Inversiones Extranjeras en España

1. Inversiones extranjeras en España

1.1 Regulación

Las inversiones extranjeras en España están reguladas por el Real Decreto 671/1992, de 2 de julio. Se consideran inversiones extranjeras en España aquellas que realicen los sujetos que se indican en el art. 1º del Real Decreto, que son:

- las personas físicas no residentes en España, que pueden ser españoles o extranjeros con domicilio en el extranjero o que tengan allí su residencia principal; y

- las personas jurídicas privadas con domicilio en el extranjero.

1.2 Residencia

En el caso de inversiones realizadas por personas físicas, hay que resaltar que habrá mudanzas en el "status quo" de la operación si cambia la residencia: las inversiones extranjeras efectuadas por personas físicas no residentes pierden la condición de extranjeras cuando su titular adquiere residencia en territorio español y, al revés, si las personas físicas residentes se cambian al exterior, las inversiones pasan a ser extranjeras.

El Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre regula la condición de residentes y no residentes. De todas formas, se presumen residentes en España las personas físicas de nacionalidad española y las personas jurídicas domiciliadas en España, salvo prueba en contrario.

En la misma línea, se consideran inversiones extranjeras aquellas que realicen las sociedades españolas con participación extranjera en su capital, así como las sucursales y establecimientos en España de no residentes, mediante la constitución de sociedades españolas o mediante la adquisición de acciones o participaciones de las mismas (Real Decreto 671/1992).

1.3 Aportación de capitales

Las inversiones extranjeras se realizan tanto por aportación de capitales exteriores como interiores, que pueden ser:

  • aportación dineraria;
  • aportación directa a una empresa de asistencia técnica, patentes y licencia de fabricación;
  • aportación directa a una empresa de equipo capital;
  • la utilización de cualquier otro medio o activo.

1.4 Modos de inversión

Las clases de inversión extranjera en España son las siguientes:

  • inversiones directas: participación en sociedad española con control o gestión efectiva de la misma. Se comprenden bajo esta forma de inversión la constitución de sociedad, adquisición total o parcial de acciones o participaciones sociales u adquisición de derechos de suscripción de acciones , obligaciones convertibles en acciones u otros análogos.
  • inversiones en cartera: la suscripción y adquisición de acciones o participaciones sociales de sociedades españolas adquiridas en mercados organizados o fuera de
  • ellos, la participación en fondos de inversión colectiva y la suscripción y adquisición de valores negociables representativos de empréstitos emitidos por residentes españoles.
  • inversiones en bienes inmuebles: adquisición por personas físicas o jurídicas no residentes de la propiedad y/o demás derechos reales sobre bienes inmuebles situados en España.
  • otras formas de inversión: El art. 14 del RD 621/1992 enumera expresamente cuales son estas otras formas de inversión:

    • cuentas en participación;
    • comunidades de bienes;
    • fundaciones;
    • agrupaciones de interés económico;
    • cooperativas;
    • cualesquiera otros supuestos que se determinen por el Gobierno, mediante Real Decreto.

1.5 Principio de Liberalización.

El principio de liberalización está consagrado en la legislación española en el art. 4º del Real Decreto 671/1992, que dispone que quedan liberalizadas las inversiones extranjeras en España efectuadas conforme procedimientos y formalidades establecidas en él, pero con excepciones, que son, en concreto, cuatro.

1.5.1 Excepciones

Estas son las excepciones al régimen de liberalización de las inversiones extranjeras en España que exigen autorización administrativa previa:

1. Inversiones efectuadas por Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras pertenecientes a estados no comunitarios, cualquiera que sea la forma de inversión;

2. inversiones cuyos titulares sean personas jurídicas privadas domiciliadas en países no comunitarios y éstas hayan sido objeto de nacionalización en su país de origen;

3. inversiones en sectores específicos efectuadas por no residentes, con independencia de su país de residencia. Estos sectores, que necesitan autorización del Consejo de Ministros, son:

    • juego
    • televisión
    • radio
    • transporte aéreo
    • actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, tales como la producción o comercio de armas, municiones, explosivos o material de guerra, explotación de minerales de interés estratégico y servicios finales y portadores de telecomunicaciones.

4. inversiones en sectores específicos efectuados por inversores extranjeros no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea.

1.6 Tramites administrativos

La solicitud de autorización de inversiones extranjeras deben formularse en un modelo impreso correspondiente al tipo de inversión, si estuviera así previsto o mediante escrito del interesado con una copia. Deben constar en dicho escrito los datos de identificación del solicitante, órgano administrativo al que se dirige, objeto de solicitud y petición. La solicitud debe ser resuelta en un plazo máximo de 60 días a contar del día siguiente de la fecha de presentación de la misma.

No obstante, hay casos en que se procede a una verificación administrativa previa, si se dan ciertos supuestos. Así:

- Inversiones directas:

Exigen verificación administrativa previa en los siguientes supuestos:

1. cuando la participación extranjera supere el 50% del capital de la sociedad destinataria y, además (cumulativamente):

a. el importe de la inversión sea superior a 500.000.000 ptas.; o

b. que la participación extranjera en el capital social más reservas de la sociedad española supere la cifra de 500.000.000 de pesetas.

Importante: cuando las inversiones extranjeras se efectúen, mediante capitalización de reservas o reinversión de beneficios no distribuidos, aún cuando cumplan las condiciones enumeradas anteriormente, quedan exentas de la exigencia de verificación administrativa previa.

