La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional se ha unido al Tribunal Supremo en la campaña de denuncias contra el magistrado Baltasar Garzón. Hoy ha devuelto al CGPJ la investigación sobre la responsabilidad del juez en la fuga de uno de los dos narcotraficantes turcos que excarceló, al estimar que el magistrado podría haber cometido una “falta grave”.

Si primero fue el Tribunal Supremo el que admitió una querella del sindicato Manos Limpias contra Baltasar Garzón, por un presunto delito de prevaricación al estimar que se excedió en sus competencias en la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, ahora le ha tocado el turno a la Audiencia Nacional. Así, la AN ha calificado de falta grave, con una sanción entre 300 y 3.000 euros, la fuga de un traficante cuyo caso estaba en manos de Garzón y que fue excarcelado junto a otro narcotraficante.

Este organismo, encabezado por el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, ha acordado elevar la cuestión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “por si procediera, en su caso, efectuar nueva valoración de los hechos atendidos las circunstancias sobrevenidas que se acaban de poner de manifiesto”. Y es que, para Juanes la novedad de esta fuga hace necesario revisar la responsabilidad de Garzón.

Esta decisión se produce bajo el amparo del artículo 425 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para trasladar la causa al máximo órgano de los jueces argumentando que tiene la competencia para decidir sobre las sanciones a imponer ante la comisión de faltas graves, como en la que podría haber incurrido Garzón.

La Audiencia, que no tiene competencia para sancionar faltas graves, ha estudiado esta cuestión después de que en diciembre, el CGPJ acordase trasladarle la decisión sobre si el juez debía ser sancionado. Un mes después la Sala de Gobierno de la Audiencia acordó la apertura a Garzón de un expediente disciplinario por falta leve, que ahora considera grave tras la fuga de uno de los narcos.