El conflicto entre el Gobierno de Argentina y la petrolera Shell continúa. Ahora, después de pedir cuatro años de prisión para el presidente de la filial argentina de la multinacional anglo-holandesa, Juan José Aranguren, el Ejecutivo del país andino ha ordenado el cierre "total y de forma preventiva" de una refinería de la compañía en la provincia de Buenos Aires.

El cierre de la planta se produce a causa de una serie de irregularidades que tienen que ver con pérdidas y derrames de crudo. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenido tomó la decisión tras 13 días de inspección en la planta.

La Secretaría de Ambiente detalla en un comunicado que “existe una deficiente gestión de residuos especiales y/o peligrosos" y "falta de estudios de impacto ambiental". El comunicado gubernamental también informaba de que “la clausura se mantendrá efectiva hasta que la empresa cese la situación de peligro para el ambiente y la integridad física de los habitantes”.

La resolución se produce dos semanas después de que el Gobierno, a través de su Secretaría de Comercio, denunciara ante la justicia a sus directivos por supuesta reducción del suministro a sus gasolineras de fuel y gas durante el actual invierno austral, en violación de la Ley de Abastecimiento. La empresa negó los cargos.

A su vez, el presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, denunció la semana pasada que el Gobierno del país andino paraliza una millonaria exportación de combustibles al rechazar la autorización a la compañía. El Ejecutivo de Néstor Kirchner pide cuatro años de prisión a Aranguren por desabastecimiento deliberado de gasóleo.