2. cuando el importe de los préstamos supere los 500.000.000 de ptas. o la participación extranjera supere el 50% del capital social de la empresa destinataria, si la inversión procede de persona residente o domiciliada en paraísos fiscales;

3. la constitución de sucursales o establecimientos por importe superior a 500.000.000 de ptas. o procedentes de persona residente o domiciliada en paraísos fiscales.

- Inversiones de cartera:

Son libres, sin necesidad de verificación administrativa previa.

-Inversiones en bienes inmuebles:

Pueden efectuarse libremente, salvo si sean superiores a 500.000.000 de ptas. o los inversores procedan de paraísos fiscales.

- Otras formas de inversión:

Se someterán a la verificación administrativa previa si el valor de la participación sea superior a 500.000.000 ptas. o los inversores procedan de paraísos fiscales.

1.7 Transferencia al exterior

Los titulares de inversiones extranjeras libres o debidamente verificadas o autorizadas pueden, sin limitación cuantitativa alguna, transferir al exterior:

  • el producto de la liquidación del capital y las plusvalías obtenidas de las enajenaciones que realicen;
  • los rendimientos legales de la inversión.

La transferencia se podrá realizar desde que la inversión esté inscrita en el Registro de Inversiones Extranjeras.

 

 

2. Formas jurídicas de actuación

Hay diferentes formas jurídicas de las que se puede revestir una sociedad que se instale en España. Básicamente son:

2.1 Sociedades anónimas (S.A.)

Este tipo de sociedad es regulada por la Ley 19/1989, que adaptó la legislación mercantil a la normativa de la Unión Europea y por el Real Decreto nº 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Es una sociedad de tipo capitalista en la que el capital social se encuentra dividido en acciones que pueden ser transmitidas libremente, y en la que los socios no responden personalmente frente a las deudas sociales. El capital social mínimo que debe ser aportado es de 10 millones de pesetas.

Su constitución está condicionada a la otorga de la escritura pública y su inscripción en el Registro Mercantil, requeriéndose que el capital social se halle íntegramente suscrito y desembolsado, al menos, en un 25% del valor nominal de cada una de sus acciones. Puede realizarse en un sólo acto por convenio entre los fundadores (fundación simultánea) o bien a través de la suscripción sucesiva de las acciones desde el momento en que se ha dado a conocer el propósito de constituir la sociedad (fundación sucesiva).

No se exige un número máximo de socios, pero el mínimo exigido para la constitución de una S.A. es de tres, a menos que se trate de una sociedad anónima unipersonal, que puede hacerse con un único socio.

Las sociedades anónimas tributan a través del Impuesto de Sociedades (35%) y no pueden acogerse al Régimen Simplificado ni al del Recargo de Equivalencia del IVA.

La S.A. está compuesta por la Junta General y el Consejo de Administración, que son los órganos administrativos. El nombramiento de los Administradores, a los que no se requiere cualidad de accionista, y la determinación de su número corresponde a la Junta General, salvo que los estatutos dispongan lo contrario en esos dos asuntos.

Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo señalado en los Estatutos sociales, el cual no podrá ser superior a cinco años, con posibilidad de reelección por períodos de igual duración. Responderán ante la sociedad, los accionistas y los acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos, o por desidia en el desempeño del cargo.

Son derechos de los socios de la S.A.:

  • participar en el reparto de los beneficios sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación de acuerdo con su participación.
  • derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones.
  • derecho a voto en las juntas generales.
  • derecho de información en los períodos previstos en los estatutos.

 

2.2 Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.L. o S.R.L.)

Regulada por la Ley 2/1995, de 23 de marzo, es una sociedad de tipo capitalista en la que el capital social, integrado por las aportaciones de los socios, se encuentra dividido en participaciones indivisibles y acumulables, que no tienen el carácter de valores y no pueden estar representadas por medio de títulos o anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones.

El capital mínimo es de 500 mil pesetas, debiendo estar desembolsado desde la constitución de la sociedad, y los socios no responden personalmente, pero en proporción al capital aportado.

Como en la S.A., hay un número mínimo de socios, que es de dos, pero con la posibilidad de constituirse con un único socio (sociedad de responsabilidad limitada unipersonal). Para las sociedades constituidas con un único socio hay la obligación de hacer constar su condición de unipersonal en toda su documentación, correspondencia, nota de pedido o facturas, así como en todos los anuncios que hayan de publicarse.

Las participaciones sociales no pueden transmitirse libremente a personas extrañas a la sociedad: deben contar con el consentimiento de los demás socios. Es nula la cláusula estatutaria que haga prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos "ínter vivos".

La constitución de la sociedad se realiza mediante escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil, adquiriendo a partir de entonces personalidad jurídica.

Estas sociedades tributan a través del Impuesto sobre Sociedades (35%) y no pueden acogerse al Régimen Simplificado ni al del Recargo de Equivalencia del IVA.

Son órganos de administración de la S.L. la Junta General y los Administradores. Se podrá confiar la administración de la sociedad a un administrador, que puede ser único, o a varios administradores, a los que no se requiere cualidad de socio salvo que los estatutos dispongan lo contrario.

Los administradores ejercerán el cargo durante el tiempo establecido por los estatutos sociales, pudiendo ser separados del mismo en cualquier momento, por decisión de la Junta General, y no podrán dedicarse al mismo género de comercio de la sociedad, salvo autorización expresa de la Junta General.

2.3 Sociedades Civiles

La sociedad civil está regulada en los arts. 1665 a 1708 del Código Civil. Es una sociedad que se formaliza a través de un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre si las ganancias. Su principal característica es su actividad civil, y no mercantil, aunque pueden darse sociedades mixtas (civil-mercantil), es decir, sociedades que son civiles por su objeto pueden revestir forma mercantil.

