El Ministerio de Energía y Minas de Perú fijará la próxima semana unas normas sobre la participación de las comunidades indígenas en la decisión de los proyectos mineros.

El gerente de finanzas de la compañía minera peruana Buenaventura, la más importante de Sudamérica en la extracción de metales preciosos, Carlos Gálvez, ha catalogado como favorables estas normas y explicó a BNAmericas que su expectativa es que los cambios aporten reglas más específicas sobre la manera de reunir información censal para que, una vez que se conozca la cantidad real de personas de una comunidad, se puedan realizar encuestas a fin de medir el apoyo o rechazo público.

El ejecutivo, que también integra el directorio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), agregó que es responsabilidad de las mineras del sector privado ayudar al Estado a proporcionar infraestructura, educación y salud a las comunidades que lo necesitan.

Pero antes de que se firme este convenio, una minera de propiedad japonesa se ha adelantado. Se trata de la minera Santa Luisa, propiedad de la japonesa Mixui Mining, que ha suscrito un convenio de desarrollo y convivencia pacífica con la Comunidad Campesina de Llamac.

Dicho convenio establece la ejecución de proyectos sociales con recursos financieros propios de la compañía minera a invertirse en cinco años. Por su parte, la CC de Llamac se compromete principalmente a garantizar la operatividad de la compañía minera.