La huelga de jueces que hay convocada para dentro de poco más de 15 días, el próximo 26 de febrero, está cada vez más cerca a pesar de los contactos que el Ministerio de Justicia mantiene con las asociaciones de magistrados para buscar una solución. Hoy se ven las caras los portavoces de las cuatro asociaciones: Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la democracia (JpD), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente; con el secretario de Estado Juan Carlos Campo. Sí, con el ‘número dos’ de Justicia, ya que como ha sido habitual en las últimas reuniones el propio ministro, Francisco Caamaño, se ha quitado de en medio ante la decisión inamovible de la APM de apoyar la huelga de ‘togas’.

El propio Caamaño, en declaraciones a El Boletín, asumió hace un mes este paro, ya que “a pesar de los muchos contactos que hemos mantenido con la APM” la huelga parece seguir su curso. Los jueces conservadores integrados muchos de ellos en la Asociación Profesional de la Magistratura hacen oídos sordos a las promesas que desde Justicia les pone Caamaño sobre la mesa y aseguran que los contactos tornan a parecerse a los existentes con su antecesor Mariano Fernández Bermejo. Ninguna declaración han querido hacer, de momento, los portavoz de las asociaciones que tienen en su mano la llave de la huelga como son Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente que, tras la reunión han preferido hacer del silencio su lema.

Y van dos. Estas dos últimas asociaciones de jueces fueron, precisamente, las que a principios de año, el pasado 30 de enero, se unieron y convocaron a todos los trabajadores relacionados con el sistema judicial a un paro pionero en España que protagonizó las portadas de todos los medios.
Si, como todo hace presagiar, la reunión de esta mañana ha tenido el mismo resultado que las anteriores, o sea, ninguno, no sólo estas asociaciones se apoyarían entre sí, sino que ahora tendrían el respaldo de la APM en esta segunda huelga.

Sin resultados. Ni el cambio de ministro por otro con un talante más cordial y dialogante como es Francisco Caamaño, ni la puesta en marcha de la Oficina Judicial, ni una mayor dotación presupuestaria para los juzgados han conseguido que el Gobierno frene una nueva protesta de los magistrados.