Es de responsabilidad ilimitada, es decir, sus socios responden personalmente por las deudas sociales.

La sociedad civil se constituye desde el momento mismo de la celebración del contrato, salvo pacto en contrario, y puede tener duración limitada (duración del negocio, tiempo convenido etc.) o ilimitada. Si se aportan bienes inmuebles o derechos reales a la sociedad, necesariamente la constitución se hará por escritura pública.

Para que adquiera personalidad jurídica, esta sociedad tiene que darse publicidad, es decir, no pueden mantenerse pactos secretos, ni que cada socio contrate en su propio nombre (art. 1669 CC). Esa publicidad puede traducirse en inscripción en el Registro Mercantil.

Tributan a través del Régimen de Atribución de Rentas, que consiste en que se sometan a tributación mediante su imputación a los miembros que forman parte de la sociedad civil, según la base imponible correspondiente a cada partícipe.

 

2.4 Comunidad de Bienes

La Comunidad de Bienes está prevista en los arts. 392 a 406 de CC español, que en su art. 393, § 1º, dice:

"Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas"

Así, para que se de la comunidad de bienes, deben estar presentes los siguientes requisitos:

  • que el objeto sea indivisible "prima facie";
  • que exista una pluralidad de sujetos de modo simultáneo, y no sucesivo;
  • que se trate de titularidades de idéntico contenido cualitativo; y
  • como consecuencia de lo anterior, exista una sola relación jurídica.

La coexistencia del dominio sobre un mismo bien obliga a descomponer sus poderes, atribuyendo cuotas partes a cada uno de los comuneros, pudiendo cada uno disponer de su cuota según le convenga.

La comunidad puede ser:

  • voluntaria: tiene su origen en la voluntad coincidente de varias personas de adquirir conjuntamente una cosa; o
  • incidental: es consecuencia de un hecho independiente de la voluntad de las partes, como un acto mortis causa.

Se difiere de la sociedad por no poseer personalidad jurídica distinta de la de sus comuneros, simplemente supone la existencia de una propiedad en común y proindivisa, perteneciente a varias personas, que la mantienen y aprovechan en conjunto.

No obstante, la Comunidad de Bienes puede actuar como empresaria, interviniendo en la actividad mercantil, aunque no se pueda inscribir en el Registro Mercantil (pero puede legalizar sus libros contables en este mismo registro).

Cada partícipe puede servirse de las cosas comunes ateniéndose a las siguientes limitaciones:

  • debe disponer de ellas conforme a su destino;
  • no puede perjudicar el interés de la comunidad
  • no impedir su uso por los demás.

La administración de las cosas comunes se da por acuerdos entre la mayoría de los partícipes y tanto los beneficios como las cargas serán proporcionales a las cuotas de participación de cada uno, al igual que la defensa ante los Tribunales puede ser ejercida por cada copropietario individualmente. También es necesario el consentimiento de los demás condueños para hacer alteraciones en la cosa común, aunque pueda resultar ventajosa para

todos.

La división de la cosa común (art. 400 CC) es un derecho al que se puede acoger cualquiera de los copropietarios, a cualquier tiempo, a través de la acción de división, ya que constituye un principio fundamental el que ninguno esté obligado a permanecer en la comunidad. Hay, empero, algunas excepciones:

  • pacto de indivisión: pacto válido entre los condueños para conservar la comunidad y la cosa indivisa, por un periodo no superior a diez años.
  • supuestos de indivisibilidad de la cosa: los propietarios no pueden exigir la divisibilidad de la cosa común:

    • si al hacerlo, la cosa resulte inservible para el uso a que se destina;
    • cuando la cosa fuere esencialmente indivisible.

La Comunidad de Bienes tributa a través del Régimen de Atribución de Rentas, que consiste en que las rentas netas de ciertas entidades, que no son sujetos pasivos del IRPF ni del IS, se sometan a tributación mediante su imputación a los miembros que forman parte de ellas.

 

2.5 Otras formas de asociación. AIE, UTE.

Las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) se pueden definir como un ente con personalidad jurídica propia, naturaleza mercantil y sin ánimo de lucro propio, constituido por -determinadas personas físicas o jurídicas para el desarrollo de una actividad económica auxiliar de la que realizan sus socios.

Sólo podrán integrarse por personas físicas o jurídicas, que desempeñen actividades empresariales, agrícolas o artesanales, por entidades no lucrativas dedicadas a la investigación, y por quienes ejerzan profesiones liberales.

El número mínimo de integrantes es de dos socios; la reducción a uno es causa de disolución de la AIE y el nombre social debe ir precedido o seguido de la expresión "Agrupación de Interés Económico" o de sus siglas "AIE".

No es necesaria la aportación de capital social, pero la actividad a que se dedique ha de ser auxiliar a la que desarrollen sus miembros y los socios de la AIE responderán personal y solidariamente entre sí y subsidiariamente respecto a la Agrupación misma.

Para constituirse válidamente, se requiere la otorga de escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME.

 

Las Uniones Temporales de Empresas (UTE) se definen como una agrupación de empresarios que se unen temporalmente con la finalidad de lograr un mejor desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro, los cuales disfrutarán, para el objetivo concreto del convenio, de determinados beneficios tributarios.

Deben constituirse en escritura pública e inscribirse en el Registro especial del Ministerio de Hacienda, pues son entes sin personalidad jurídica propia.

Los socios deben designar un Gerente único, con poderes suficientes de todos y cada uno de sus miembros, idénticos a los poderes de los miembros de la Unión.

