El Gobierno de Bolivia ha manifestado que no descarta la posibilidad de expropiar a las empresas petroleras extranjeras que en los próximos seis meses no respeten la decisión de nacionalizar los hidrocarburos del país. Además, el Ejecutivo indica que penalizará igualmente a las operadoras que no accedan a la renegociación de sus contratos con el Estado, tal como establece el nuevo decreto pronunciado el pasado día 1 de mayo por el presidente Evo Morales.

El vicepresidente de la República boliviana, Álvaro García, asegura que no espera que las empresas acepten el decreto supremo pero, sin embargo, confía en que las compañías petroleras que operan en el país respeten y se adecúen al citado decreto 28.701 en el plazo de 180 días. Gracias a la firma del decreto de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, el Estado retomará el control de la propiedad de los recursos energéticos del país.

Bajo la nueva normativa, las empresas que operan en Bolivia deberán entregar su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y regularizar su situación contractual. La medida implica que el Estado se hace cargo de la propiedad de los recursos energéticos y su comercialización, mientras las compañías extranjeras pasarán a ser meras operadoras.

Además, la petrolera estatal YPFB pagaría un porcentaje del valor de la producción a las empresas extranjeras en los nuevos contratos de explotación, en los que el Gobierno negociará incentivos para que las firmas sigan invirtiendo en el país, ya que YPFB no tiene recursos suficientes para desarrollar los campos de gas natural.