La portavoz de la empresa transportadora de hidrocarburos Transredes en Santa Cruz (Bolivia), Teresa Arandia, ha confirmado a Americaeconomica.com que la compañía no realizó ningún tipo de sabotaje contra el Gobierno boliviano aprovechando la toma de la planta Choreti por parte de los manifestantes de Camiri el pasado viernes.

“Desde los orígenes de esta emergencia, todo el proceso fue comunicado oficialmente a las autoridades de Gobierno. Transredes cumplió en todo momento con las instrucciones superiores y los procedimientos usuales en estos sucesos”, afirma la portavoz de la filial de Shell.

Evo Morales ha amenazado a Transredes con la expulsión del país si se comprueba que la compañía ha actuado de mala fe. Las acusaciones se centran en tres puntos. En primer lugar, el presidente recibió informes de que operadores de Transredes cerraron las válvulas dos horas antes de que llegaran los manifestantes. A este respecto, la empresa ha hecho llegar a Americaeconomica.com un documento del Centro Electrónico de Control que registra la actividad de la compañía en el que se muestra que el cierre de las válvulas se produjo a las 18:06. Esta hora coincide con el inicio de los disturbios en la planta.

La segunda sospecha se centra en que los encargados de la seguridad no tomaron las medidas necesarias para evitar la toma física de la planta, aspecto que está siendo investigado por las Fuerzas Armadas y sobre el cual Transredes no ha querido hacer ninguna declaración a este medio.

Por último, Morales ha señalado que el control de la planta fue retomado a las 4:30 horas de la madrugada del sábado pero que la compañía dio continuas excusas para no restablecer el servicio hasta las 14:14 del día siguiente. Transredes afirma que el servicio fue restituido cuando se confirmaron las garantías de seguridad para continuar con las operaciones y que, mientras estuvo suspendido el bombeo de combustible, se puso en marcha un plan de emergencia con el que intentaron “minimizar riesgos y costos, evitando que la situación, de la cual también fuimos víctimas, tenga mayor impacto social y económico para el país”, según ha afirmado la compañía en un comunicado.

Por el momento, el Ejecutivo boliviano no ha confirmado si acepta las explicaciones ofrecidas por la compañía aunque la desconfianza es clara. Antonio Peredo, senador del Movimiento al Socialismo (el partido que ostenta el poder actualmente), ha recordado que “Transredes fue especialmente contraria a la firma de un nuevo contrato con el Estado Boliviano”. Bolivia perdió 30.000 dólares (unos 23.000 euros) por cada hora que no se bombeó combustible.