Los beneficio tributarios tienen la duración exacta de la obra para la que se constituya, y siempre con el límite máximo de diez años. Se les aplica el sistema de transparencia fiscal y disfrutan de una bonificación del 99 por 100 en el Impuesto de AJD. Gozan de exenciones para las rentas procedentes del extranjero con ciertas condiciones: aportación de la información solicitada, duración de la exención hasta la extinción de la unión temporal; y no aplicación del régimen fiscal de transparencia a los periodos impositivos en los que el sujeto pasivo realice actividades distintas aquellas en que debe consistir su objeto social.

Se gira en el tráfico bajo el nombre de uno o varios de los empresarios, al que se añade la expresión "y empresarios agrupados".

 

3. Propiedad Industrial e Intelectual

3.1 Patentes

El artículo 4º de la Ley de Patentes indica expresamente el concepto de patentes y que pueden ser objeto de este tipo de protección:

"Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial"

Estas condiciones tienen que darse todas a la vez para que una invención pueda ser patentada. Son requisitos imprescindibles y son los siguientes:

- Que sea nueva: La novedad esta determinada por la inexistencia, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, de su divulgación, por cualquier medio, en el mundo entero.

- Que implique una actividad inventiva: se considera que una invención posee actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia

- Que sea susceptible de aplicación industrial: que el objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, que tenga una aplicación concreta.

Por otro lado, no se pueden considerar invenciones:

    • Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
    • Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
    • Los planes, las reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
    • Las formas de presentar las informaciones.

Tampoco son patentables los inventos que afecten a la salud pública, pero los productos para la puesta en práctica de tales métodos sí lo son.

La Ley determina que no podrán ser objeto de patentes las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, las variedades vegetales,

las razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.

 

3.1.1 Derecho a la patente y derechos del inventor

El derecho sobre la patente pertenece a su inventor o sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.

El inventor de una patente siempre debe ser una persona física y podrá coincidir, o no, con el solicitante de la misma. Los titulares del derecho, o solicitantes, podrán ser uno o varios, rigiéndose su derecho de propiedad por los principios generales del derecho.

Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

No obstante existe una situación intermedia y es aquella en la que "la aportación personal del inventor y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación laboral", en este supuesto el inventor tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y los medios aportados por la empresa para su obtención.

3.1.2 Requisitos para presentación de solicitud

Son requisitos básicos para la presentación de una solicitud de patente de invención:

1) Instancia dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas en impreso oficial.

2) Una descripción, o memoria, del invento para el que se solicita la protección. Esta descripción deberá iniciarse con unos breves antecedentes sobre los productos o procedimientos existentes en la actualidad a efectos de interpretar claramente cual es el significado y el alcance de nuestra invención. Posteriormente se desarrollará una forma de obtener el invento que se pretende proteger. La invención debe ser descrita de forma suficientemente clara y completa como para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

3) Las reivindicaciones. Es el objeto de la protección. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción de la invención.

4) Los dibujos o planos que se incorporen para una mejor y más clara interpretación de nuestra invención.

3.1.3 Vigencia de la patente

La vigencia de la patentes es de 20 años, improrrogables, a partir de la fecha de su solicitud, y produce sus efectos desde el día que se publica la mención de que ha sido concedida.

3.2 Marcas

La marca está definida en el artículo 1º de la Ley 32/1988, que así la define:

"Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos idénticos o similares".

La marca es un signo de reconocimiento por excelencia, un esfuerzo continuo de diferenciación y de búsqueda de la superioridad del producto o servicio sobre los demás para conseguir una verdadera y objetiva ventaja competitiva en el mercado.

Se puede afirmar que la marca posee una doble finalidad:

  • la protección del público consumidor al evitar la confusión entre distintos productos, que de otra manera serían imposibles de diferenciar;
  • la protección del empresario, que realiza una inversión en desarrollar determinados productos y que le garantiza al titular de la marca el derecho a que el público no resulte confundido o engañado.

3.2.1 Adquisición del derecho sobre la marca

Una de las innovaciones más importantes que estableció el nuevo texto legal es que el único medio válido de adquisición de derechos sobre una marca se alcanza por medio del "registro validamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley".

No se reconoce el derecho sobre la marca de usuarios extrarregistrales, excepto en el supuesto de la "marca notoria". Los titulares de los derechos de las marcas "notoriamente conocidas" en España tienen el plazo de cinco años desde que se haya publicado la concesión para pedir la anulación de otra marca que pueda confundirse con la suya.

Cabe destacar que al igual que en el derecho brasileño, no se reconoce en España el derecho de registro de signos olfativos y auditivos.

3.2.2 Del contenido del derecho de marca:

El artículo 30 dice textualmente lo siguiente:

"El derecho de marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico"

La Ley en su artículo 35 otorga al titular de una marca el derecho a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. En especial podrá pedir en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y que se retiren del tráfico económico todos los envoltorios, productos, etc.

Por último debemos recordar que la marca se concede por un período de 10 años desde la fecha de su solicitud, y que se podrá renovar de forma indefinida, no obstante se deberá abonar a cada cinco años una tasa de mantenimiento. En la actualidad ya no existen las marcas de reserva ya que la falta de uso durante un plazo ininterrumpido de cinco años acarreará la caducidad del expediente, que deberá ser declarada por los Tribunales.

