Ecuador se ha convertido hoy miércoles en el escenario de varias protestas sociales. El principal sindicato del país, el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) ha ocupado las instalaciones petroleras de las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana y han protagonizado cortes de carreteras. Además, algunas organizaciones campesinas e indígenas también han salido a la calle a protestar contra el Gobierno de Alfredo Palacios, a quien exigen que no suscriba con EEUU el Tratado de Libre Comercio (TLC).

El Ejecutivo de Palacio ha respondido a este desorden con la declaración del Estado de excepción, con lo que se ha suspendido los derechos ciudadanos. Las infracciones que cometan los manifestantes serán sancionadas por los tribunales militares.

Más de 2.000 trabajadores petroleros exigen que se eleve en 30 dólares (25,10 euros) el salario mínimo, que es de 160 dólares (133,89 millones de euros). El pasado mes de enero Consejo Nacional de Salarios aprobó este incremento, pero la semana pasado fue impugnado por los empresarios y el Ejecutivo. Finalmente, el aumento de los salarios sólo ha quedado en 10 dólares (8,36 euros).

La compañía más afectada por estas protestas es Petroecuador, ya que los huelguistas trabajan para empresas privadas que prestan sus servicios a la petrolera estatal. El FUT también reclama a Petroecuador que pague una deuda de 51 millones de dólares (42,67 millones de euros) que mantiene con sus empresas.

A estas quejas, se suman la de la comunidad india y campesina, que quieren evitar la firma del TLC con EEUU con el mismo método: las manifestaciones y bloqueos. En este grupo está la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que ha roto por completo sus relaciones con el Gobierno de Palacio. Hace unos meses el presidente Alfredo Palacio consiguió la adhesión de los indígenas a su proyecto de celebrar una Asamblea Constituyente.

Un plan que han frenado los grandes partidos del Congreso. Incluso, la Conaie llegó a protagonizar algunas manifestaciones a las puertas de la Cámara baja exigiendo a los diputados un cambio de actitud para que aprobaran el inicio del proceso constituyente.