Los gobiernos de los departamentos de la denominada "media luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), en el este de Bolivia, continúan con las protestas en contra del carácter "plenipotenciario, fundacional y originario" de la Asamblea Constituyente y han anunciado que someterán a referéndum en sus territorios la acatación de dicha definición. Según la legislación vigente en Bolivia, este referéndum sería ilegal.

De acuerdo con la Constitución vigente y la Ley 1836 del Tribunal Constitucional, la consulta popular solamente puede ser planteada por tres autoridades: el mandatario, el presidente del Congreso Nacional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Aun así, las regiones más adineradas de Bolivia, que concentran el 70% de los recursos naturales del país, intentan evitar por todos los medios que Asamblea Constituyente ejercite sus poderes "plenipotenciarios" a la hora de redactar una nueva Constitución que modifique los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del país.

En esta línea, Jaime Santa Cruz, vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz -asociación civil integrada por 264 asociaciones de empresarios, indígenas, campesinos y trabajadores de la ciudad de Santa Cruz-, ha asegurado a Americaeconomica.com que su colectivo planteará un recurso de nulidad al Tribunal Constitucional porque, según sus palabras, la Asamblea Constituyente "no es originaria" sino "derivada" y "viola derechos fundamentales".

Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, considera que no corresponde al Tribunal Constitucional ejercer control sobre la Constituyente.