3.2.3 Procedimiento de tramitación

Para la obtención de un registro de marca será preciso presentar una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde se hará mención a la denominación solicitada, la fecha de presentación, la clase y el tipo de productos o servicio que se pretende distinguir y el nombre del solicitante. Se deberá abonar una tasa de solicitud y una inserción para la publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

Pasará por tramites administrativos para la concesión del Registro, que podrá ser concedido o no.

3.3 Nombre comercial

La Ley define como nombre comercial:

"Al signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de actividades idénticas o similares."

La utilización de un nombre comercial como si de una marca se tratara será considerado como una violación al derecho exclusivo de marca o como un acto de competencia desleal.

Al solicitar un nombre comercial se debe acompañar el Impuesto de Actividades Económicas, y es el único tipo de registro que no es susceptible de transferencia si no es con la totalidad de la empresa.

Podrán, especialmente, ser nombre comerciales:

  1. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
  2. Las denominaciones de fantasía.
  3. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial
  4. Los anagramas.
  5. Cualquier combinación de los signos anteriores.

Es de destacar que las disposiciones sobre las marcas se aplicarán a los nombres comerciales, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza.

El procedimiento de tramitación de los Nombre Comerciales es similar al de las marcas.

3.4 Derecho de la Competencia

Aunque los ordenamientos de los países vecinos ya contemplasen, desde principios del siglo, la institución de la competencia desleal, España no poseía, hasta la Ley de Marcas, normativa civil tipificando y sancionando el ilícito de la concurrencia desleal, a pesar de que fuera signatoria del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1893, ratificado el 14 de julio de 1970, que introdujo en su revisión de La Haya del 6 de noviembre de 1925 la cláusula general de competencia desleal.

Conviene, no obstante, diferenciar los institutos de la defensa de la competencia y de la competencia desleal, conceptos éstos que no están muy claros en la Ley:

  • defensa de la competencia: visa garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público, siempre que pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional.
  • competencia desleal: lo que se pretende es evitar que se utilicen medios considerados como desleales en el ámbito concurrencial.

La finalidad de la Ley de Competencia Desleal es la protección de la competencia en el mercado a través de la prohibición de la práctica de actos desleales, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones o recomendaciones prohibidos por la ley.

El acto desleal debe tener una cierta relevancia en el mercado, es decir, tener la capacidad, aunque sólo en potencia, de producir un trastorno concurrencial significativo. Se entiende por desleal todo comportamiento contrario a la buena fe, es decir, el que pretenda:

  • confundir, engañar o coaccionar el consumidor, influyendo ilícitamente en su capacidad de decisión: los actos de confusión, engaño, ofrecimiento torticero de ventajas y, parcialmente, los de comparación, imitación, explotación de la reputación ajena y venta a pérdida tendente a inducir al error al consumidor.
  • agredir ilícitamente al competidor: actos de denigración, violación de secretos, inducción a la infracción contractual y venta a pérdida para desacreditar o eliminar a un competidor y, parcialmente, comparación, imitación y explotación de la reputación ajena.
  • vulnerar las reglas del juego establecidas sobre los dos criterios anteriores: violación de normas y actos de discriminación.

Son también supuestos de actos desleales la violación de secretos, la inducción a la infracción contractual y la violación de normas.

Se aplica a cualquier persona, física o jurídica (empresario), que participe en el mercado, sin subordinarse a existencia de una previa relación de concurrencia entre los intervenientes, desde que produzcan o puedan producir efectos en territorio español.

 

4. Sistema fiscal

4.1 Impuesto de Sociedades

Equivale al IRPJ brasileño. Es un tributo directo, personal y proporcional sobre la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas calificadas como sujeto pasivo por las leyes, exigible en todo territorio nacional sin perjuicio de los convenios históricos en vigor del País Vasco y Navarra.

El tipo general de gravamen es de 35% y puede ser calculado por estimación directa o indirecta.

Se paga un adicional de 25% a la cuantía transferida al extranjero, independientemente del impuesto ya pagado.

4.1.1 Deducción por doble imposición internacional

Se deducirá de la cuota integra la menor de las dos cantidades siguientes:

    • el importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto de Sociedades.
    • el importe de la cuota integra que en España correspondería pagar por las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español.

4.2 Impuesto sobre el Valor Añadido

El IVA entró en vigor en España a principios de 1986, con la adhesión de ésta a la Unión Europea, y supuso adaptar la fiscalidad española a de la Unión.

Es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo y grava la entrega de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales, así como la importación de bienes. Es similar al ICMS.

Es exigible en todo territorio nacional, con excepción de Canarias, Ceuta y Melilla.

El tipo impositivo es de 16%, si bien existen dos tipos reducidos, el 7% y 4%. La aplicación de cada uno de ellos varia según el bien o servicio de que se trate.

4.3 Impuesto sobre la Renta de las personas físicas

Está regido por la Ley 18/1991, de 6 de junio. Es un tributo directo, de naturaleza personal y progresivo, exigible en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los convenios económicos con el País Vasco y Navarra.

El empresario individual se encuentra sujeto a este impuesto y debe tributar en función de los ingresos que obtenga a través de su empresa.

Son sujetos pasivos de este impuesto por obligación personal las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, así entendido el que permanezca más de 183 días de un año natural en territorio español o el que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o de sus intereses económicos. Y, por obligación real, las personas físicas no residentes que obtengan incrementos o rendimientos de patrimonio producidos en territorio español.

El tipo impositivo de este impuesto varia del 20% al 56%, de acuerdo con los ingresos obtenidos en el año-base.

4.4 Impuestos locales

Los llamados impuestos locales son impuestos debidos a los municipios. Son, en la actualidad, seis, tres obligatorios y tres voluntarios.

