La sesión de mañana del Senado boliviano será decisiva para la aprobación de los tres contratos petroleros que quedan pendientes desde la semana pasada. El partido de oposición en la Cámara Alta, Podemos, ha pedido la suspensión del juicio por falta de informaciones. El jueves pasado ya fueron aprobados 41 de los 44 convenios, 37 de explotación y cuatro de exploración.

Iniciado desde hace cinco meses, el camino hacia la aprobación de los acuerdos aún no se ha finalizado. Los obstáculos son debidos a diferentes interpretaciones de la ley. De hecho, la Constitución boliviana sólo habla de explotación de los recursos naturales (art. 59), por lo cual no hay precedentes en los casos de exploración.

El Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno, ha propuesto una Ley Corta de 44 artículos para que el proceso de nacionalización se concluya lo más rápido posible, incluso con la enmienda a los errores de los convenios.

Los acuerdos establecen que las empresas transnacionales dejan de ser propietarias de la producción. Además, los convenios prevén una participación del Estado del 50% y la distribución de las utilidades entre las compañías y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Según informes oficiales, tras la nacionalización de las industrias petroleras, el Estado obtendrá 82.000 millones de dólares (61.422 millones de euros) durante los próximos 25 años. Asimismo, ingresarán al país 4.000 millones de dólares (casi 3.000 millones de euros) por impuestos y 23.000 millones de participaciones para YPFB.

Fuentes del Ministerio de Hidrocarburos prevén que si mañana los tres contratos pendientes son aprobados por el Senado, ya no habrá ningún otro obstáculo para la puesta en vigencia plena del control estatal.