Caja Madrid ha confirmado a El Boletín que la asamblea de la entidad ha modificado tres artículos de sus estatutos sociales, entre los que se encuentra el 23, que hace referencia a las causas de inelegibilidad o incompatibilidad de sus consejeros generales.

La reforma implica la eliminación de la incompatibilidad que, hasta ahora, impedía, ocupar el puesto de consejero general a todas aquellos personas que desempeñen cargos de confianza de las administraciones públicas para los que hayan sido nombrados por el Gobierno o el Ejecutivo de una comunidad autónoma.

Fuentes de la caja han reconocido a este diario que la entidad se ha limitado a cumplir la normativa vigente en su asamblea, y no se trata de una decisión propia de Caja Madrid. Esta normativa es la Ley 3/2007, de 26 de julio de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

Ley polémica. Desde su aprobación, esta ley fue muy polémica. A los forestales se les obligó a pedir una autorización administrativa a la hora de entrar en cualquier finca privada, tanto para investigar, como para realizar labores de cuidado. Esta normativa también prohibió que el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cambiara la denominación de sus concejales por consejeros.

Inadvertido. Con estas polémicas, este nuevo punto que ha obligado al cambio de estatutos de Caja Madrid, pasó inadvertido. Sobre todo en un momento en el que han aumentado las tensiones entre la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con el presidente de la caja, Miguel Blesa, según indican algunos medios digitales.