4.4.1 Impuesto sobre actividades económicas

El IAE es un tributo directo de carácter local que se inscribe en el nuevo marco impositivo municipal implantado por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, sustituyendo, a partir de su entrada en vigor en enero de 1992, a los siguientes impuestos:

  • Licencia Fiscal de Actividades Empresariales
  • Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas
  • Impuesto Municipal sobre Radicación
  • Impuesto sobre Publicidad
  • Impuestos sobre Actos Suntuarios, excepto en lo que hace referencia a los cotos de caza y pesca.

Dependiendo de la actividad que será ejercida, el impuesto contempla tres tipos de cuota: municipal, provincial y nacional, dependiendo del ámbito territorial donde se vaya a realizar la actividad.

La declaración de alta en el IAE se efectuará dentro de los diez días anteriores a la puesta en marcha de la empresa, formulando declaración por separado para cada una de las actividades que se vayan a ejercer. Se exige con independencia de que la empresa tenga o no locales en los que ejercer su actividad.

Este impuesto se paga anualmente, excepto en el caso del inicio de la actividad, en el que se pagará el tributo en proporción a los meses que quedan del año natural, incluyendo el mes de inicio.

4.4.2 Impuesto sobre bienes inmuebles - IBI

El impuesto sobre bienes inmuebles es un impuesto de carácter directo, real, de titularidad municipal y carácter obligatorio, cuya gestión se comparte entre la Administración del Estado y los Ayuntamientos exactores. Los bienes inmuebles, rústicos o urbanos son el suelo, los terrenos y las construcciones.

El hecho imponible puede ser algunas de estas causas:

  • la propiedad de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, situados en el término municipal del Ayuntamiento de imposición;
  • la titularidad sobre los mismos de un derecho real de usufructo o de superficie;
  • la titularidad de una concesión administrativa sobre bienes de dominio público o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectados.

La base imponible del IBI está constituida por el valor de los bienes inmuebles gravados, el valor catastral de los mismos, y los tipos de gravamen son 0,3% para inmuebles rústicos y 0,4% para urbanos, siendo el período impositivo el año natural.

4.4.3 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Es un impuesto directo, obligatorio y cuya gestión corresponde enteramente a los Ayuntamientos de imposición.

Este impuesto grava la titularidad de vehículos de tracción mecánica aptos para circular por la vía pública, con independencia de su clase y categoría.

La cuota tributaria varia de acuerdo con la categoría del vehículo, si se trata de turismos, autobuses o camiones, siendo el período impositivo el año natural, y el devengo el primer día.

4.4.4 Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Es un impuesto indirecto, municipal, de establecimiento voluntario y de gestión exclusiva del municipio.

El hecho imponible deriva de la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no todavía, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento exactor.

La base imponible el coste real de la construcción, instalación u obra, con exclusión de los honorarios del arquitecto o aparejador y del beneficio industrial del contratista.

El tipo impositivo es básicamente de 2%, pero puede variar según el cuadro siguiente:

Población (hab)

Límites (%)

hasta 5.000

2.40

de 5001 a 20.000

2.80

de 20.001 a 50.000

3.20

de 50.001 a 100.000

3.60

más de 100.000............................

4.00

 

4.4.5 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Impuesto directo, de devengo instantáneo, municipal y de establecimiento voluntario por los Ayuntamientos, a los que corresponde integralmente.

El incremento de valor experimentado por terrenos de naturaleza urbana constituye el hecho imponible, como consecuencia de:

  • transmisión de la propiedad de terrenos urbanos por cualquier título;
  • constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre dichos terrenos.

La base imponible consiste en el incremento real del valor de los terrenos a lo largo de un periodo máximo de 20 años.

El tipo de gravamen puede variar según la tabla a seguir:

Limitación de los tipos de gravamen

Población de derecho (hab)

Tipos (%)

máximo

mínimo

hasta 5.000

26

16

de 5001 a 20.000

27

17

de 20.001 a 50.000

28

18

de 50.001 a 100.000

29

18

más de 100.000

30

20

El devengo del impuesto se da:

  • en la fecha de transmisión, cuando se trasmite la propiedad de un terreno a título oneroso o lucrativo, inter vivos o causa mortis;
  • de constitución o transmisión, si esta se refiere a cualquier derecho real de goce limitativo de dominio.

 

4.4.6 Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios

Se suprimieron a partir de 01/01/1991 todas las modalidades de este impuesto, a excepción de la que grava el aprovechamiento de cotos de caza y pesca.

Está constituido por el aprovechamiento de cotos de caza y pesca con independencia de la forma de explotación y disfrute de los mismos.

La base imponible se calcula por el valor del aprovechamiento, que es fijado por el Ayuntamiento.

El tipo de gravamen es de, como máximo, 20%, y el devengo se produce el 31 de diciembre de cada año.

4.5 Ayudas y Subvenciones

En el ámbito de la Unión Europea, son concedidas diversas ayudas para el desarrollo de proyectos que se ajusten a objetivos de interés común: desarrollo regional, fomento de empleo, ahorro energético y desarrollo de fuentes alternativas, fomento de nuevas tecnologías, infraestructuras o reconversión de sectores productivos (agricultura, minería, siderurgia, pesca etc.)

A seguir relacionaremos algunas de las ayudas que presentan mayor interés.

- Fondos estructurales:

1. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):

Sus actuaciones van dirigidas a los siguientes ámbitos:

  • inversiones productivas que permitan la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo duraderos;
  • inversiones en infraestructuras;

  • desarrollo del potencial endógeno de las regiones mediante medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local y a las actividades de las pequeñas y medianas empresas;
  • inversiones productivas e infraestructuras destinadas a proteger al medio ambiente cuando estén vinculadas al desarrollo regional.

