La jueza chilena Romy Rutherfor, del II Juzgado del Crimen de Santiago, admitió en el día de ayer una querella contra el presidente electo de Perú, Alan García, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos que, según informaron fuentes judiciales, habrían ocurrido durante su primer mandato presidencial (1985-1990).

La demanda está relacionada con las matanzas acaecidas el 19 de junio de 1986 en las cárceles de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara, después de que tras el motín de presos de Sendero Luminoso y otros grupos que buscaban evitar ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Coto Grande, según esta denuncia, se llevaran a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas.

Los abogados chilenos Hugo Gutiérrez y Roberto Ávila, dirigentes del Comité de Refugiados de Perú en Chile, presentaron la denuncia cuando García visitó el país para reunirse con la presidenta, Michelle Bachelete y ahora Rutherfor ha considerado que, según la demanda, se produjo un delito de lesa humanidad y que, por tanto, basándose en el principio de la jurisdicción universal, tiene competencia para juzgar este caso.

Esta circunstancia podría complicar las relaciones entre los dos países en un momento en el que García acababa de considerar "claves las relaciones con Chile, un país con el que Perú tiene un diferendo pero también relaciones de amistad y comercio muy intensas", y en el que Bachelet ya había confirmado su visita a la investidura de Gacía el próximo día 28.

Además, aún reciente el fallido procesamiento de Pinochet en Londres, Chile parece protagonizar ahora un caso paralelo justo desde la posición opuesta.