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Año IX - Madrid, jueves 5 de julio de 2007

Bruselas continúa su batalla judicial con España en el sector energético

 

La Comisión Europea (CE) prosigue con su ‘persecución’ a España en materia energética. A las denuncias contra las autoridades españolas por su actuación en el proceso de las OPA sobre Endesa, ahora se suma otra advertencia.

Una portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario ha manifestado a El BOLETÍN que Bruselas “examinará exhaustivamente” las doce condiciones que ha impuesto la Comisión Nacional de Energía (CNE) a Enel y Acciona en la oferta por la eléctrica presidida por Manuel Pizarro. La CE pretende verificar si las restricciones impuestas vulneran el artículo 21 del reglamento de fusiones, que da a Bruselas la competencia exclusiva de controlar las concentraciones de dimensión europea. Bruselas denunció a principios de año ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias del organismo regulador y, además, declaró ilegales las condiciones que el regulador español impuso a la fallida OPA de E.ON sobre Endesa y las introducidas posteriormente por el Ministerio de Industria, también ante el Tribunal, aunque el gigante alemán ha desistido de la operación.

Trámites. Al margen de este enfrentamiento, la oferta de Enel y Acciona sigue su curso y va superando los trámites regulatorios. Si ayer fue la CNE quien aprobó la oferta con 12 condiciones, hoy la CE ha dado el visto bueno. En este caso, Bruselas no ha impuesto ninguna condición porque considera que la oferta no obstaculizará de manera significativa la competencia en el mercado europeo. El Ejecutivo comunitario justifica su decisión explicando que los únicos mercados afectados por la fusión serían los de generación y suministro mayorista y minorista de electricidad en España.

Nueva condena. El Tribunal de Luxemburgo ha condenado a España por no adoptar en el plazo previsto la normativa europea que regula el derecho de los trabajadores a participar de la información y consulta en las empresas que trabajen. La batalla judicial no sólo está presente el sector energético y el de las ‘telecos’.

 
 

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