Las Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Local) son las que gestionan los fondos FEDER directamente, teniendo cada una de ellas un cupo de fondos asignados a priori para realizar proyectos en la zona.

Las empresas no tienen acceso directo al FEDER, sino a través de los diferentes proyectos y actuaciones que realizan las Administraciones Públicas.

2. Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)

Se aplica en cuestiones que se objetivan:

  • reforzar y reorganizar las estructuras agrarias, incluidas las de comercialización y transformación de productos agrícolas
  • garantizar la reconversión de las producciones agrarias y promover el desarrollo de actividades complementarias para los agricultores
  • contribuir al desarrollo social de las zonas rurales y a la protección del medio ambiente.

Las acciones estructurales deben cofinanciarse entre las diferentes Administraciones y el Estado miembro interesado. Las tasas de participación son: 25% FEOGA, más del 5% del Estado miembro y del 25 a 50% el beneficiario.

- Iniciativas Comunitarias de Cambio Industrial

Además de los Fondos Estructurales, hay una serie de iniciativas de la Unión dedicadas a sectores (minería, siderurgia) o colectivos de trabajadores (jóvenes menores de 20 años, mujeres, minusválidos) específicos, según unos requisitos básicos y orientaciones dadas por la Comunidad, distribuidas entre los Estados miembros según los problemas estructurales peculiares de cada región.

Dependiendo del sector en el que se quiera invertir, las empresas extranjeras pueden obtener información detallada y verificar si cumplen los requisitos necesarios para acceder a las ayudas.

 

5. Régimen laboral

La normativa laboral española se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores, en los convenios colectivos, en las reglamentaciones de régimen interno de las empresas y en las normas de la Seguridad Social.

Según la ley española, tienen capacidad para contratar los que tengan plena capacidad para obrar, es decir, los mayores de 18 años y los menores legalmente emancipados, los mayores de 16 y menores de 18 años, con consentimiento de los padres y los extranjeros, de acuerdo con legislación propia.

5.1 Contratación

El contrato de trabajo se puede celebrar por escrito o verbalmente y tiene duración indefinida, pero admite contrataciones temporales de forma excepcional. De todas formas, con el fin de fomentar el empleo, la Administración ha creado modalidades de contratación que facilita al empresario la contratación de trabajadores de un determinado colectivo de trabajadores desempleados.

El contrato indefinido es aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de servicios objeto del mismo, de celebración verbal o por escrito.

Asimismo, hay una serie de contratos especiales, celebrados por escrito, que son subvencionados. Están condicionados a que la empresa y el trabajador cumplan ciertos requisitos.

5.2 Jornada laboral, salario y condiciones laborales

La jornada laboral semanal es de 40 horas como máximo, y la diaria no puede exceder las 9 horas, pudiendo establecerse, en virtud de convenio colectivo o acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, la distribución irregular de las mismas durante el año, respetando, de todas formas, los descansos mínimos diario (12 hs) y semanal (36 hs). El número de horas extras anuales es de 80, reduciéndose este límite en proporción a la jornada efectiva del trabajador.

Las vacaciones no pueden ser sustituidas por compensación económica, son de 30 días naturales y su disfrute se fijará de común acuerdo entre empresario y trabajador.

Los salarios mínimos establecidos legalmente son:

    • trabajadores desde 18 años: 2.221 ptas./día o 66.630 ptas./mes.
    • trabajadores menores de 18 años: 1.971 ptas./día o 59.130 ptas./mes.

Además, hay dos pagas extras oficiales, una en julio, referente a las vacaciones, y otra en diciembre (equivalente al 13º salario). La paga extra de julio es de un sueldo completo, no sólo la tercera parte, como en Brasil.

 

5.3 Seguridad Social. Tratados bilaterales.

El empresario está obligado a inscribirse como tal en la Seguridad Social y a afiliar o dar de alta a los trabajadores que entren a su servicio y a ingresar las cotizaciones correspondientes, en los siguientes conceptos:

  • contingencias comunes
  • desempleo
  • formación profesional
  • fondo de garantía salarial
  • accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La base de cotización estará compuesta por las retribuciones salariales que mensualmente perciba el trabajador y la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

- Tratados Bilaterales

Brasil y España han firmado acuerdos bilaterales en materia de Seguridad Social, estando en vigor actualmente el Convenio de 16 de mayo de 1991, que derogó el Convenio de 25 de abril de 1969, el Protocolo de 5 de marzo de 1980 y el Acuerdo de 5 de noviembre de 1981, todos en materia de Seguridad Social.

Los beneficiarios de este Convenio son los trabajadores de ambos países que estén o estuvieron ejerciendo su actividad laboral en el territorio del otro, extensivo a sus familiares, que podrán acogerse a la Seguridad Social respectiva.

El Convenio se aplicará:

  • por parte de España:

  • asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo;
  • prestaciones económicas, en los casos de incapacidad laboral transitoria, derivadas de maternidad, enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo.
  • invalidez
  • vejez
  • muerte y supervivencia
  • protección familiar
  • accidente de trabajo y enfermedad profesional

  • por parte de Brasil:

  • asistencia médica, farmacéutica y odontológica, ambulatoria y hospitalaria
  • incapacidad laboral temporal
  • invalidez
  • tiempo de servicio
  • vejez
  • muerte
  • natalidad
  • accidente de trabajo y enfermedad profesional
  • salario familiar

5.4 Extinción del contrato

El contrato de trabajo puede extinguirse en España por:

 

Causa de extinción

Indem legal

Máx.

