Una vez más los legisladores de EEUU han vuelto a demostrar que en el espinoso asunto de la liberalización de los mercados, aquello que se solicita en el exterior no sirve para uno mismo. Una tendencia, por cierto, también cada vez más extendida por Europa.

La resistencia de los gobiernos de todo el mundo a permitir que la libertad de circulación de capitales pueda reflejarse en una pérdida de la nacionalidad en la gestión de las compañías de los sectores estratégicos, tuvo ayer un nuevo reflejo, en una proposición de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de EEUU que concede al Gobierno del país norteamericano más capacidad de la que ya tenía para revisar, y aprobar o denegar, la inversión realizada por compañías internacionales en las empresas que operan en territorio estadounidense.

La excusa de los legisladores se basa en la necesidad de combinar la seguridad nacional, y la lucha contra el terrorismo, por supuesto, con las reglas del libre mercado y el desarrollo económico.

Proposición de ley. La nueva proposición de ley, que no parece que vaya a tener problemas, ni en el Senado ni en la Casa Blanca, hunde sus raíces en la disputa generada por la decisión de Washington de permitir que una compañía de la Unión de Emiratos Arabes, la Dubai Ports, adquiriese los derechos de gestión sobre seis puertos situados en la costa este de EEUU. Una operación que no pudo realizarse finalmente tras una intensa presión política que tuvo su origen en el grupo demócrata de congresistas, entonces minoritario, pero que contó con el apoyo de un nutrido contingente de parlamentarios republicanos.

Nuevas normas. Con las nuevas normas el Comité de Inversión Extranjera ve ampliamente reforzados sus poderes para fijar las reglas y aprobar o rechazar proyectos internacionales de inversión por razones de seguridad nacional. Un concepto que amplía su significado legal para extenderse hacia áreas como el suministro energético o las ’telecos’.