La nacionalización de los yacimientos de hidrocarburos en Bolivia ha generado preocupación en Argentina y plantea la incógnita sobre las consecuencias que tendrá la medida en el país y en la región. Daniel Montamat, ex presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que actualmente forma parte de Repsol YPF, prevé que se produzca una ralentización de la negociación de los contratos de exportación para que Argentina incremente sus compras de gas natural boliviano a precios más altos.

Según el especialista, el aumento de la apropiación de la renta que quiere el Gobierno boliviano y del número de empresas privadas que firmen los tratos que proponga Evo Morales se va a traducir en una negociación de mayores precios del gas para Argentina y Brasil. Por lo que recomendó que Argentina debería revisar los acuerdos y tratar de desarrollar todo su potencial energético porque va a ser dependiente de un gas cada vez más caro.

Montamat advirtió también que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prácticamente había desaparecido y no tiene recursos humanos ni está en condiciones de hacerse cargo de las inversiones necesarias para explotar hidrocarburos en el país.

El Gobierno argentino aceptó estudiar el precio del gas procedente de Bolivia -1,87 euros por millón de Unidades Térmicas Británicas- durante las negociaciones de un contrato que podría ser firmado el próximo mes y que ampliará el suministro energético a Argentina, según lo acordado en una reunión de autoridades de ambos gobiernos. Con relación a los precios, el Gobierno de Morales anticipó que quiere negociar una importante subida.

Por ahora, tanto el Ejecutivo argentino como las principales empresas energéticas de este país evitaron hacer comentarios sobre la resolución adoptada por el presidente boliviano, el socialista Evo Morales.

Evo Morales decretó una drástica nacionalización de hidrocarburos, que incluyó la ocupación militar de campos y refinerías, además de conminar a las petroleras a firmar nuevos contratos renegociados con mayores concesiones para el Estado en 180 días o irse del país.