Desempleo

Mutuo acuerdo

---

 

---

Consignada en el contrato

---

 

Tiempo u obra convenido

(con exc.)

 

Dimisión del trabajador

---

 

---

Rescisión por el trabajador

20 días/año

9/12 meses

Incumplimiento del empresario

45 días/año

42 meses

Incumplimiento del trabajador

---

---

---

Muerte del trabajador

15 días

 

---

Invalidez del trabajador

plz preaviso

 

sí/no

Jubilación del trabajador

---

 

---

Muerte, incapacidad y jubilación del empresario

1 mes

 

Extinción de personalidad jurídica

20 días/año

12 meses

Fuerza mayor

20 días/año

12 meses

Causas económicas, tecnológicas organizativas o productivas

20 días/año

12 meses

Causas objetivas

20 días/año

12 meses

 

6. Unión Europea

La antigua Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), nació con la firma del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea - Tratado de Roma - en 25 de marzo de 1957.

En aquella época, su finalidad primordial fue establecer los cimientos de un futuro mercado común entre los Estados miembros, con la supresión gradual de los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y capitales, la coordinación de las respectivas políticas económicas y la aproximación de las legislaciones nacionales.

Declaraba como principio que:

"La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados que la integran".

Así, la libertad de circulación de capitales es - al lado de las otras tres - una de las libertades fundamentales declarada en el Tratado de Roma como objetivo esencial. La Comunidad Europea se basa en la concurrencia libre de los bienes y de los servicios entre sus Estados miembros, lo que exige la movilidad sin restricciones de los factores productivos, entre los que el capital constituye un elemento básico.

Pese a la declaración de intenciones, la movilidad del capital no se dio desde el principio de una forma libre e incondicionada, sino que ha sido fruto de la construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), pues el proceso de liberalización se encontró con las dificultades monetarias y de balanza de pagos de los Estados miembros.

Sin embargo, todavía hoy la libre circulación de capitales (y, en consecuencia, la libre prestación de servicios y establecimiento) se condiciona por la ausencia o presencia de una armonización fiscal entre las diferentes legislaciones, principalmente en cuanto la imposición sobre capitales o sobre sus rendimientos o sobre el deber de información, que puede funcionar como un incentivo o freno a la inversión en un país comunitario.

Aún con la declaración de libre circulación a partir de 1988 y su puesta en práctica en principios de la década de 90, ésta libertad sólo puede verdaderamente consolidarse bajo la gradual eliminación de las distorsiones fiscales, políticas o económicas que existen todavía.

Los aspectos monetarios cobran especial relevancia dentro de los criterios impuestos para la convergencia necesaria para que se de la Unión Económica y Monetaria en la UE, con la moneda única y la política económica uniforme entre los países comunitarios, donde la libre circulación de capitales adquirirá una especial importancia.

 

7. Derecho de Extranjería

Los trabajadores extranjeros no comunitarios que deseen ejercer en España una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia o ajena, deben obtener el correspondiente permiso de trabajo y residencia.

7.1 Obtención de permisos de trabajo y residencia

La Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el órgano responsable de la concesión de permisos de trabajo y residencia. El trabajador extranjero deberá presentar una solicitud, donde se relacionará, en original y dos fotocopias compulsadas, los documentos que se indican a continuación:

- por cuenta ajena:

  • impreso de solicitud, según modelo oficial;
  • pasaporte en vigor;
  • seis fotografías, tamaño carnet, de frente y descubierto;
  • contrato de trabajo, oferta de empleo o compromiso formal de contratación, especificando la categoría profesional, de acuerdo con el convenio correspondiente;
  • solicitud de visado para trabajar en España, presentada ante el consulado español en el país de origen, en caso de no tener residencia legal en España, o exención de visado;
  • certificado de antecedentes penales del país de origen, en caso de no tener residencia legal en España;
  • certificado médico del país de origen, en caso de no tener residencia legal en España;
  • memoria descriptiva de las características y actividades de la empresa y perfil del puesto de trabajo para el que se solicita el permiso;
  • inscripción de la empresa en la Seguridad Social y últimos TC-1 y TC-2 cotizados;
  • si se requiere especial titulación para el puesto de trabajo, acreditar por medio de documentos haber obtenido el título y la convalidación, homologación o reconocimiento del título o diploma del Ministerio de Educación y Ciencia Español.

Cuando el permiso sea para un alto directivo:

  • escritura pública de designación de cargo o poder;
  • escritura de constitución de la sociedad e inscripción en el Registro Mercantil.

 

- por cuenta propia:impreso de solicitud, según modelo oficial;

  • pasaporte en vigor;
  • seis fotografías, tamaño carnet, de frente y descubierto;
  • certificado de antecedentes penales del país de origen, en caso de no tener residencia legal en España;
  • certificado médico del país de origen, en caso de no tener residencia legal en España;
  • visado para trabajar en España por cuenta propia, en caso de no tener residencia legal en España, o exención de visado;
  • proyecto de explotación o actividad a realizar, con evaluación de la inversión necesaria, su rentabilidad y la posible creación de empleo;
  • documentos acreditativos de que ha solicitado, o en su caso obtenido, las autorizaciones exigidas por la legislación vigente española para la instalación, apertura y funcionamiento de la actividad proyectada;
  • contratos mercantiles;
  • las personas que pretendan ejercer actividades profesionales deberán presentar el título convalidado, homologado o reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia español.

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