La decana del Colegio de Abogados de Lima, Greta Minaya, considera que pese a haber sido admitida la querella, presentada en Chile, contra Alan García, por delitos de lesa humanidad, lo más probable es que tengan que pasar los cinco años de mandato del presidente electo de Perú para que responda a las acusaciones, pese a lo cual cree que García debería acabar por afrontarlas.

Según Minaya, la condición de presidente de García le otorga inmunidad y para poder ser sometido a la competencia del tribunal chileno, éste tendría que someterse al antejuicio en el Congreso peruano. Por tanto y dado es muy improbable que el Parlamento le levante la inmunidad, García no podría ser juzgado. Es decir, mientras García no pierda la inmunidad -mientras no deje de ser presidente- no podrá ser juzgado.

Sin embargo, Minaya considera que, en este tipo de casos, por la gravedad de los délitos, deberían ser los propios presidentes y altas autoridades del Estado los que, por decisión propia, se sometieran a los tribunales, ya que "si bien gozan de inmunidad, ello no quiere decir que exista impunidad".

Los delitos, por corrupción y violación de Derechos Humanos, atribuidos a García, ya habrían prescrito para la justicia peruana cuando éste regresó a Perú en 2001 (después de que el golpe de Estado de Fujimori le obligase a exiliarse en 1992), pero al no haber sido juzgado en su país, abre la posibilidad de hacerlo a otros países bajo el principio de jurisdicción universal, que se aplica en casos que, como este, atentan contra la dignidad humana.